Fraudes, cobros no reconocidos y poca transparencia: los riesgos de tener una tarjeta de crédito departamental

México es de los pocos países en el mundo que ofrece a su población una variedad de opciones para hacerse de un crédito. Están las instituciones financieras, las sociedades financieras de objetivo múltiple (SOFOM), las sociedades financieras populares (SOFIPO), las tiendas departamentales, y las plataformas digitales, como Didi o Rappi, que facilitan créditos y préstamos. Las dos últimas opciones que se mencionan son la principal fuente de crédito formal para la población consumidora, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Obtener una tarjeta departamental “conlleva un riesgo significativo para los consumidores. Suelen tener tasas de interés y costos anuales totales más elevados que las tarjetas bancarias”, se lee en el último informe publicado por Tec-Check, una asociación civil de consumidores en línea, titulado Derechos y reclamaciones de consumidores en bancos, no bancos y Fintech en México. “Además, al no estar reguladas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, existe menor trasparencia en comisiones y contratos”, añaden.

Las SOFOM nacen en la década de los noventa. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) exigió a México la creación de “figuras que no captaran ahorros de sus clientes y que únicamente se concentraran en el otorgamiento de crédito a sectores específicos”. Las SOFIPO surgen hace 15 años con la intención de llegar a sectores más vulnerables de la población. “Dado su modelo de negocio, las SOFIPO representan el vehículo más útil para promover los servicios financieros digitales”, según dice el reporte.

Condusef no regula las tarjetas departamentales

De acuerdo con el Gobierno de México, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) es la entidad encargada de vigilar el comportamiento de esos productos al encontrarse bajo una regulación comercial y no financiera. Por lo tanto, “las personas consumidoras de tarjetas departamentales son excluidas de la protección y defensa de la Ley de Condusef”.

La Comisión Nacional para la Protección de Datos de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es la entidad obligada a defender a los consumidores de las entidades que integran el sector financiero, como son los bancos o Fintech. El problema con Profeco, según explica el reporte, es que “obliga a los consumidores a presentar sus reclamaciones presencialmente si el proveedor no está dispuesto a registrarse en los canales digitales de conciliación de la entidad”.

Estas fueron las principales quejas registradas por el reporte: consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida, cargos no reconocidos en la cuenta, solicitud de cancelación de producto o servicio no atendido y/o no aplicado, inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones, pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto o servicio, incumplimiento con los términos del contrato, bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso, consumos vía internet no reconocidos.

Las tiendas departamentales de Liverpool y Coppel son las que más denuncias acumulan. Solo la primera tiene 344 quejas por fraude, 77 por cuota extraordinaria (se define como una cantidad de dinero que se solicita de forma adicional a las cuotas ordinarias) y 124 por actos de cobranza.

Mucha gente opta por tramitar una tarjeta departamental cuando apenas busca generar historial crediticio y los bancos tradicionales se niegan a otorgar una línea de crédito o un préstamo por diversas razones. Sin embargo, y de acuerdo con el reporte de Tec-Check, hacerse de este servicio implica un riesgo alto al no estar reguladas bajo la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. El informe concluye con más de 20 recomendaciones de política pública como “emitir una norma sobre contratos de adhesión para tarjetas otorgadas por tarjetas departamentales, de autoservicio y plataformas digitales” en la que, basándose justamente en la Ley de Transparencia, “Profeco establecería una serie de estándares y medidas que estos proveedores tendrían que cumplir para que los consumidores tengan acceso a términos y condiciones específicos y claros, sin importar el proveedor o tipo de producto”.

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