Sinaloa: no pasa nada… pero no había ocurrido nunca

En un hecho inédito, esta semana el morenista Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa. La razón: la presión política y social tras ser acusado de cargos de narcotráfico por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. A Rocha se le acusa de coludirse, proteger y favorecer a Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa. Pero está historia que parece inverosímil no lo es tanto, ni empezó con él…

Miguel Ángel Félix Gallardo fue escolta del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Célis. Eran los años 60. Después, tras la operación Cóndor, que trajo por primera vez 10.000 militares a Sinaloa en 1976, se mudó a Jalisco para liderar el Cartel de Guadalajara, el germen de los primeros clanes que integraron lo que ahora conocemos como el Cartel de Sinaloa: los Carrillo, los Guzmán, los Zambada, los Esparragoza, los Beltrán Leyva.

Con Antonio Toledo Corro, gobernador de 1981 a 1986, el narcotráfico se consolidó en Sinaloa. Fue él quien ya retirado de la política, vendió en millones de dólares los terrenos de Las Cabras en Escuinapa al Gobierno de Felipe Calderón para el desarrollo turístico de Playa Espíritu. Proyecto que terminó rifado en lotes por Andrés Manuel López Obrador. Toledo Corro murió de 99 años tras comprar a los Venados de Mazatlán. Antes de morir, fue homenajeado por el Gobierno del Estado.

Luego vino Francisco Labastida, quien gobernó de 1987 a 1992. Fue el primer candidato perdedor del PRI a la presidencia y su hijo alto funcionario del malovismo. Durante su sexenio, Félix Gallardo fue detenido por la PGR. En abril de 1989, tres de los funcionarios de seguridad más importantes de Sinaloa estaban “desaparecidos”; luego aparecieron presentados como cómplices del Jefe de Jefes. Incluso, el Coordinador del Plan Estatal de Seguridad estuvo prófugo. Mientras Félix Gallardo era el narcotraficante más poderoso del país, en Sinaloa la estructura de seguridad estaba a su servicio. Labastida dijo entonces: “me fallaron los informadores”.

Vino después el ingeniero agrónomo Renato Vega Alvarado, que gobernó Sinaloa de 1993 a 1998 sin alterar el status quo. Durante su gobierno hubo 1,6 asesinatos diarios y fue particularmente relevante la desaparición de tres jóvenes tras acudir a una fiesta de Rolando Andrade en Las Quintas. Nunca aparecieron.

Luego vendría Juan S. Millán, gobernador de 1999 al 2004. Al final de su sexenio ocurrió el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán, hermano de El Señor de los Cielos, que evidenció cómo la Policía Ministerial encabezada por Jesús Antonio Aguilar Íniguez, brindaba protección al crimen organizado. El comandante Chuy Toño estuvo prófugo y en la lista de los más buscados de la PGR con una recompensa de 5 millones de pesos. En un libro sobre sus memorias, de Arturo Santamaría, Millán niega haber tenido conocimiento de la situación a pesar del aparato de espionaje con el que contaba. Su sexenio promedió 1,25 asesinatos diarios.

Aún así, Millán logró poner a Jesús Aguilar Padilla como candidato del PRI a la gubernatura. Aguilar se impuso en una cuestionada elección al panista Heriberto Félix y gobernó Sinaloa de 2005 a 2010. Durante su sexenio, Calderón lanzó la Guerra contra el narco y en enero de 2008, Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, fue capturado en la colonia Burócrata de Culiacán, donde operaba. En mayo del mismo año, asesinaron a Édgar Guzmán, hijo del Chapo. El Día de las Madres siguiente nadie salió en Culiacán. También fueron asesinados el vocero Óscar Rivera, el presidente de los ganaderos, Enrique Mendívil y el secretario de turismo, Antonio Ibarra. Todos crímenes aún impunes. Para 2010, Sinaloa promediaba 6,6 homicidios diarios.

En la siguiente elección, Millán volvió a operar, esta vez contra Aguilar. Le ganó la partida con Mario López Valdez, un priista abanderado por la alianza opositora PAN, PRD y PT. El candidato perdedor del PRI fue el empresario de la carne Jesús Vizcarra, quien durante la campaña apareció en una foto antigua con El Mayo Zambada. Malova gobernó de 2011 a 2016, rescató al comandante Chuy Toño del ostracismo y lo volvió jefe de facto de la seguridad en el Estado. Su rol cómplice con el Cartel de Sinaloa está documentado en el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos. Chuy Toño fue retirado con honores, pensionado por la policía y murió de covid en 2020. Malova promedió 3,7 homicidios diarios y durante su gestión, El Chapo fue capturado dos veces en Sinaloa. Ese 2014, a mí me dieron un balazo en un supuesto robo de vehículo, Malova dijo: “tuvo mala suerte Adrián”.

Llegó entonces el empresario mazatleco Quirino Ordaz Coppel, quien rescató el estado para el PRI; gobernó de 2017 a 2021 con talante empresarial y el estilo de Atlacomulco. Logró la candidatura con el apoyo de Peña Nieto y los grandes empresarios del estado, imponiéndose al preferido del gobernador, Gerardo Vargas, secretario de gobierno y uno de los operadores de la candidatura a la diputación local de Lucero Sánchez, pareja del Chapo Guzmán. Ordaz militarizó la seguridad del Estado al conveniar con la Policía Militar y poner elementos castrenses en los mandos principales. Durante su sexenio, los homicidios se redujeron de 4,2 diarios en 2017 a 1,76 en 2021, pero las desapariciones se dispararon a tres diarias. También mataron al periodista Javier Valdez. El 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió su primer jueves negro en un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán. Los criminales reaccionaron con acciones de narcoterrorismo en Culiacán y en ellas murieron tres víctimas inocentes y 11 militares fueron secuestrados. La derrota se la llevó el Gobierno Federal, pues López Obrador ordenó directamente liberar a Ovidio. Ordaz Coppel dijo no estar informado.

En 2021 ganó, por primera vez en la historia, la izquierda en el Estado. Lo hizo de la mano de Rubén Rocha Moya, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, exjefe de Asesores de dos gobernadores priistas y entonces senador por Morena. Era su tercera oportunidad. Lo logró en alianza con el Partido Sinaloense, fundado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, otro exrector a quien Rocha había criticado por convertirse en cacique de la universidad. A ese partido sigue afiliado más del 60% de la nómina universitaria y fue otro de los impulsores de la Chapodiputada. Los morenistas defendieron la alianza con el argumento de que era más importante “el proyecto” y había que “amarrar la elección”. Durante la elección de 2021, el crimen organizado participó activamente secuestrando operadores electorales del PRI, reventando casillas y amenazando candidatos en Culiacán y Badiraguato; se presentaron 44 denuncias por delitos electorales, 7 de ellas por desaparición de personas. Rocha le ganó casi 2 a 1 a Mario Zamora.

Sinaloa cerró 2022 con 495 homicidios, era la cifra más baja de los últimos 15 años, pero con 962 personas desaparecidas. El gobierno de Quirino Ordaz lanzó el “Puro Sinaloa”. Mientras los desaparecidos se acumulaban, la narrativa oficial hablaba de la pacificación del estado como caso de éxito nacional.

Pero a poco más de un año de gobierno, Rocha Moya se enfrentó a un segundo jueves negro. Esta vez el operativo fue en Jesús María, afuera de Culiacán. El Ejército tuvo éxito: Ovidio fue detenido el 5 de enero de 2023. Esta vez, el narcoterrorismo tuvo escala estatal y hasta regional: hubo 19 bloqueos y 250 despojos e incendios de vehículos desde Los Mochis hasta Escuinapa. Fueron abatidos 19 civiles y murieron 10 militares, 4 civiles más resultaron heridos. El estado entero se paralizó y la gente fue obligada a resguardarse en sus casas. El Gobierno federal agradeció la colaboración de las autoridades estatales pero Rocha Moya argumentó lo mismo que Quirino: tampoco le avisaron del operativo.

El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, secuestró a El Mayo Zambada en Huertos del Pedregal, un campestre al poniente de Culiacán, y se lo llevó con él a Estados Unidos. Ahí mismo mataron al Maestro Melesio Cuén, quien acudió a esa reunión buscando el apoyo del crimen organizado para mantener su dominio político y financiero sobre la UAS, el segundo presupuesto público más grande del estado. Un escolta de Zambada que estuvo presente era agente activo de la Fiscalía estatal y hoy está desaparecido. La FGR atrajo el caso pero no hay ningún avance público de la investigación, tampoco ningún detenido.

Antes de ser asesinado, Cuén había negociado una diputación federal plurinominal con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y había apoyado la campaña de la alianza PRI, PAN y PRD para las elecciones del 2024.

Semanas después, el 9 de septiembre de 2024, los balazos se soltaron simultáneamente en la colonia La Campiña y la sindicatura de Costa Rica, así comenzó la guerra entre las facciones que cumple casi 600 días y que en ese periodo ha dejado 3.166 asesinatos y más de 2.600 personas desaparecidas, además de casi 11.000 vehículos robados. También, 96 agentes de seguridad estatales, municipales, ministeriales y militares han sido asesinados.

Y en un hecho inédito, el 23 de abril de 2026, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más de primer nivel en Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza, el alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal, Dámaso Castro, fueron acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, de apoyar y facilitar las actividades criminales de la facción de Los Chapitos para introducir drogas a ese país.

La acusación, fechada el 23 de abril de 2026 en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dice: “RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado, es el actual gobernador de Sinaloa… es responsable de la seguridad interna de Sinaloa, lo que incluye la supervisión de las fuerzas policiales estatales y locales y la colaboración con los organismos federales del orden público mexicanos. ROCHA MOYA, un político veterano, fue elegido gobernador de Sinaloa en junio de 2021, o alrededor de esa fecha, con el apoyo de los Chapitos. Para respaldar la elección de ROCHA MOYA, los líderes… ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de ROCHA … y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición. ROCHA MOYA asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos… en las que prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel.”

“No pasa nada”, respondió Rocha.

Con base en ese documento, Estados Unidos solicitó al Gobierno mexicano la detención provisional con fines de extradición de todos los funcionarios acusados como medida cautelar. México las rechazó y la Presidencia fijó los criterios de verdad, justicia y respeto a la soberanía –en ese orden– al tiempo que exigió pruebas contundentes. “Esto no había ocurrido nunca”, dijo Sheinbaum.

Desde Sinaloa, el Gabinete, los diputados de Morena, la UAS, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 18 de los 20 alcaldes hicieron público su respaldo al gobernador.

Y mientras Rocha afirma tener la conciencia tranquila y nada que temer, Sinaloa sigue sumido en la violencia. Hasta ahora, su sexenio promedia 2,85 homicidios y tres desapariciones diarias. De acuerdo a las estadísticas, 2025 fue el año más violento en la historia de Sinaloa con 39.000 delitos del fuero común y 3.546 del fuero federal.

Sin embargo y a pesar de la explosión de violencias letales y patrimoniales, Sinaloa sigue teniendo poco más de 1.000 policías estatales, lo que lo ubica en el antepenúltimo lugar nacional por cada 1.000 habitantes; además, la Fiscalía estatal entrega 94% de impunidad en lo penal. A pesar de las evidentes carencias, el presupuesto de seguridad del estado crece marginalmente año con año.

Hoy, cada que cruzamos una nueva línea, a Sinaloa llegan “10.000 militares”. También, las autoridades han detenido a más de 3.500 personas, decomisado más de 250 laboratorios clandestinos e incautado 4.000 armas y decenas de toneladas de drogas sintéticas. En Estados Unidos, tanto Ovidio Guzmán como Ismael Zambada se declararon culpables pero acá en Sinaloa sus facciones mantienen la guerra.

En materia de drogas, la era sintética hizo del fentanilo uno de los principales negocios del narcotráfico en Estados Unidos, mientras que las metanfetaminas son el tráfico más relevante del narcomenudeo local en Sinaloa y México. A pesar de la enorme evidencia histórica de su fracaso, la política de drogas sigue anclada en el prohibicionismo al tiempo que México y Estados Unidos militarizan sus estrategias securitistas.

Esa inercia vive un punto de inflexión: el caso Rocha Moya tensó la relación bilateral como nunca. “Le manifesté [a Rocha] lo que manifiesto aquí, si no hay nada, pues no hay nada que temer”, declaró Sheinbaum. Así, el Gobierno federal arropó políticamente a su gobernador y el resto de los acusados apelando al rigor legal de la relación bilateral.

Han pasado 20 meses ya de la más violenta de las disputas criminales que ha vivido Sinaloa. Hoy, con los nombres a cuestas de miles de víctimas vemos con dolor y tristeza que la mafia sinaloense no es tan sofisticada como creíamos: corrompe, amenaza, tortura, extorsiona, asesina y desaparece como cualquier otra en el mundo.

Pero esto no se trata de “buenos y malos”, sino de un problema a atender desde la política pública con una visión de complejidad. El experto argentino, Marcelo Bergman, explica con evidencia reciente que son tres los factores, complementarios entre sí, los que posibilitan explosiones de violencias como la que ahora nos abruma y a la que no encontramos sentido: la alta demanda de productos ilícitos, la estructura de la oferta de esos productos y la debilidad del Estado que posibilita a las organizaciones criminales disputarse esos mercados en casi total impunidad.

Antes de esta guerra los sinaloenses no vivíamos en paz, sino en un equilibrio mafioso donde los más vulnerables ponían los muertos y desaparecidos mientras los líderes criminales recogían los beneficios económicos y políticos. Conviene recordarlo como punto de partida de cualquier reconstrucción posible.

Lo cierto es que Sinaloa no tiene, frente a la crisis actual, las capacidades necesarias para establecer una paz sólida sin el apoyo de la Federación. Nuestras instituciones de seguridad y justicia son insuficientes y los principales responsables de la política en el Estado están acusados de estar coludidos y proteger a la facción criminal que detonó la guerra que sufrimos todos.

Rocha Moya, el maestro normalista de profesión y político de izquierda, académico y exrector universitario, se convirtió en el primer gobernador en funciones en la historia de Sinaloa en ser acusado por Estados Unidos por narcotráfico. El viernes, en un video de dos minutos, anunció su licencia temporal al cargo; lo mismo hizo el alcalde de Culiacán, su alfil para sucederlo.

No pasa nada... pero no había ocurrido nunca.