Declarado culpable el expresidente de la CNBV, Eduardo Fernández, por intento de extorsión a Televisa

El expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Eduardo Fernández García, ha sido declarado culpable en México y Estados Unidos del delito de tentativa de extorsión contra Televisa, empresa a la que exigió 250 millones de pesos a cambio de no revelar públicamente presuntas actividades ilícitas de sus directivos. El exfuncionario tenía en su contra una ficha roja de Interpol derivada de una orden de aprehensión girada por un juez de Ciudad de México por el delito de extorsión. En febrero de 2024 fue detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas y extraditado a México. Un año después, un tribunal civil de la capital mexicana y una corte judicial del Estado de Florida, en Estados Unidos, le han declarado culpable.

El juez cuarto de lo Civil ha señalado en su sentencia que Fernández García actuó con “real malicia” por lo que se le ha prohibido difundir cualquier información de la empresa, sus filiales y sus ejecutivos. Falta que en un próxima audiencia el juez determine la pena que tendrá que purgar. El expresidente de la CNBV fue advertido de que en caso de incurrir en las mismas intimidaciones o en la difusión de información sobre la situación bursátil y financiera de la televisora, deberá pagar 50 millones de pesos por daño moral.

Fernández García, quien fuera presidente de la CNBV entre 1995 y 2000, reconoció ante los tribunales haber enviado varias cartas a ejecutivos de Televisa exigiendo el pago de 250 millones de pesos a cambio de no revelar supuestas irregularidades financieras relacionadas con lavado de dinero y corrupción entre los años 2008 y 2011 que apuntaban directamente a la cúpula directiva de Grupo Televisa y que fueron realizadas a través de su empresa, Diversity Investment Corp. En 2022, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense una denuncia formal contra Televisa y sus principales directivos: el presidente Emilio Azcárraga Jean y los vicepresidentes Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez Martínez.

Ante dichas acusaciones, el grupo empresarial demandó a Fernández en una corte de Florida. Esta semana el juez Thomas J. Rebull, perteneciente al onceavo circuito judicial, ha dictado sentencia contra el expresidente por un intento de extorsión, conspiración y difamación. El juez ha determinado que Fernández García deberá pagar una indemnización a la compañía y sus directivos, y ha sido advertido de se le impondrá una penalización de cinco millones de dólares, en caso de volver a incurrir en un delito similar.

Tras su captura, Fernández estuvo varios meses en la prisión madrileña de Soto del Real y obtuvo la libertad provisional con la restricción de no salir del país. Finalmente, fue extraditado en octubre de ese año para enfrentar a la justicia en México. No es la primera vez que Fernández García se sienta en el banquillo de los acusados. En 2003, fue detenido por acusaciones de ejercicio indebido del servicio público y revelación del secreto bancario, cuando dio a conocer las cuentas bancarias utilizadas para el financiamiento de la campaña del expresidente Vicente Fox a cambio de 100 millones de pesos. El dinero fue escondido en bancos de Suiza e Italia, sin embargo, después de un mes de arraigo domiciliario, Fernández fue liberado sin cargos.