La fábrica de inocentes

La tragedia ocurrida en la Línea 12 del metro cruza a tres titulares del Gobierno de la Ciudad de México: Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard dijo que el que “nada debe, nada teme” y que estará sujeto a lo que determinen las autoridades. El canciller, como secretario de Estado, tiene fuero.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera manifestó que “estará atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho”. El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, como senador, tiene fuero.

La actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que le solicitó a la Fiscal, Ernestina Godoy, que llegué hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. Aunque la Constitución de la Ciudad de México prevé que ningún funcionario tenga fuero ¿qué posibilidades hay de que un fiscal vincule a proceso penal a la persona que la designó en su cargo?

Si cualquiera de ellos tres —o los tres— por acción u omisión tuvieran alguna responsabilidad en la tragedia ocurrida, lo más probable es que no haya consecuencias penales para ellos, porque el entramado jurídico y político está hecho para proteger a los más poderosos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su compromiso de Gobierno es acabar con la corrupción como se barren las escaleras: “de arriba a abajo”. Sin embargo, los mecanismos para evitarlo persisten. La corrupción en México es un sistema que permite no solo la fabricación de culpables sino también la fabricación de inocentes.

La fábrica de culpables acusa y sentencia sin defensa adecuada, siembra pruebas, tortura y encarcela injustamente a una gran cantidad de personas pobres de las que están pobladas las cárceles.

La fábrica de inocentes está plagada de comunicados en los que desde la alta clase política “lamentan”, “condenan”, “se solidarizan” y “deslindan responsabilidades” pero no asumen.

Además de posibles consecuencias penales, asumir responsabilidad significa costos políticos no solo para las personas que puedan estar involucradas, sino para sus partidos y consecuentemente sus candidatas y candidatos. Significa —desde su perspectiva— ganar o perder elecciones, ceder poder, puestos, cargos y salarios: “No nos vamos a dar un tiro en el pie” es la ley de oro que rige la fábrica de inocentes y afianza las complicidades.

Negarse a la corrupción es una postura política individual, pero también colectiva que nadie asume. Siempre son otros los que se equivocan, otros los corruptos, otros los omisos. En la fábrica de inocentes apuestan al paso del tiempo, a esperar los resultados de las investigaciones que nunca llegan, al olvido, al desgaste ciudadano, a que el nuevo escándalo tape al anterior.

Contrario a lo que piensan, la fabricación de inocentes y no asumir responsabilidades les ha costado perder elecciones al PRI, al PAN y al PRD. Con Morena la historia puede repetirse porque la transformación radical que prometió el presidente de México no llega.

El discurso se queda vacío si no se eliminan fueros y se piden renuncias que permitan a las autoridades competentes juzgar con imparcialidad y sin presiones políticas y, en su caso, sancionar a los escalafones más altos del poder sin importar si son propios o ajenos.

Pero más allá de eso, la transformación no llega porque acabar con la corrupción significa de fondo que la verdad y las vidas valgan más que los votos, que la reparación del daño a las víctimas sea la prioridad y la no repetición de los hechos sea el fin último de la justicia.

Paola Zavala Saeb es abogada y directora de la organización OCUPA.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país