Universidad en reconstrucción

El sistema universitario español no está intelectualmente catatónico, como a veces los más veteranos se obstinan en creer, pero sí pide desde hace tiempo una intervención en múltiples ámbitos de su funcionamiento, desde una endogamia fomentada por la mala costumbre (y por la propia legislación) hasta una hiperburocratización a veces paralizante. Entre ...

El sistema universitario español no está intelectualmente catatónico, como a veces los más veteranos se obstinan en creer, pero sí pide desde hace tiempo una intervención en múltiples ámbitos de su funcionamiento, desde una endogamia fomentada por la mala costumbre (y por la propia legislación) hasta una hiperburocratización a veces paralizante. Entre los puntos fuertes de la Ley Orgánica del Sistema Universitario está la exigencia de elevar hasta el 1% del PIB la financiación universitaria (ahora está en torno al 0,7%). También aborda uno de los problemas más graves: el alto índice de precariedad en las plantillas hace que muchos profesores no logren estabilizar su carrera hasta más allá de los 45 años.

Tras casi una década con tasas de reposición de las bajas por jubilación de entre el 10% y el 50%, las universidades públicas españolas han sobrevivido cubriendo las horas de docencia con falsos profesores asociados con sueldos que rondan los 500 euros al mes. La nueva ley pretende regularizar la situación de la mayoría de los 25.000 afectados, limitando al 20% la proporción de docentes con contrato laboral temporal, y restituir la figura del profesor asociado a su buen origen: un profesional de prestigio en activo que aporta competencia y experiencia al aula, casi siempre por vocación y ganas de compartir su saber. Los afectados objetan que la ley no estabiliza a las personas sino las plazas, porque habrá que presentarse a un concurso de méritos de libre acceso. Ese sistema permite consolidar a los mejor preparados, pero también incorporar a quienes sin haber estado en la Universidad podrían, y a veces deberían, haberlo estado antes por la calidad de su investigación, y no por factores azarosos o meramente coyunturales (como haber sabido frecuentar este o aquel despacho).

No es el único instrumento contra la empobrecedora endogamia: las comisiones de acceso a una plaza docente deberán estar “integradas por una mayoría de miembros externos a la universidad convocante elegidos por sorteo público”, lo cual está destinado a impedir que una plaza lleve escrito el nombre del candidato que suele llamarse “de la casa”. Favorecer la internacionalización de una Universidad que apenas cuenta con un 2% de profesores extranjeros es otro buen dato para atraer talento exterior dispuesto a enseñar e investigar en España. La reserva del 15% de las plazas a investigadores con méritos acreditados es otra buena noticia, como lo es dedicar un mínimo del 5% del presupuesto a investigación, pensado para que las universidades privadas no puedan serlo si no incorporan también la investigación a sus tareas ordinarias. Quedan cosas por hacer, pero la ley favorece la internacionalización, la calidad investigadora del profesorado (aunque sigue pendiente la revisión de los criterios de acreditación) y la reducción de la precariedad largamente denunciada de los asociados.