Harfuch entra en escena

Si el motto de la presidencia de Claudia Sheinbaum es que solo existe aquello que se nombra, al cumplir justo una semana de su arranque sexenal ha decidido nombrar con todas sus letras que habrá nueva estrategia para la seguridad y que en ella compromete a su Gobierno.

La presidenta delineó en La Mañanera ejes de su visión para combatir la violencia, y el encargado de presentar en sociedad pormenores iniciales del Plan Sheinbaum ha sido Omar García Harfuch, su brazo derecho en la materia desde tiempos del Gobierno capitalino.

A primera vista el plan no contiene cosa sorpresiva o que no estuviera adelantada desde la transición. Es un tanto continuidad, un tanto promesa de mejora. Empero, la formulación misma de la estrategia, al inicio del sexenio y con toda ceremonia, es una señal atendible.

Sheinbaum pone en el punto de mira mediático un tema que sistemáticamente fue desdeñado por su antecesor. Y lo hizo acompañada, además de su secretario civil de Seguridad Ciudadana, de los militares, ahora dueños y señores de la Guardia Nacional.

Harfuch llevó la voz cantante y se comprometió a nombre de la mandataria a combatir, en principio, los homicidios dolosos y la extorsión. Esos índices serán desde este martes los termómetros en que se irá evaluando la estrategia del segundo sexenio morenista.

Con esa decisión, la presidenta se echa encima uno de los grandes pendientes del sexenio anterior, cuando se redujo el ritmo de los homicidios, al menos en el conteo oficial, pero el acumulado de los mismos entre 2018 y 2024 es descomunal: casi 200.000 asesinatos.

Según explicaron en la rueda de prensa, en un puñado de entidades se comenten hoy una cantidad importante de esos homicidios —Guanajuato, destacadamente—, y priorizarán esa y otras cuatro entidades para abatir pronto el mortífero récord.

Lo que no se explicó, y es entendible que detalles de la estrategia sean reservados, es cómo harán no solo para que cese el reguero de cadáveres, sino para atajar las causas que lo provocan: las disputas entre poderosos grupos criminales, y de estos contra la población.

Se habló de reforzar y reorganizar aparatos de inteligencia, y de una “absoluta” coordinación entre instituciones federales, incluida Fiscalía, y entre niveles de gobierno; de convertir información en investigación; de golpear las finanzas de los delincuentes, de detenciones.

Y se habló de seguir atendiendo las causas y de no volver al pasado. De evitar “ejecuciones extrajudiciales” de “la guerra de Calderón”; de prevención, presencia vía Guardia Nacional e inteligencia… un saque ambicioso que ahora ha de estar a la altura de la promesa.

Porque el anuncio de la estrategia llega al final de la primera semana de Gobierno de Sheinbaum, ciclo que, para sorpresa de nadie, estuvo cuajado de síntomas de inseguridad de males arraigados de tiempo atrás a los que urge contener y eventualmente erradicar.

Lo peor de la violencia en México es que nunca para de sorprender (para mal). Desde el 1 de octubre, ajenos a los ritos de la sucesión presidencial, los balazos no han dejado de silbar, las macabras escenas tampoco esperaron a que el nuevo Gobierno se asiente.

Cada hecho violento capaz de romper el agotamiento mediático de un cuarto de siglo en medio de la sangre es un recordatorio de algo aún más dramático. Y el nuevo Gobierno tuvo un menú variopinto de esos eventos en la primera semana de Sheinbaum en la chamba: lo mismo una masacre de migrantes que evidencia la falta de gobierno en Chiapas, el boyante negocio del tráfico humano en nuestro país y la fatal carencia de protocolos adecuados por parte de la milicia, que un alcalde decapitado en Guerrero: ni más ni menos que el de la capital, y a quien días atrás ya le habían matado dos cercanos colaboradores.

A esa realidad hay que agregar las imparables matanzas en Guanajuato, la guerra que está lejos de cesar en Sinaloa, las ramificaciones de ese conflicto en Sonora, Chihuahua o Nayarit, y los asesinatos cotidianos en otras entidades.

Harfuch es la cara que la presidenta pone a tan sombrío panorama. Un policía profesional, un colaborador que tiene de ella total confianza, un cuadro que parece arrancar con el pie derecho en cuanto a sus relaciones con la milicia y el fiscal general de la República.

En su primera alocución en una mañanera, Harfuch destacó el “poder de fuego” de los criminales, así lo hiciera para ponderar a la Guardia Nacional como institución “policial”. La GN es una ventaja, explicó, dado que demasiadas comunidades carecen de policía confiable.

Se ataja así, tratando de dejarlo por un rato fuera del radar, la discusión de si hay una militarización de la seguridad. Se trata, explica el Gobierno, de lograr una responsabilidad compartida, de neutralizar a la delincuencia y de fortalecer a las policías locales. Cosas que urgen.

El reto es gigantesco y no solo porque eso de los abrazos pareció traducirse en dejar hacer-dejar crecer, sino porque el plan incluye sumar a estados, donde quién puede decir de qué lado están algunas fiscalías y otras tantas policías, e incluso uno que otro gobernador. Y los que están libres de sospecha no necesariamente son eficientes.

La primera prueba del plan es Sinaloa, adonde este martes viajaron el propio Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla. Una decisión simbólica y acertada. Pues si se habla de violencia, la avanzada de la estrategia no puede no presentarse en el frente.

Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, para iniciar, son focos rojos en el tablero de seguridad de la presidenta. Más lo que se acumule en la segunda semana, y así sucesivamente. Hasta que dé frutos la estrategia, o muestre sus defectos. Ojalá lo primero.