Ada Colau mató a Kennedy
Los crímenes de la alcaldesa de Barcelona concentran muchas de las soterradas tensiones políticas de nuestra época
Para relevantes sectores económicos y mediáticos, Ada Colau es más culpable que Lee Harvey Oswald. Como ocurre con el magnicidio de JFK, los crímenes de la alcaldesa concentran muchas de las soterradas tensiones políticas de nuestra época.
Desde muy pronto, Colau ha estado en el centro de la diana. Si el viernes pasado la Fiscalía desestimó la denuncia contra la ...
Para relevantes sectores económicos y mediáticos, Ada Colau es más culpable que Lee Harvey Oswald. Como ocurre con el magnicidio de JFK, los crímenes de la alcaldesa concentran muchas de las soterradas tensiones políticas de nuestra época.
Desde muy pronto, Colau ha estado en el centro de la diana. Si el viernes pasado la Fiscalía desestimó la denuncia contra la peatonalización de algunas calles del Eixample, el martes ella hizo público que había recibido una nueva citación. Hace más de dos años el Juzgado de Instrucción inadmitió la querella presentada por una empresa dedicada al real state, pero Vauras Investment presentó recurso y la Audiencia lo ha estimado parcialmente. No por revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida y usurpación de atribuciones. Los delitos serían malversación, coacciones y extorsión.
La tensión que plantea el caso es sobre los límites de la libertad de mercado, la explotación de la ciudad por parte de élites extractivas que contratan a gestores locales de la riqueza y el desafío político de limitar los beneficios de los fondos buitre con el objetivo que parte de sus ganancias reviertan en la ciudad para que los vecinos pobres puedan vivir con dignidad. Todo no puede ser.
Según consta en el Registro Mercantil, Vauras se constituyó en 2015. Sus primeros administradores son responsables de un grupo dedicado a la gestión inmobiliaria para grandes patrimonios. Antes de finalizar el año se produjo una significativa ampliación de capital: se incorporó como socio único Barcelona Invest Oy, fondo creado para invertir en el mercado inmobiliario de la capital catalana. Lo impulsó Confido Capital. Así se describe en su web: “Una firma de corretaje finlandesa que está buscando activamente varios objetivos de inversión donde se cree que la relación rendimiento-riesgo es excelente”. Como hacían desde 2010 en su país o en Berlín, consideraron que podrían obtener ese rendimiento excelente en Barcelona. “Los valores se habían reducido a la mitad desde el comienzo de la crisis financiera”, detectaron, “había habido poca recuperación”. Por ello invirtieron en él sus fundadores y adineradas familias finlandesas, como revelaría el periodista Olli Herrala del veterano Kauppalehti. En menos de dos años gastaron 130 millones. Se compraron 19 inmuebles.
La fórmula del negocio no tiene truco: comprar edificios, vaciarlos de vecinos presionando más o menos, reformarlos, venderlos. Algunas operaciones de Vauras generaron controversia. La presión vecinal impidió que el fondo especulase con un edificio del barrio de Sants y en marzo de 2017 el Ayuntamiento lo compró a una entidad bancaria para proteger el derecho a la vivienda de los arrendadores. Otro. Un juez paró el desalojo de unos pisos donde vivían monjas. A partir de otoño de 2017 no compraron más edificios. La causa, según confesaron los impulsores del fondo, eran las políticas de Colau y la crisis catalana. Al constatar que no se obtendría la rentabilidad esperada y para evitar mayores pérdidas, los gestores del fondo decidieron disolverlo antes de lo previsto. En enero de 2020 lo comunicaron en una carta dirigida a los inversores, pero algunos de estos consideraban que había otros problemas: “La estructura del fondo revela que los inversores han pagado a los llamados gestores de activos porcentajes locos”.
Aquella decisión coincidió con la notificación que el Ayuntamiento envió a Vauras. Otra vez Colau y los negocios con la vivienda. En virtud de un decreto ley que había aprobado la Generalitat, recurrido por el PP y desactivado en parte por el Tribunal Constitucional, los grandes tenedores de pisos estaban obligados a ofrecer alquileres sociales a familias en riesgos de vulnerabilidad y que hubiesen ocupado pisos de su propiedad. Eso es lo que pedía la alcaldesa, es decir, imponía una rebaja de sus beneficios. Ese desafío político, tensando la ley y la libertad de mercado, es el que vuelve a plantarse. Esas tensiones que sufren las ciudades globales deberían ser el eje del debate municipal que tendremos durante los próximos meses.