La subida del SMI: necesaria y oportuna

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es una medida acertada, tanto en lo económico como en lo político. En primer lugar, el SMI español se encuentra entre los más bajos de la UE, todavía lejos del umbral del 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. Además, no puede obviarse que el SMI ha permanecido congelado a lo largo de los nueve primeros meses de 2021, una situación que por mucho que se justifique por la especial coyuntura, no deja de ser...

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es una medida acertada, tanto en lo económico como en lo político. En primer lugar, el SMI español se encuentra entre los más bajos de la UE, todavía lejos del umbral del 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. Además, no puede obviarse que el SMI ha permanecido congelado a lo largo de los nueve primeros meses de 2021, una situación que por mucho que se justifique por la especial coyuntura, no deja de ser excepcional, especialmente en un contexto de repunte de la inflación, que en la actualidad se sitúa en el 3,3%. Finalmente, en términos políticos, la subida del SMI fue uno de los elementos nucleares del acuerdo de coalición entre los partidos que forman ahora el Gobierno.

En una economía como la española, debido al peso del sector servicios y de los contratos temporales, el SMI constituye una herramienta fundamental de cohesión social. Según los estudios más recientes, más de un millón y medio de trabajadores en nuestro país reciben el salario mínimo. Su revisión, hasta situarlo en niveles más similares al de otros países europeos y corrigiendo su caída en términos reales en el último año, constituye también una política agregada de rentas, oportuna en un contexto de recuperación económica.

Sin embargo, como cualquier otra herramienta de política económica, la subida del SMI no solo tiene beneficios, sino también potenciales costes. El Gobierno y los agentes sociales deberían extremar la precaución en los próximos meses para evitar que estos riesgos se materialicen. El primero de ellos es que pymes y microempresas, que además de constituir una parte predominante del tejido empresarial español constituyen uno de los segmentos más castigados por los efectos económicos de la pandemia, experimenten un aumento de sus costes que dificulte su supervivencia. El segundo de ellos es el potencial efecto que la subida del SMI puede tener sobre la creación de empleo, como puso de manifiesto hace unos meses el Banco de España al evaluar su incremento en 2019. Y es que mientras los beneficios de la subida del SMI se concentran en unos colectivos, existe el riesgo de que sus costes lo hagan en otros muy distintos, aumentando la asimetría del mercado laboral español.

En particular, hay dos elementos a tener en cuenta en la regulación del mercado laboral español. El primero ha sido señalado por el presidente de la CEOE en los últimos días, y es que el muy diferente coste de vida según las regiones hace que el actual SMI sea un salario muy bajo en algunas comunidades autónomas (47% del salario medio en Madrid o País Vasco), pero que en cambio supera ya el 60% en al menos otras 10. Por mucho que sea un debate políticamente muy sensible, como todos los que establecen diferencias según las comunidades, no debería pasarse por alto sin más una propuesta que daría más flexibilidad para aumentar más rápidamente el SMI en aquellas comunidades más lejos de la media. El segundo elemento, parecido al anterior, consistiría en establecer un SMI diferenciado para los más jóvenes, como ocurre en otros países y ya existía en nuestro país en el pasado. La intolerable tasa de paro juvenil en nuestro país obliga a contemplar medidas en un espectro amplio y, en particular, evitar que los jóvenes acaben siendo, una vez más, los más perjudicados por una medida que, en su conjunto, resulta necesaria y oportuna para la economía española.