México invierte millones de pesos para convertir Tabasco en la tercera frontera de los migrantes

Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) metieron a Josué Sánchez en un bus en Ciudad Juárez, en el Estado fronterizo de Chihuahua, y lo devolvieron 2.600 kilómetros hacia el sur. A Natalia la pararon en Ciudad de México, le quitaron el celular y a las seis de la mañana la montaron en un vehículo que supuestamente iba “a un pueblito de al lado”. Gregorio Villanueva fue subido a un avión en Monterrey. Todos son migrantes y todos han sido “deportados” sin saber por qué a Villahermosa, Tabasco, la ciudad que el Gobierno de México ha convertido en la tercera frontera para los que llegan por Guatemala y quieren alcanzar Estados Unidos. La Administración de Andrés Manuel López Obrador destina al traslado de personas en situación irregular en buses y aviones 672 millones de pesos (36 millones de dólares). Solo entre enero y abril de este año han llevado a más de 20.000 personas a la localidad tabasqueña. Los testimonios de más de 15 migrantes revelan los detalles de esta técnica de desgaste, que las ONGs denuncian como una vulneración de los derechos de personas que huyen de países como Honduras, Venezuela o Ecuador.

La Estación Migratoria de Villahermosa, la primera parada de los detenidos, a los que el INM suelta prácticamente de inmediato, es una mole blanca en un polígono industrial a las afueras de la ciudad de 340.000 habitantes. Por fuera hay un grupo de 40 personas de la India, Rusia y Vietnam. Sentados, miran fijamente el móvil para saber a dónde han llegado hace tan solo media hora. Estuvieron dos días pegados al asiento de un bus para recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan la ciudad fronteriza de Tijuana de Villahermosa.

Dos horas después llegan otros dos buses. A los 30 minutos salen unos 15 venezolanos. Entre ellos está Josué Sánchez, que hace dos años dejó de Venezuela porque no encontraba trabajo. Ese viernes 2 de agosto la migra lo pilló en Coatzacoalcos, una ciudad veracruzana a apenas dos horas en coche de Villahermosa. Solo dos días antes lo capturaron en Ciudad Juárez, y el traslado de 28 horas a la ciudad tabasqueña fue peor. “Estoy moviendo cielo y tierra, porque todo el dinero que tenía lo gasté en las dos veces que me han regresado”, añade.

El Gobierno mexicano destina a viajes como el de Josué Sánchez 576 millones de pesos. El INM saca cada año una licitación para el “servicio de transportación vía terrestre” de migrantes. El trato de este año con la empresa de autobuses ETN Turistar Lujo S.A. tiene una vigencia desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024, según el portal de comprobación de contratos públicos Compranet. El monto total para la deportación interior y exterior de personas por carretera desde 2019 asciende a 2.212 millones de pesos (118 millones de dólares), según la misma fuente pública. La otra transportista con la que Administración ha pactado para estos movientos dentro de las fronteras y a otros países con vuelos charter es Grupo Aéreo Monterrey SA. El documento firmado este año muestra un acuerdo de 98 millones de pesos.

Más de 20.000 personas han sufrido el traslado desde Estados mexicanos fronterizos del norte a las ciudades del sur. Villahermosa recibe cuatro de cada diez buses en los que se trasladan a los migrantes, según los datos a los que tuvo acceso la ONG IMUMI a través del protal de trasnparencia del INM. En uno de esos vehículos llegó a la ciudad tabasqueña Diana Acosta con su marido y sus dos hijos de 6 y 16 años. Los detuvieron en Ciudad de México. “No nos informaron nada, cuando nos montamos preguntamos, porque teníamos derecho a saber, pues, para dónde nos llevaban”, dice la venezolana de 34 años. Con el motor en marcha fue cuando las autoridades le dijeron que iba a Villahermosa. Ella y su familia habían ahorrado durante cinco meses en Arriaga (Chiapas) para pagarse el viaje al norte.

La meta de Acosta y su familia es llegar a Estados Unidos. “Queremos tener algo estable, tener un capital para rehacer nuestra vida”, explica angustiada. Ahora se refugia en el Albergue Amparito, el único que hay en Villahermosa. En las literas del alojamiento duermen cada día 100 personas que se registran y tienen que dejar el lugar cada dos días. Bajo el techo de chapa, que aumenta el calor de un largo pasillo con dos grandes habitaciones a los lados, los migrantes miran en su teléfono noticias sobre Venezuela, inmersa en unas postelecciones turbulentas, y escrutan las posibilidades para volver a salir hacia el norte.

Josué Martínez, coordinador del área de atención social de Amparito, explica que la asociación se ha visto desbordada en el último año. “Desde mayo de 2023, cuando cerró el título 42, empezaron a hacer deportaciones masivas. Fue la primera vez que el albergue recibió 400 personas. Este año en un mes atendimos a 673 personas”, explica Martínez. La saturación que vive el albergue es la misma que la zona sur de México. Chiapas ha sido desde hace años el punto de entrada de las personas que vienen desde Sudamérica y Centroamérica y el principal lugar de detención de indocumentados. Ese paradigma ha cambiado este año. La captura de migrantes es un 28% superior en Tabasco que en Chiapas, según el boletín estadístico mensual del INM.

¿Por qué 21.939 personas [1 de cada 3 que han sido trasladados en México] fueron llevadas específicamente a Villahermosa desde distintos puntos del país en los primeros cuatro meses de 2024? Martínez esgrime una razón. “Solo hay una carretera hacia el norte, hacia Coatzacoalcos, eso hace una especie de embudo, en comparación con Chiapas y Oaxaca, que tienen muchas más salidas”, explica el coordinador. Ese jueves, dos de los tres autobuses que arribaron a la estación migratoria llegaron con personas detenidas en Coatzacoalcos. “Hay gente que les han regresado tres o cuatro veces, es una especie de juego, un juego muy feo, en donde el objetivo es cansar a la gente”, denuncia Martínez. En la ciudad hay muchas menos redes de protección —oenegés, albergues, instituciones públicas de migración— que en Tapachula, otra localidad del sur, en Chiapas, acostumbrada a la llegada de migrantes.

Este periódico envió varias preguntas al área de comunicación del INM para conocer por qué estas personas eran trasladadas a Villahermosa y obtener información de otros aspectos de estos viajes. Hasta la publicación de este reportaje no ha recibido respuesta.

—¿A mí por qué no me entrevistas?—, pregunta un niño venezolano de 9 años en el albergue.

—Claro, ¿de dónde vienes?

— A mi madre la violaron en el Darién.

La mayoría de los migrantes que duermen en Amparito son venezolanos. Ya han viajado los duros kilómetros que atraviesan Centroamérica para ingresar a Estados Unidos y gastado mucho dinero cuando trataban de alcanzar la frontera. Natalia, un nombre inventado que la mujer elige para proteger su identidad, salió con 6.500 dólares de Venezuela y le quedan 350. “El Darién [la mortal selva que separa Colombia y Panamá y que cruzan miles de personas cada año] es chiquito comparado con esto, el verdadero infierno es aquí [México]”, relata.

A la mujer, que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la detuvieron cuando iba a llegar a Ciudad de México sobre las seis de la madrugada. Le quitaron el móvil, la bajaron del bus en el que viajaba y la subieron a una combi que la traslado a una estación migratoria. Estuvo allí 12 horas. Luego la montaron a otro bus. “El señor nos dijo que nos iba a enviar cerca de ahí. Teníamos 10 días de libre tránsito, pero nos devolvieron hasta acá [Villahermosa]”, explica la mujer. “¿Cómo nos defendemos? ¿Qué podemos hacer ante esto?”, clama cabreada.

Recostada en la cama inferior de su litera, donde el calor abrasa bajo el techo de chapa, Natalia alista sus cosas para al día siguiente caminar hacia Coatzacoalcos. “O la mafia nos secuestra o ustedes [las autoridades migratorias] nos devuelven. Nos están obligando a que nosotros tengamos que pagarle a los carteles”, dice la venezolana que le reclamó a los agentes del INM.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en atender las causas de la migración y dar un buen trato para los extranjeros indocumentados. La realidad es otra. El dinero que el Gobierno ha usado para trasladar a los migrantes son 672 millones de pesos. La cifra contrasta con el presupuesto de 52 millones de pesos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), un organismo clave para que las personas sin documentación comiencen un proceso formal para regularizarse en el país y evitar abusos de las autoridades y los carteles. El presidente de la Comar lleva años demandando más financiación para la institución porque sus oficinas están saturadas. El INM solo ha otorgado 1.243 visas por razones humanitarias en los primeros cinco meses de este año, mientras que en el mismo periodo de 2023 entregó 68.284.

Eunice Rendón, coordinadora de la consultora Agenda Migrante, explica que la política interior mexicana ha estado plegada a los intereses de Estados Unidos. “México ha estado una y otra vez presionado por Estados Unidos en política migratoria y eso terminó desdibujando completamente la idea, o al menos el discurso, del presidente López Obrador”, explica.

Las medidas son aún más duras este 2024. Las detenciones de migrantes en México han aumentado un 200%. Una práctica que la Organización Internacional para la Migración (OIM) de la ONU solo recomienda “como último recurso”. Solo en los primeros seis meses de este año, con 712.226 arrestos, están a punto de superarse los 786.176 de todo el 2023.

Las políticas de detención y “deportación” interior se potenciaron a partir de diciembre de 2023. Ese mes, Estados Unidos batió el récord de intercepciones en su frontera sur. En plena Navidad hubo una reunión “atípica” entre una delegación estadounidense y el Gobierno mexicano para negociar sobre migración. “México hace la política del desgaste, que es detener a las personas, una y otra vez, cuando van llegando hacia Estados Unidos”, explica Rendón.

Gregorio Villanueva se entregó en el Estado norteño de Nuevo León para ser deportado a su país, Ecuador, al que quiere volver porque su madre está enferma. Ya no tenía fuerzas para llegar a Estados Unidos, a pesar de que estaba casi en la frontera. “El viaje fue puro sufrimiento. Sin comida, en la calle. Mi familia es de bajos recursos. Me quedé un mes y medio trabajando en Ciudad de México”, explica el chico de 27 años. Las autoridades migratorias lo subieron a uno de los aviones por los que el Gobierno paga 98 millones de pesos al año. Al llegar a Villahermosa, le dijeron que quedaba libre y que no tenía vuelo de deportación. “Me entregué y pensaba que me iban a llevar a mi país. Me dijeron que en 10 días tengo que abandonar Villahermosa”, explica el hombre, que busca vuelos desde Cancún a Quito, todos a un precio desorbitante.

El abogado de la asociación Assylum Access de Tabasco, Alejandro López, argumenta que en las estaciones migratorias es muy difícil saber que se le dice a los que entran. “Si no quieren regularizar su situación los migrantes firman el oficio de salida, un documento que le ordena a la persona abandonar México por la frontera sur más cercana”, explica el abogado sobre el escrito que recibió Villanueva. “Se complica poder tener acceso a las personas [en las estaciones] para poder conocer las condiciones de atención, cómo se llevó a cabo la detención y cómo está funcionando ahora el mecanismo de migración”, explica López. El abogado denuncia que en su bufete han llevado casos de personas trasladadas a pesar de contar con una petición de asilo e, incluso, con residencia permanente en México.

El Gobierno ha dado pocos detalles de esta “deportación” interior. “Allá afuera, están mostrando una imagen totalmente contraria a la que nosotros estamos viviendo. La autoridad nos echa a pagarle a las mafias, y con nuestro dinero cada vez le dan más poder a los carteles”, explica Natalia. Para el coordinador del albergue Amparito solo hay una cosa clara: “Muchas veces dicen ‘ganó Trump y no se construyó el muro’. Pero el muro no es literal, físico. No. El muro es todo México”.

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