Deberes para el Estado de derecho

Después de años apercibiendo a España por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea ha destacado en su informe anual sobre el Estado de derecho en la UE, publicado este miércoles, el “avance significativo” que ha supuesto el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovarlo. La situación, provocada por la negativa del PP a pactar la renovación, había derivado en una crisis institucional que constituía una “preocupación crítica” en Bruselas por su efecto en el deterioro de la justicia.

Es el quinto año que la Comisión lanza el informe en el que toma la temperatura a la salud democrática de los Veintisiete. España está en la media, pero Bruselas, tras destacar el logro de la renovación del CGPJ, señala varios puntos débiles. Si el parón en la legislatura congeló el avance en una regulación sobre lobbies, tampoco se ha mejorado en robustecer la transparencia y el acceso a la información mediante la revisión de la ley de secretos oficiales.

Además, el Ejecutivo comunitario expresa de nuevo su preocupación por el uso excesivo de procedimientos de urgencia a la hora de aprobar leyes, recomienda a España que disocie en el tiempo los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno y alerta, como el año pasado, del “riesgo” de que las declaraciones públicas de los políticos sobre los jueces afecten a la confianza en la independencia judicial, aunque no deja de señalar que “los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio”.

Pese a las presiones de las derechas españolas, el Ejecutivo comunitario no hace ninguna valoración de la ley de amnistía: la norma sigue pendiente del análisis de los técnicos jurídicos de la Comisión, que deberán establecer si es acorde a las reglas y tratados de la UE. El informe de Bruselas se limita a describir la ley, a constatar la controversia que ha rodeado su tramitación y a recordar el dictamen de la Comisión de Venecia.

Lo que sí hace es recoger los desafíos, “cada vez mayores”, a los que se enfrentan los periodistas, sometidos al acoso y la intimidación de los poderosos para que dejen de hacer su trabajo. No en vano, el informe se hace eco de varias alertas lanzadas por la plataforma para la libertad de prensa vinculada al Consejo de Europa, entre ellas, la que denunciaba las amenazas y la publicación de datos personales de informadores de EL PAÍS y de eldiario.es por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En pleno debate sobre las medidas de “regeneración democrática” anunciadas la semana pasada por Pedro Sánchez, Bruselas destaca que no se han puesto los medios para aumentar la transparencia en la asignación de la publicidad institucional y evitar así su uso con fines partidistas. Ese es uno de los elementos, en línea con el Reglamento europeo de medios, que debe aplicar obligatoriamente el Gobierno.

Frente a lo que afirman los profetas del desastre, España sigue cumpliendo los estándares que la sitúan como una democracia avanzada. Cada año la Comisión Europea le pone deberes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Su informe es un buen plan de trabajo, un antídoto tanto contra la complacencia del Gobierno como contra la grandilocuencia apocalíptica de la oposición.