Chile intenta, por segunda vez en solo cuatro años, reemplazar su Constitución. Y nuevamente la amenaza de un fracaso ronda una iniciativa que debería suscitar el mayor de los consensos. La realidad es que el texto presentado esta semana, y que será sometido a referéndum el próximo 17 de diciembre, es un espejo de la fractura que sufre el país. Tanto su votación final en el Consejo Constitucional (con 33 votos de la derecha a favor y 17 de la izqui...
Chile intenta, por segunda vez en solo cuatro años, reemplazar su Constitución. Y nuevamente la amenaza de un fracaso ronda una iniciativa que debería suscitar el mayor de los consensos. La realidad es que el texto presentado esta semana, y que será sometido a referéndum el próximo 17 de diciembre, es un espejo de la fractura que sufre el país. Tanto su votación final en el Consejo Constitucional (con 33 votos de la derecha a favor y 17 de la izquierda en contra) como su contenido, con un fuerte sesgo conservador, han convertido el proyecto en un catalizador de la división y en otro fiasco para el Gobierno de Gabriel Boric, que buscaba una Constitución nacida en democracia.
La actual Ley Fundamental, que tiene su origen en la dictadura de Augusto Pinochet, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. Las transformaciones de mayor calado se produjeron en 2005, durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, por lo que el articulado actual lleva su firma. El texto necesita cambios evidentes, un reto incapaz de culminar hasta ahora por la clase política, con el consiguiente hartazgo social. Durante el estallido social de 2019, el Gobierno conservador de Sebastián Piñera y la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Congreso ofrecieron a la ciudadanía un camino constituyente para reconducir el conflicto por la vía institucional. El primer proceso fracasó en septiembre pasado, cuando un 62% del censo rechazó un proyecto redactado por una Convención Constitucional dominada por grupos independientes, pero de una izquierda identitaria y radical que apostaba por reformar la institucionalidad chilena según sus postulados. Este segundo intento ha tenido características diametralmente diferentes. Para evitar el fiasco anterior, los partidos y el Congreso han tenido un papel protagonista desde el principio. Pero nadie contaba con que el Partido Republicano de extrema derecha, liderado por José Antonio Kast, obtendría 22 de los 50 escaños del Consejo Constitucional en las elecciones de mayo pasado. Unido a la derecha tradicional, que alcanzó 11 consejeros, es el partido que ha liderado el proceso. La izquierda, con 17 puestos, se quedó sin derecho a veto y con pocas posibilidades de influir en el resultado final.
Tras cuatro meses de trabajo, ni unos ni otros han logrado acordar un texto que interprete las nuevas demandas de la sociedad chilena. El próximo 17 de diciembre, 15 millones de electores, de forma obligatoria, acudirán de nuevo a las urnas. Pese a ciertos avances en torno a la modernización del Estado, a la descentralización y al sistema electoral, el nuevo texto es un retrato demasiado tradicional de una sociedad cada vez más liberal, sobre todo respecto a los derechos de la mujer. El resultado está abierto, aunque con ventaja para el no. Sea cual sea la opción ganadora, mostrará un Chile dividido y sin consenso en torno a las reglas básicas de convivencia.