Resistencias al impuesto global

La urgencia de la reforma fiscal para que paguen impuestos justos las multinacionales tecnológicas no es hipotética o relativa sino perentoria. Las oscuras perspectivas del próximo año en términos económicos, sin incurrir en ningún catastrofismo, merecen y hasta exigen que tales gigantes económicos dejen de eludir sistemáticamente el pago de impuestos en los países donde obtienen sus ingresos, como hacen en la actualidad compañías como Amazon o Facebook. Pese a ello, ...

La urgencia de la reforma fiscal para que paguen impuestos justos las multinacionales tecnológicas no es hipotética o relativa sino perentoria. Las oscuras perspectivas del próximo año en términos económicos, sin incurrir en ningún catastrofismo, merecen y hasta exigen que tales gigantes económicos dejen de eludir sistemáticamente el pago de impuestos en los países donde obtienen sus ingresos, como hacen en la actualidad compañías como Amazon o Facebook. Pese a ello, la OCDE acaba de reconocer que el impuesto avanza con retraso y que habrá de esperar al menos un año más, hasta 2024. Tanto en EE UU como en algunos países de la UE se mantienen las reticencias que explican el retraso. Pero la globalización, la crisis climática y la revolución digital ya hace mucho que exigen un cambio profundo e innovador en unas normas tributarias que se diseñaron para una realidad empresarial y fiscal que hace décadas que no existe. Los gobiernos de todo el mundo dejan de ingresar cada año entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por la elusión fiscal, mientras las estimaciones más creíbles apuntan a que las grandes compañías desvían anualmente 1,2 billones hacia paraísos fiscales.

Para activar la reforma se aducen problemas técnicos que en el fondo esconden causas políticas. El interés general ha prevalecido en la modificación legislativa impulsada por Biden en Estados Unidos, el país en el que está la sede principal de la gran mayoría de multinacionales que tendrían que pagar más si la reforma entra definitivamente en vigor. Las dificultades técnicas que a menudo se esgrimen, en realidad tienen que ver con el diseño mismo de los impuestos, sus exenciones, los conceptos que se gravan o no, y es ahí donde vuelve a jugar un papel clave la determinación política de cambiar el sistema impositivo por desequilibrado y visiblemente injusto. La propia UE es un claro ejemplo. Entre los Veintisiete hay países que, de una forma u otra, mantienen una política fiscal laxa para atraer empresas (Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, Holanda). Por esto último, pasos como el de fijar un suelo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades van en la dirección correcta, aunque voces autorizadas, como las de los economistas Gabriel Zucman o Thomas Piketty, consideran esa base todavía insuficiente, y otras etapas históricas en situaciones de emergencia ofrecen ejemplos de tipos que duplican y hasta triplican esa base.

La pandemia ha puesto al límite las costuras de los servicios públicos en casi todos los países occidentales donde hay un Estado de bienestar digno de este nombre. Pero uno de los instrumentos capaces de reparar esos agujeros financieros es evitar la elusión de impuestos para las compañías multinacionales. La UE y las demás democracias necesitan políticas fiscales que reduzcan la desigualdad galopante que han generado las últimas crisis, y ahora la guerra en Ucrania. Las revoluciones contemporáneas exigen respuestas más ambiciosas, innovadoras y rápidas para revertir la erosión fiscal de las últimas décadas. La UE es el mercado más grande del mundo y con mayor poder adquisitivo, y por eso está llamada a tener un papel protagonista. La eficiencia de las democracias depende de una base fiscal suficiente para redistribuir. Dejar de arrastrar los pies ante el poder de las multinacionales tecnológicas puede salvaguardar su propio sistema político del acecho de los nacionalpopulismos aupados por el descontento, la desigualdad y la exclusión social.