¿Debe dimitir Irene Montero?
La ministra dispone de alternativa a purgar el error con su cese: retractarse de su agresión verbal e impulsar una inmediata reforma legislativa que esterilice el embrollo de origen
¿Debe dimitir Irene Montero como ministra de Igualdad, según reclaman el PP y Vox? Vayamos por partes. La trifulca por la tan bienintencionada como torpe ley del solo sí es sí (o de Garantía de la Libertad Sexual) promete durar más que otros asuntos intrincados, del ...
¿Debe dimitir Irene Montero como ministra de Igualdad, según reclaman el PP y Vox? Vayamos por partes. La trifulca por la tan bienintencionada como torpe ley del solo sí es sí (o de Garantía de la Libertad Sexual) promete durar más que otros asuntos intrincados, del espionaje mediante Pegasus a la reforma de la sedición, pues las sentencias dispares proliferarán en goteo interminable.
El error es de origen jurídico. La chapuza, parcial aunque enorme, fue no añadir una disposición transitoria especificando en qué casos podría no aplicarse el principio de la disposición más favorable al reo, y pues, ha dado paso a interpretaciones —legítimas— de que rige para todos. Así, sus efectos abruman, porque en vez de castigar mejor el delito sexual, permite rebajar en algún caso las penas. De modo que deteriora, desluce y evapora una de las tres banderas clave de este Gobierno progresista: la defensa de los derechos de la mujer (y de los menores), siendo las otras dos la cohesión social y la pacificación territorial.
Es, pues, asunto de mayor cuantía. Quizá Montero debiera aplicarse las lindezas que a otras dirige un político muy próximo, Pablo Iglesias. ¿O acaso no es “cobarde” evitar la autocrítica cuando el consenso sobre el error es unánime? ¿Y no es “ponerse de perfil” trasladar la responsabilidad propia a unos jueces “machistas” y deleznables por “incumplir” la ley? ¿No es inquietante para la separación de poderes la amenaza de tomar “medidas”, sin concretarlas, para “garantizar la imparcialidad” de la justicia? Además de mellar el Estado de derecho, resulta una estupidez, pues el 73% de los jueces dedicados a la violencia machista son mujeres, según cifra la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona.
La ministra dispone de alternativa a purgar el error con su cese: retractarse de su agresión verbal, que irrita a todos los jueces, incluidos los más progresistas; e impulsar una inmediata reforma legislativa que esterilice el embrollo de origen.
La mera espera a la “unificación de doctrina” por el Supremo ante sentencias dispares sobre el asunto, que patrocinan el presidente Pedro Sánchez y la vice Yolanda Díaz (responsables colegiados del revés), no basta. Porque tardará. Y porque su respuesta solo afectará a “una parte menor de los casos”, y no podrá ser “automática” ni “unívoca”, como bien ha detallado en este diario Reyes Rincón. Urge también un cambio legal. La herida sangra.