Una alternativa española

Hay un laboratorio donde se experimenta para reformar el modelo territorial: la Generalitat valenciana. Tradicionalmente, la evolución de nuestro Estado compuesto la propulsaron nacionalismos centrífugos. Así, a la vez que se generalizaba el autogobierno regional en el España, las élites políticas vascas y catalanas se dotaron de efectivas herramientas de nacionalización. Esta dinámica se desgastó y el procés acabó por ll...

Hay un laboratorio donde se experimenta para reformar el modelo territorial: la Generalitat valenciana. Tradicionalmente, la evolución de nuestro Estado compuesto la propulsaron nacionalismos centrífugos. Así, a la vez que se generalizaba el autogobierno regional en el España, las élites políticas vascas y catalanas se dotaron de efectivas herramientas de nacionalización. Esta dinámica se desgastó y el procés acabó por llevarla a su colapso. Hoy, el tradicional liderazgo catalán ni está ni se le espera. La alternativa valenciana, por el contrario, está proponiendo un potente cambio de paradigma. Y la ciudadanía lo ha interiorizado. Cada vez hay más valencianos cuyo sentimiento de identidad territorial es dual (en 2022 un 63% se declara tan español como valenciano) y en la última década el orgullo de comunidad ha aumentado 10 puntos. No es nacionalización. No solo emociones. Es la consolidación de un discurso crítico con el centralismo en base a datos objetivos religado a una acción gubernamental cuya prioridad es la creación de las condiciones para la reindustrialización. Es política.

Para que dicha alternativa fuese posible, lo primero era superar una etapa nefanda durante la cual un sector considerable de la sociedad valenciana asumió que había sido gobernada por una mafia cutre, como si una tropa hubiese salido de Huevos de oro de Bigas Luna para robar desde la presidencia de diputaciones, ayuntamientos o museos de arte contemporáneo; cómo olvidar al empresario de la construcción que entonces se definió a sí mismo como “polla insaciable”, ese hombre. Se instaló la percepción de que Valencia era el paradigma de la cloaca popular. Acabar con esa impunidad que posibilitó saquear 12.500 millones de euros a las arcas públicas, según los cálculos de Sergi Castillo, exigió la acción de la justicia, pero el compromiso institucional era necesario para desprenderse de la losa reputacional. Lo asumió el Gobierno surgido del Pacte del Botànic. Se materializó con la creación de la Agència Antifrau, órgano independiente dirigido por el modélico servidor público que es Joan Llinares.

Esa voluntad de dignificar la gobernanza la ejemplifica también el Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas, iniciativa dirigida por el economista Francisco Pérez —discípulo de Ernest Lluch— y que es fruto de una alianza entre la mejor academia y la presidencia de la Generalitat y cuyo propósito es conocer la estructura económica de la región para hacerla más productiva. En diversas ocasiones el IvieLab ha denunciado el dumping fiscal que ha normalizado la Comunidad de Madrid y beneficia a sus élites o ha señalado que la infrafinanciación acumulada que sufren la Comunidad Valenciana, y otras regiones, las condena a un endeudamiento perpetuo. El lugar desde el que se problematiza este funcionamiento del modelo territorial actual no es la reivindicación nacionalista sino la búsqueda del desarrollo. Las demandas no cuestionan la soberanía, sino una redistribución del poder que se evidencia injustamente distribuido.

No es casualidad que la infraestructura que puede revolucionar el mapa de la logística española, superando el ideológico corsé radial, haya sido liderada por académicos y empresarios valencianos: su apuesta perseverante por el Corredor Mediterráneo cada vez está más cerca (está planificado al 100%, desde 2018 se han licitado 4.850 millones, se han adjudicado 3.870 y se han ejecutado 2.239, datos de J.V. Boira). No es casualidad tampoco que el 8 de octubre de 2021 Rebeca Torró —secretaria autonómica de Economía Sostenible— enviase una carta a Alfonso Sancha —vicepresidente ejecutivo de Compras de SEAT— defendiendo una alternativa industrial que no había considerado Volkswagen: el Parc Sagunt II, junto al puerto y conectado por tren con las factorías de Martorell y Pamplona, era el espacio óptimo para la gigafactoría de baterías. Allí estará. Tampoco es casualidad que Valencia sea la comunidad que lidera la gestión de los fondos europeos. Es el resultado de un cambio de paradigma que funciona. Y los otros que sigan ladrando con ETA para no plantear alternativa territorial alguna.