La Fiscalía mexicana apunta a la gobernanza criminal con el ‘caso Aureoles’

Febrero ha cambiado el panorama de la justicia en México, al menos en el sentido de las posibilidades, en un momento en que Morena gestiona un poder omnímodo. Después de mandar a 29 capos y líderes criminales medianos a Estados Unidos, la semana pasada, el Gabinete de Seguridad apunta ahora a la arista institucional de la gobernanza criminal, el monstruo amorfo que domina grandes regiones del país, la pinza entre el crimen y la política. El primero en la mira ha sido Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, viejo compañero de filas de muchos morenistas, que antes compartieron con él las siglas del PRD.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Aureoles y a otros cuatro funcionarios de su Gobierno, que inició en 2015 y concluyó en 2021, del gasto irregular de más de 3.000 millones de pesos, unos 150 millones de dólares. La malversación se habría dado en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil, la corporación local de seguridad. El actual Gobierno de Michoacán, dirigido por el morenista Alfonso Ramírez Bedolla, interpuso las denuncias recién llegado al poder, en 2021. Pero no ha sido hasta ahora cuando la Fiscalía ha obtenido las órdenes de detención de un juez. Este fin de semana cayeron los cuatro colaboradores de Aureoles. El exgobernador se encuentra prófugo.

Inicia así un experimento cíclico, el delicado momento en que cada nueva Administración trata de ajustar cuentas con el pasado. La del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) trató de hacerlo con Emilio Lozoya, encargado de Pemex durante el Gobierno anterior, presidido por el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). La FGR, dirigida entonces y ahora por Alejandro Gertz, puso a Lozoya en el centro de las dinámicas corruptas del régimen, un esquema de sobornos vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, apuesta que se ha desinflado en los juzgados con el paso del tiempo.

En el terreno de los gobiernos estatales, Gertz apuntó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de triangular recursos del presupuesto estatal, entre otros asuntos, durante su Gobierno, entre 2016 y 2022. Vía recursos judiciales, el exgobernador ha conseguido pararle los pies a la dependencia, frustrando su cruzada contra la corrupción. Incluso en febrero, celebró que Interpol hubiera cancelado su orden de búsqueda, algo temporal, aclaró la FGR, consecuencia, protestaron, de los fallos de los jueces locales.

Gertz y la Fiscalía, pata autónoma del Gabinete de Seguridad, enfocan ahora a Aureoles, protagonista en su día de un enfrentamiento con López Obrador, a raíz precisamente de la corrupción. En 2021, el todavía gobernador acusó a Bedolla, futuro sucesor, de haberse aliado con el crimen organizado para ganar la elección estatal. Todo Morena se echó encima de Aureoles, movimiento dirigido en aquella época por el actual secretario federal de Educación, Mario Delgado, que llegó a augurar que el futuro del todavía mandatario estatal estaba tras las rejas.

Con Aureoles o no, doblegar la pinza de la gobernanza criminal es la asignatura pendiente de un Administración, la de Claudia Sheinbaum, que acaba de cumplir cinco meses. Su caso inicia con una acusación tangencial, en un Estado donde la extorsión a la copiosa producción agrícola resulta asfixiante, y donde la atomización de los grupos criminales se solapa con el envilecimiento de la vieja Guardia rural, corporación surgida del levantamiento de las autodefensas, hace ya más de 10 años. El Operativo Enjambre, que ha tratado precisamente de romper esa pinza en el Estado de México, ha sido la primera muestra del actuar gubernamental en este campo. Pero de momento parece algo menor, insuficiente.

Igual que tantos otros territorios del país, Michoacán emerge como el escenario perfecto para otro Operativo Enjambre, dados los históricos señalamientos de colusión entre el crimen y los poderes político y económico en el Estado. Romper la pinza aparece, además, como un activo en la mesa de negociaciones con Estados Unidos de cara al futuro, una forma de mostrar esfuerzos –y resultados– en la lucha contra el crimen organizado y sus rubros económicos, enlazado lo legal con ilegal, el control de industrias alimentarias, por ejemplo, y el tráfico de drogas y personas.