Avanzar en derechos

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar en su reu­nión de hoy nuevos beneficios laborales para el colectivo de las empleadas del hogar, lo que supone avanzar hacia el pleno cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Con la entrada en vigor del nuevo decreto ley, los empleadores estarán obligados a evaluar los riesgos para la salud de los domicilios donde desempeñan su labor las trabajadoras y a facilitarles el correspondiente material de seguridad cuando sea necesario, así como reconocimientos médicos de forma gratuita.

Se trata de un paso más para un colectivo formado mayoritariamente por mujeres —un 90%, la mayoría de ellas inmigrantes— tras el importante avance legislativo adoptado en septiembre de 2022. Entonces el Gobierno aprobó un decreto que otorga a estas profesionales el derecho a cobrar el subsidio de desempleo y a que, llegado el caso, el Fondo de Garantía Social (Fogasa) cubra las indemnizaciones de los empleadores insolventes, así como un sistema de bonificaciones a las cotizaciones.

Uno de los asuntos más espinosos de las medidas impulsadas ahora está relacionado con el hecho que el centro de trabajo sea un hogar, lo que dificulta que la inspección pueda comprobar las condiciones de las empleadas, dado que la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio. Finalmente, pese a las objeciones de los sindicatos, será un instrumento diseñado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el que permita a los empleadores hacer una evaluación de los espacios de la casa. El ministerio tendrá que dar a conocer cuanto antes los detalles de esa herramienta y los plazos para su entrada en vigor si quiere que su iniciativa tenga algún efecto en un ámbito que tiende a la opacidad.

La evolución de los datos de empleo en el sector arroja, además, tendencias llamativas. Desde mayo de 2023, la afiliación en este sector se ha venido reduciendo: ha pasado de algo más de 381.000 afiliados a los 360.077 del pasado agosto, lo que según algunos expertos indicaría un aumento de la economía sumergida. La Administración debe, por tanto, desarrollar los mecanismos necesarios para cruzar los datos que obran en su poder y atajar así el fraude, que se ensaña con un gremio especialmente vulnerable.

Los avances para un colectivo esencial para las familias y la economía no deberían quedarse aquí. Los derechos de las empleadas domésticas están todavía lejos de equipararse a los de cualquier trabajador medio pese a las mejoras de estos años, por ejemplo, en cuanto a la cuantía de la indemnización que reciben por despido o a la clarificación de los casos de despido improcedente y nulo. Como reclaman las asociaciones que las representan, su consideración laboral debe ser digna del papel primordial que, también en materia de cuidados, tienen en la sociedad.