España es uno de los países más retrasados en Europa en cuestiones ambientales. Ha sido sancionada por incumplir la directiva europea de depuración de aguas residuales urbanas (una multa que en febrero de 2020 ascendía a 32 millones de euros), tiene un expediente abierto por incumplimiento de los niveles de contaminación en las ciudades y lleva un considerable retraso en el reciclaje de residuos urbanos. Sobre este último aspecto incide la nueva ...
España es uno de los países más retrasados en Europa en cuestiones ambientales. Ha sido sancionada por incumplir la directiva europea de depuración de aguas residuales urbanas (una multa que en febrero de 2020 ascendía a 32 millones de euros), tiene un expediente abierto por incumplimiento de los niveles de contaminación en las ciudades y lleva un considerable retraso en el reciclaje de residuos urbanos. Sobre este último aspecto incide la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se va a tramitar en el Congreso, cuyo objetivo es aumentar el reciclaje y reducir para 2030 en un 15% respecto de 2010 la cantidad total de desechos que se genera. Es un objetivo modesto, teniendo en cuenta el gran retraso acumulado. En 2019 apenas se recicló el 34,7% de los residuos, cuando ya deberíamos haber superado el 50%, y hay países como Alemania que alcanzan el 66%. Toca acelerar y para ello es importante disponer de herramientas de fiscalidad verde como los dos nuevos impuestos previstos en la ley: uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro sobre los despojos que van a vertederos o incineradoras, con los que se espera recaudar 1.378 millones anuales.
No se puede proteger al medio ambiente sin costes y no habrá transición ecológica sin una fiscalidad verde que la incentive. Utilizar la fiscalidad verde para reorientar la economía y alcanzar los objetivos ambientales es lo que recomiendan los principales organismos internacionales. Esa fue también la propuesta específica de un demoledor informe de 2018 en el que la Comisión Europea constataba las bajas tasas de reciclaje en España, un ámbito en el que no se logran mejoras desde hace más de 15 años. Siguiendo el principio de que quien contamina paga, los nuevos impuestos deben permitir superar la situación actual en la que incinerar o depositar residuos en los vertederos es mucho más barato que reciclar.
La fiscalidad verde no debe entenderse como un mero instrumento de recaudación. Es una reordenación impositiva orientada a determinados logros ambientales con repercusión directa sobre la innovación productiva y la competitividad de las empresas. Hay amplio consenso internacional sobre la necesidad de gravar las externalidades negativas, como es el impacto que una actividad tiene sobre la salud o el medio ambiente. Se ha planteado como objeción a los nuevos impuestos que no sean suficientemente progresivos. Sin descuidar los aspectos sociales de su aplicación, este puede ser un falso debate. Lo importante no es que cada impuesto sea progresivo, sino que el sistema tributario en su conjunto lo sea. La fiscalidad verde incluye impuestos y tasas directas, pero también incentivos positivos, como la desgravación o las ayudas de actividades que contribuyan a la descarbonización de la economía, como la rehabilitación de edificios para el ahorro energético.
La verde es una de las áreas fiscales que mayor recorrido tiene en Europa. Y todavía más en España, dado el retraso que lleva. Las tres fuentes del sector —tributos sobre la energía, sobre el transporte y sobre la contaminación— reportaron 22.050 millones de euros en 2019, un 7,9% de los ingresos por tributación, cuando el año anterior representó el 8,1%. Esta recaudación apenas representa, según datos de Eurostat, el 1,8% del PIB, cuando la media europea es del 2,4%. Tiene sentido, como plantea el Gobierno, que España avance en esta senda.