Manual para desacreditar elecciones en tres actos

Esta película ya la vimos. El presidente que se lanza sobre la organización de las elecciones y las autoridades encargadas de supervisar a candidatos y organizar la votación.

“No quiero ver una elección arreglada”, dijo el presidente después de advertir que las actuales autoridades electorales preparan un fraude en favor de sus opositores.

Días antes había acusado que sus rivales “se están preparando para arreglar la elección porque es la única forma que pueden ganar”.

Estas frases que parecen sacadas de una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad son exabruptos de Donald Trump en los meses antes de la elección presidencial de noviembre pasado en Estados Unidos.

López Obrador parece seguir el manual de Trump para sembrar dudas sobre la confianza en las elecciones, la credibilidad de las autoridades que las organizan y la certeza de sus resultados. Medio año después de que se contaron los votos en Estados Unidos, Trump sigue insistiendo que fue víctima de fraude.

Ese manual para desacreditar la elección responsable no solo del asalto violento de simpatizantes de Trump en el Capitolio de Washington mientras la elección de Joe Biden era certificado sino de algo peor, porque aunque no es violento sus efectos son más nocivos a largo plazo: las reformas legales impulsadas por el partido Republicano que ponen obstáculos al voto de sus opositores.

En México ya vivimos el primer acto de este guion: los mensajes desde las más altas cúpulas del poder de que las autoridades electorales no son confiables porque favorecen a los adversarios del partido gobernante.

Los ecos de Trump en López Obrador son poderosos: el Instituto Nacional Electoral, dijo el presidente mexicano, “es de lo más ineficiente y muy parcial”.

“¿Cómo voy a ser cómplice del fraude?”, cuestionó en otra ocasión. “Es mi obligación denunciar el fraude”. Previamente había advertido que el árbitro final de los resultados de la votación del 6 de junio, el Tribunal Electoral, había dado un golpe a la democracia porque avaló el veto a dos candidatos de Morena, el partido del presidente.

Y así como Trump intervino, en ocasiones de manera ilegal, en los procesos para certificar la votación que perdió, López Obrador ha admitido abiertamente que mete las manos en la elección.

El segundo acto en este guion es la violencia contra las instituciones que protegen el proceso electoral. Un anticipo lo dio el fallido candidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, cuando amenazó a los consejeros del INE, en particular a su presidente, Lorenzo Córdova. “Los vamos a hallar a los siete [consejeros que votaron contra él], los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova”.

“Va a caer, el INE va a caer”, fue la consigna durante las protestas de Morena por la cancelación de registros de candidatos que incumplieron la ley al no reportar gastos de precampaña.

Porque este es el tercer acto del libreto. Lo estamos viendo en Estados Unidos: leyes aprobadas en Estados gobernados por el partido Republicano que restringen el voto a los grupos de población más afines a los demócratas, como los jóvenes y las minorías étnicas, o que prohíben medidas para facilitar el acceso al voto.

Bajo esta luz, los comentarios de figuras morenistas que desde hace dos años han planteado la desaparición del INE parecen globos de prueba diseñados a provocar respuestas. López Obrador ha dicho que no buscaría la desaparición del instituto cuya autonomía ganada hace 25 años fue impulsada por el propio presidente cuando dirigía el PRD. En 1997, la izquierda mexicana ganó su mayor bancada en el Congreso mexicano y la gubernatura de la Ciudad de México gracias a esas reformas electorales.

Los amagos van desde desaparecer el Consejo General del INE hasta incorporarlo al Poder Judicial. En cualquier caso, el objetivo sería reducir su autonomía y darle al Gobierno federal Morena más margen para controlar las elecciones. Las elecciones del 6 de junio dictarán si el partido del presidente tendrá el músculo legislativo para estas reformas constitucionales.

Pero incluso si no lo logran, el asalto a las instituciones ya está en marcha y el peligro es que no sabemos hasta dónde va a llegar.

Javier Garza Ramos es periodista en Torreón (Coahuila).

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