Jugar con fuego

La exasperación en la calle ha sido inocultable en las últimas semanas, a medida que una ley potente y necesaria del Gobierno de coalición, como la del solo sí es sí, ha ido propiciando un reguero de noticias desconcertantes primero e irritantes después. Más de 400 delincuentes sexuales han visto rebajada su pena firme y algunos de ellos incluso se han beneficiado de una excarcelación sobrevenida o alcan...

La exasperación en la calle ha sido inocultable en las últimas semanas, a medida que una ley potente y necesaria del Gobierno de coalición, como la del solo sí es sí, ha ido propiciando un reguero de noticias desconcertantes primero e irritantes después. Más de 400 delincuentes sexuales han visto rebajada su pena firme y algunos de ellos incluso se han beneficiado de una excarcelación sobrevenida o alcanzada por el conducto más inimaginable: una ley aprobada por el primer Gobierno de coalición de izquierdas de la historia de nuestra democracia, y entre cuyos ejes centrales está la defensa militante del feminismo como conquista social irreversible y transversal.

Pero toda mala noticia es susceptible de empeorar, y esta también lo ha hecho. Al dolor de las mujeres y al sentimiento de desprotección que deja la segura noticia continuada de nuevas revisiones de penas se ha sumado la incapacidad de los dos partidos del Gobierno para frenar en seco la doble sensación de desamparo y de inoperancia ante las consecuencias corrosivas de una ley. El espectáculo público de dos ministerios enfrentados y un Gobierno sin capacidad para actuar de forma cohesionada y rápida envenena la confianza de la ciudadanía y resulta demoledor sobre su credibilidad para rectificar los errores cometidos. Y aquí se han cometido errores particulares, pero también de forma colegiada, dado que una ley es un trabajo colectivo. Los avisos o las reservas expresadas sobre los efectos de su aplicación, desatendidos por Igualdad, hoy carecen de relevancia porque el hecho cierto es que se han cumplido los malos augurios: nadie creyó que esa ley central de la legislatura sirviese para liberar a reos de agresión sexual y violación.

Pero ese es ahora el centro del problema humano y es también el problema político más urgente del Gobierno de Pedro Sánchez si no quiere dilapidar el capital político acumulado con leyes relevantes e iniciativas de importante calado social. La hipersensibilidad social ante los delitos sexuales no es la única causa de un grave problema; lo es también la rivalidad interna de dos socios que afrontan unas elecciones el 28 de mayo que pueden estar condicionando la continuidad de la coalición por intereses mezquinos y cortoplacistas sin sentido ni de Estado ni de la gravedad de la crisis política.

Las conjeturas sobre una ruptura del Gobierno han empezado a circular interesadamente sin medir el efecto destructivo que pudiera tener una eventual ruptura en la imagen del Gobierno: parecería que el propio Ejecutivo daba la razón a todas las derechas, incluida la mediática, y satisfacía la profecía autocumplida que ha pregonado sobre la fragilidad gubernamental. El regalo sería la peor de las noticias que podría recibir un electorado de izquierdas que de golpe vería arruinada la primera experiencia de una coalición de izquierdas por no haber sabido rectificar de forma rápida y pactada un flagrante error legislativo. La ley no tiene remedio retroactivo, es cierto, pero sí debería tenerlo de cara al futuro ante los nuevos juicios por delitos sexuales y para preservar la continuidad misma de la coalición. La tramitación de la propuesta de reforma presentada por los socialistas puede ser la palanca para un pacto que atenúe el choque y encuentre una salida política sin otro ganador o perdedor que la integridad del Gobierno de coalición en lugar de una de sus partes. Cualquier otra cosa es jugar con fuego para acabar quemándose.