Ha dejado de ser noticia que las tensiones constituyen parte ordinaria del funcionamiento de los gobiernos de coalición. No serían alianzas entre diferentes sin esas disensiones, y no cabe la nostalgia del monoteísmo político porque ha pasado a mejor vida, al menos temporalmente. Sin embargo, algunas discrepancias públicas resultan muy llamativas en el caso del Govern de la Generalitat, que es también un Gobierno de coalición con el apoyo externo de la CUP: en unos pocos días hemos podido escuchar de nuevo posicion...
Ha dejado de ser noticia que las tensiones constituyen parte ordinaria del funcionamiento de los gobiernos de coalición. No serían alianzas entre diferentes sin esas disensiones, y no cabe la nostalgia del monoteísmo político porque ha pasado a mejor vida, al menos temporalmente. Sin embargo, algunas discrepancias públicas resultan muy llamativas en el caso del Govern de la Generalitat, que es también un Gobierno de coalición con el apoyo externo de la CUP: en unos pocos días hemos podido escuchar de nuevo posiciones tan divergentes que fácilmente podrían confundirse con el choque entre Ejecutivo y oposición.
ERC ha respaldado con palabras y con hechos —el compromiso de reunir la primera mesa de diálogo el día 13 de septiembre— la voluntad de recuperar el lenguaje de la política para activar soluciones al conflicto entre dos gobiernos. Junts parece preferir otro camino, al menos en público, y ha diseminado, al calor del verano, el discurso frentista que se dirige tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al Gobierno de Pere Aragonès (del que forma parte). La llamada a la desestabilización que ha realizado alguno de los cargos de la derecha independentista de Junts choca no solo con buena parte del cuadro de valores conservador, sino que desafía también la estabilidad misma del Govern al comprometer deliberadamente la estrategia a medio plazo en la que están implicados ambos Ejecutivos.
Pero en democracia no hay alternativa al diálogo: es el primer instrumento de la política como negociación y vía resolutiva de conflictos. De acuerdo con los datos demoscópicos más recientes, la sociedad catalana ha rebajado en algunos puntos porcentuales el apoyo a la independencia. O dicho en modo positivo: suman dos tercios quienes se sienten cómodos con el sistema actual autonómico y quienes aspiran a un Estado federal (en torno a un 20% estable y mejorable desde hace años).
La posición dialogante de ERC responde de forma consecuente a las expectativas de buena parte de su electorado, pero también de una ciudadanía catalana escarmentada con experimentos sin demasiado futuro ni viabilidad. El empeño en romper las reglas del juego y promover actitudes (cuando menos verbales) de desafío a las leyes de la política en democracia delatan seguramente una desesperanza real sobre el improbable éxito de cualquier fórmula ajena al diálogo y la negociación. Esa es también la convicción del Gobierno de Pedro Sánchez, y no parece que puedan cuartearla declaraciones extemporáneas o abiertamente provocadoras de sectores del independentismo unilateralista sin legitimidad democrática. La tiene, por supuesto, el president Aragonès para mantener sus demandas más altas sin salir de la mesa negociadora, como ha reclamado Oriol Junqueras en declaraciones recientes. Ser “campeones del diálogo” es objetivamente un logro democrático que ha seducido incluso a quienes incurrieron abiertamente en posiciones muy poco razonables, como Carme Forcadell, hoy dispuesta a otorgar un voto de confianza a esa potencial herramienta que ha de ser la mesa de diálogo. La ruta sigue empedrada, sin duda, pero los amortiguadores tienen ya otra resistencia.