La yenka de la CEOE

La patronal ha tomado la iniciativa en la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en un encuentro con patronal y sindicatos, en enero pasado.

Lo nunca visto. La patronal CEOE ha tomado la iniciativa en la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es un hecho insólito. Porque nunca antes lo había hecho, siempre esperaba a que los demás tomasen posición. Porque se opuso ásperamente a la última subida, a 1.080 euros mensuales, el pasado febrero. Porque ...

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Lo nunca visto. La patronal CEOE ha tomado la iniciativa en la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es un hecho insólito. Porque nunca antes lo había hecho, siempre esperaba a que los demás tomasen posición. Porque se opuso ásperamente a la última subida, a 1.080 euros mensuales, el pasado febrero. Porque su propuesta inicial, un alza del 3% en 2024 y otro 3%, en 2025 no alcanza a la de los sindicatos (en torno al 10%), pero es sustantiva, rondará la inflación de este año, quizá del 3,7%.

Pero sobre todo porque una iniciativa de este tipo, que suscribe la orientación genérica del programa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de actualizar el SMI, es del todo gratis. Pues el Ejecutivo no necesita la aprobación de los agentes sociales (aunque debe escucharlos) para modificarlo.

Así que, con precedentes propios radicalmente contrarios a subirla, y con una trayectoria que suele combinar en distintos grados su interés económico y la oportunidad estratégica, esta decisión de la entidad que preside Antonio Garamendi entraña una importancia política de primer orden.

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Más todavía cuanto que sus últimas decisiones apalancaban el descabello del Gobierno de coalición progresista. Había aprobado la reforma laboral en diciembre de 2020, aunque la FAES de Josemari Aznar la afeó y el PP votó luego en contra. Y había dado por “bienvenidos” —en junio de 2021— los indultos a los líderes indepes condenados por el Tribunal Supremo.

Pero exactamente hasta ahí, hasta las medidas de gracia, llegaron las aguas en la yenka equilibrista (entonces izquierda, izquierda) de Garamendi. Inició el siguiente paso (derecha, derecha) al acusarle Pablo Casado de propagandista del Gobierno. Ese desatino le hizo llorar y desde entonces apoyó los intentos de descabellar a Sánchez. Practicó el ¡absentismo laboral! en las reuniones para la última subida del SMI y declaró su “frontal oposición” a la segunda pata de la reforma de pensiones.

Apuró así hasta el final: el 13 de noviembre, tres días antes de la investidura, la recriminó, pero con prudencia evitó enfangarse atacando la amnistía, frente a la cruzada callejera y ultra. Y a la semana de investido Sánchez, sacó su propuesta sobre el SMI.

Es la primera gran entidad conservadora en volver al terreno de juego, en acatar con el lenguaje de los hechos la legitimidad del Gobierno, y en dar así por sentada la probabilidad de una legislatura duradera. Tino político. Pero también económico: a las grandes empresas les va de cine. “Invertir en España es un buen negocio”, como ha esculpido la vice Nadia Calviño.

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