Contra los pisos turísticos

Florencia es la última de las grandes ciudades en imponer restricciones al alquiler turístico por su enorme impacto sobre el mercado de la vivienda. La capital toscana, uno de los destinos más populares de Italia, ha prohibido nuevos alquileres residenciales de corta duración en plataformas como Airbnb en su centro histórico, donde el 30% de la vivienda ya está destinada a uso turístico y el preci...

Florencia es la última de las grandes ciudades en imponer restricciones al alquiler turístico por su enorme impacto sobre el mercado de la vivienda. La capital toscana, uno de los destinos más populares de Italia, ha prohibido nuevos alquileres residenciales de corta duración en plataformas como Airbnb en su centro histórico, donde el 30% de la vivienda ya está destinada a uso turístico y el precio de los alquileres de largo plazo ha aumentado un 42% desde 2016 por la escasez de oferta. Hace unos meses, fue Nueva York la que adoptó medidas para limitar este tipo de actividades, al introducir una normativa que prohíbe el alquiler de apartamentos por un periodo inferior a los 30 días, lo que en la práctica supone un veto para la actividad de la plataforma.

Cada día aumenta la lista de ciudades, e incluso países, que se plantan contra este modelo de negocio al que muchos acusan de convertir los centros históricos en apartahoteles, encarecer la vivienda para los residentes y agudizar la gentrificación de los barrios. En Europa, sin embargo, algunos de los intentos por limitar esta actividad a nivel estatal se han dado de bruces con una laxa normativa comunitaria. Así sucedió con Irlanda, país al que la Comisión Europea obligó a rectificar algunas de las limitaciones impuestas al alquiler vacacional en su proyecto de ley, o Portugal, donde Bruselas ha hecho valer algunos aspectos de la Directiva de Servicios frente a la norma que prohíbe nuevas licencias de pisos turísticos en todo el país, salvo en zonas rurales.

En el caso de España, las grandes ciudades tienen regulada la actividad desde hace años, aunque su limitación haya resultado insuficiente para hacer frente al creciente problema de vivienda en sus entornos. A ellas se han sumado en los últimos tiempos núcleos de tamaño mediano, que se encuentran con dificultades para contratar a profesores o médicos precisamente por la falta de vivienda disponible. Según los últimos datos del INE, de febrero pasado, en todo el territorio nacional hay 305.136 viviendas turísticas, el 1,21% del total del parque de viviendas.

La aparición de estas plataformas ofreció a los viajeros alternativas más económicas y condiciones más flexibles que un hotel, al tiempo que ayudaba a los propietarios a rentabilizar sus propiedades. Con estos mimbres, Airbnb ha construido un modelo de éxito, con ingresos declarados en todo el mundo en 2022 de 8.400 millones de dólares y 1.890 millones de beneficios. Pero lo que en principio surgió como una forma de economía colaborativa ha acabado por inflar los precios de la vivienda, expulsar a la población local del centro de las ciudades, sobrecargar los recursos y fomentar la masificación turística. Urge que las autoridades de todos los niveles de la Administración coordinen sus políticas para evitar que el deterioro de las ciudades se vuelva irreversible y se convierta en una bomba social.