#EsBertha: Alcalde será ministra

En teoría, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían permanecer en su encargo durante 15 años. Al menos eso mandata la Constitución desde aquella reforma enviada por Ernesto Zedillo al Senado tan solo cuatro días después de asumir la presidencia. Antes, el cargo era vitalicio. La reforma de 1994 —mentada por algunos como un golpe de Estado a la Suprema Corte— no solo marcó una modificación en la duración del cargo, también introdujo un sistema de sucesión escalonado para los 11 ministros existentes. Dos ministros concluirían su mandato cada tres años iniciando en el 2003, mientras que los últimos tres lo harían en el 2015. Los nombramientos subsiguientes serían efectuados por el presidente en turno y ratificados por las dos terceras partes de los senadores presentes. Este diseño perseguía un doble propósito: preservar la estabilidad del tribunal al evitar sustituciones en bloque y, al tiempo, facilitar la adaptación gradual del máximo tribunal a los cambios políticos. Rocas sólidas en un río que fluye.

En este escenario, durante su mandado, al presidente López Obrador le correspondía nombrar a tres ministros, pero, como ya es costumbre, la fortuna le sonrió. Cayó de pie. Las renuncias de Eduardo Medina Mora y de Arturo Zaldívar —ambas envueltas en controversias por su presunta ilegalidad al no cumplir con la causa grave establecida por la Constitución como requisito que habilita la renuncia— han generado desequilibrios. Al concluir el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente habrá designado a dos ministros más de los que inicialmente había presupuestado Zedillo.

Legal o no, la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte fue aceptada por el presidente y validada por el Senado. Sus posibles sustitutas iniciales, Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, abandonaron la banca y se alistaron para la acción. Integraron la primera de las dos posibles ternas que podía enviar el presidente al Senado para su aprobación. Llovieron golpes y sombrerazos: la terna fue blanco de intensas críticas y desaprobación. Las dos primeras candidatas son cuestionadas por sus conexiones familiares con altos funcionarios de la llamada cuarta transformación. En cuanto a la tercera, su elegibilidad como ministra se encontraba claramente limitada por su cargo como consejera jurídica de la presidencia, una restricción insalvable desde una perspectiva constitucional. El presidente ni se inmutó; no suele gobernarse por preocupaciones ajenas.

Strike Uno. Después de una notable comparecencia de Bertha Alcalde ante la Comisión de Justicia del Senado y otras dos —seré amable— menos convincentes de sus contrincantes, la votación en la cámara de Senadores no alcanzó a formar humo blanco. Se necesitó una nueva terna. Dos de las tres aspirantes originales aparecieron de nuevo. Eréndira Cruz Villegas —directora jurídica de la Secretaría de Cultura— fue convocada al terreno de juego en sustitución de la consejera jurídica de la presidencia. Un ligero respiro. Un paso más en el camino hacia la designación: si la segunda terna es rechazada nuevamente, ocupará el cargo la persona de la última terna que designe López Obrador. No habrá necesidad de suplicar por guiños ni espaldarazos.

Con la información disponible, la solución óptima para el Senado sería seleccionar a la persona más idónea de la segunda terna; a quien mejor cumpla con criterios de idoneidad, experiencia y competencia. Eso o permitir que el presidente elija libremente.

Ojalá la política entendiera de óptimos.

Bastante tinta ha corrido para señalar la afinidad política de las integrantes de ambas ternas con el movimiento encabezado por López Obrador. Es público y notorio que comparten las perspectivas políticas del presidente. ¿Desdén o habilidad política? El nombramiento de ministros de la Corte es, ha sido y —a menos que reformemos la Constitución para añadir criterios de elegibilidad adicionales— seguirá siendo un acto político. Aquí radica la justificación de los nombramientos escalonados. Recordemos nombramientos anteriores como el de Fernando Franco, subsecretario del trabajo con Fox, o el de Ortiz Mena que, aunque tuvo un breve baño de pureza trabajando en la OEA antes de ser ministro, fue abogado litigante en favor del PAN. ¿Ya olvidamos que el ministro Laynez fue procurador fiscal de Peña Nieto? ¿O que Medina Mora, además de ser amigo de Peña Nieto, había sido embajador de México en Reino Unido? Nada nuevo bajo el sol: cada presidente nombra ministros con el objetivo de cimentar el legado político que anhela duradero. Sorprendidos quedaron solo quienes esperaban ver nieve en verano.

El aspecto inquietante en la designación de perfiles políticos para la Corte, una práctica nada extraordinaria, es la aparente incompatibilidad entre afinidad ideológica e independencia judicial. Esa preocupación no es nueva; el constituyente la imaginó antes al otorgar a los ministros garantías de estabilidad institucional como la duración de su encargo, protección contra remociones arbitrarias y seguridad salarial. Estas garantías de estabilidad fueron precisamente las que permitieron a Zaldívar —ministro nombrado por Felipe Calderón— encarar al expresidente en casos significativos como el de la Guardería ABC y el de Florence Cassez.

Bertha Alcalde Luján es hermana de la Secretaria de Gobernación. Su madre, con quien comparte nombre, fue secretaria general de Morena y contralora general del Distrito Federal en tiempos de la jefatura de Gobierno de López Obrador. Su padre, Arturo, es abogado laboralista y asesor sindical. Ella ha ejercido como abogada y trabajado en la reforma del sistema de justicia penal, en instituciones de seguridad y en la Cofepris. Es, sin temor a equivocarme, el perfil que encarna de manera equilibrada los criterios de idoneidad requeridos para vestir de toga. Lo normal es que sea designada ministra en los próximos días.

De ser el caso, Bertha Alcalde deberá sostener lo manifestado en su comparecencia: ser leal a la Constitución independientemente de su afiliación política. Alguna garantía nos da de ello su posición respecto a la idoneidad de la figura de prisión preventiva oficiosa. Su actitud ante esta figura controvertida es abiertamente disidente con la posición del presidente que la propone. La trascendencia de esto no es trivial. México se enfrenta a un escenario dual. Por un lado, experimenta uno de los momentos más prometedores en su historia económica reciente. Por otro, se vislumbra el probable triunfo de Morena en las elecciones del año próximo, lo que se traduciría en mayorías en el Congreso para el partido del presidente. En ese contexto, es imperativo contar con un sistema judicial que opera conforme a la ley y que no está influenciado por intereses políticos.

La pelota de la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte no ha tocado el suelo. Caerá en los próximos días y trascenderá la mera selección de un nombre. La elección de la nueva integrante del máximo tribunal demostrará si la propuesta del presidente entrañaba estrategia o castigo. Una estrategia calculada para consolidar su proyecto de nación con respeto a las instituciones, o si fue una forma de castigo hacía aquel poder que, al no adaptarse al cambio estacional del obradorismo, actuó como su adversario. Si la primera respuesta es correcta, Alcalde será ministra.

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