Paliar la pobreza en España

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer unos inquietantes datos en materia de pobreza en España. La encuesta de condiciones de vida registra un considerable incremento de la población en situación de carencia material grave, subiendo del 4,7% registrado en 2019 al 7% de 2020, con datos recogidos en el último trimestre. Este indicador tiene una doble lectura. Por un lado, constata que las medidas puestas en marcha por el Estado y la UE en medio del brutal descalabro socioeconómico vinculado a la pandemia —con ...

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer unos inquietantes datos en materia de pobreza en España. La encuesta de condiciones de vida registra un considerable incremento de la población en situación de carencia material grave, subiendo del 4,7% registrado en 2019 al 7% de 2020, con datos recogidos en el último trimestre. Este indicador tiene una doble lectura. Por un lado, constata que las medidas puestas en marcha por el Estado y la UE en medio del brutal descalabro socioeconómico vinculado a la pandemia —con una contracción del PIB de alrededor del 11% en España en 2020— han atenuado un impacto que podría haber sido dramáticamente superior. Por el otro, que aun así, hay una cuota inaceptablemente elevada de la sociedad española en situación de sufrimiento. El 7% de la población, que significa más de tres millones de personas, corresponde al nivel que la misma encuesta detectó en 2014, pico crítico de la anterior crisis.

La recuperación económica en marcha sin duda promoverá una mejora en la reducción de personas en esa situación grave. Pero sería un error confiar en la mera reactivación general de la economía. Es en cambio necesario insistir en afilar la eficacia de varias prestaciones e instrumentos de apoyo social. En primer lugar, debe mejorarse la erogación del Ingreso Mínimo Vital, importante y acertada medida aprobada con un inusual consenso parlamentario, que sin embargo ha sufrido problemas en su implementación. Es innegable que no era fácil ponerla en marcha, y que era oportuno proceder con cautela para garantizar que no haya fraudes, pero también lo es que el despliegue ha sido lento. Actualmente hay unos 320.000 beneficiarios. El objetivo a medio plazo es 800.000.

En segundo lugar, a nivel autonómico, es necesario que las comunidades apuesten decididamente por los servicios sociales. En este terreno, hay situaciones dispares. El índice DEC 2020, referencia en esta materia, constataba recientemente que la senda de mejora emprendida en los últimos años se mantiene, permitiendo recuperar el terreno perdido por el impacto de la crisis de 2008. Pero esta mejora es muy paulatina, probablemente insuficiente en términos globales, y contiene además realidades muy distintas, con comunidades como Madrid o Murcia en niveles muy bajos.

El nuevo consenso que ha cristalizado en Occidente —políticas muy expansivas para la reactivación, fuerte protección social, mayor exigencia ante empresas que contribuyen demasiado poco— debe mantenerse. Sería un error congelarlo demasiado pronto, con los primeros síntomas de recuperación. La cohesión social no está solo en el interés de los más desfavorecidos, sino en el del conjunto de la sociedad que se beneficia de esa armonía. Los datos del INE no permiten evaluar el impacto de la pandemia en cuanto a desigualdad. Pero datos preliminares del Banco de España apuntan a un fuerte incremento.

En el caso de España, cabe recordar que se halla por debajo de la media de recaudación sobre PIB con respecto a las economías de Europa occidental comparables, y que hay ahí un margen de actuación para disponer de recursos para sostener esas prestaciones sociales sin abultar en exceso una deuda que, como señaló ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, coloca a las administraciones públicas y a las comunidades autónomas “en una posición de gran vulnerabilidad”.