La pregunta imposible
La consulta para investigar a los expresidentes mexicanos está hecha para continuar con la indignación ante una justicia que no llegará
Si usted va a votar el próximo 1 de agosto, encontrará en su boleta la siguiente pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La vaguedad de la pregunta se puede resumir en el siguiente absurdo: ¿Estás de acuerdo o no en que se haga algo contra alguien por algo que hizo en algún momento? Una pregunta que tanto política como jurídicamente es imposible de responder.
Según el artículo 35 de la Constitución, esta pregunta será vinculante si vota el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, poco más de 37 millones de mexicanas y mexicanos. Esta obligatoriedad jurídica no es clara en los tiempos para cumplirla ni en las autoridades obligadas a realizarla, ni siquiera establece a quién hay que investigar.
La propuesta original de consulta del Ejecutivo contemplaba a cinco expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La pregunta era complicada porque no permitía diferenciar qué hubiera pasado si alguien piensa que hay que investigar a Peña Nieto pero no a Fox. No había opción: o todos o ninguno.
La Corte decidió borrar los nombres de los expresidentes y los sujetos a investigar pasaron a denominarse “actores políticos”. Ahí caben miles de burócratas, legisladores, jueces y magistrados. Como la pregunta tampoco delimita lugar se entiende que pueden ser actores políticos de todo el país: federales y locales.
La cuestión se complica más. ¿Qué hechos concretamente se habrán de esclarecer? Las “decisiones políticas” tomadas por los “actores políticos” en 30 años de “periodo neoliberal” son innumerables y, por lo tanto, imposibles de investigar.
La consulta genera expectativas punitivas que difícilmente podrán cumplirse. Hay una variedad de decisiones políticas neoliberales que no se pueden sancionar porque, nos gusten o no, fueron tomadas por los presidentes en turno en ejercicio de sus atribuciones y muchas de ellas contaban con plena legitimidad social en su momento. Por otro lado, no podemos obviar que existen conductas que hoy consideramos delitos o ilícitos, pero que en los años pasados no lo eran y por lo tanto no podrían aplicarse sanciones retroactivamente.
Lo sabemos: la relevancia de este ejercicio de participación ciudadana es política. En este sentido, tiene razón el presidente cuando afirma en su petición de consulta que “iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder”.
Sin embargo, la consulta está hecha para continuar con la indignación ante una justicia que no llegará. Porque, además de sanciones, la justicia implica verdad, memoria, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
En este momento, la principal demanda de justicia siguen siendo los muertos y desaparecidos que la guerra contra el narcotráfico nos ha dejado. Al respecto, en su propuesta de consulta el presidente López Obrador acusa al expresidente Calderón de “embarcar al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.”
En 2021 la estrategia militar continúa y sigue siendo terriblemente costosa en términos de vidas humanas y presupuestales para México ¿Con qué mecanismos independientes se interrogará a militares y marinos para tener verdad?, ¿Cuándo harán pública esa información para construir memoria? ¿Cómo repararán a las miles de víctimas que se siguen sumando a diario? ¿Quién juzgará al propio Andrés Manuel López Obrador por haber continuado la estrategia militar de Felipe Calderón?
La justicia es igual para todos, o no es.
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