Hallados siete cuerpos, cinco de ellos decapitados, en el anillo periférico de Puebla

Autoridades del Estado de Puebla han encontrado este viernes los cuerpos de siete personas abandonados en un vehículo, en el anillo periférico de Puebla, en la zona sur de la ciudad. De los siete, cinco estaban decapitados y uno más desmembrado. El fiscal general del Estado, Gilberto Higuera, ha informado en conferencia de prensa de que junto a los cuerpos han encontrado mensajes acusando a las víctimas de diferentes delitos. Preguntado por un posible motivo de la masacre, Higuera ha dicho que “pudiera tratarse no solo de una disputa [entre grupos criminales], sino de una acción de dominación de un grupo delictivo sobre personas determinadas, con posibles fines de reclutamiento”.

Higuera ha comparecido ante la prensa junto al gobernador del Estado, Sergio Salomón, el secretario de seguridad estatal y presidentes municipales de la capital y las localidades colindantes, además de mandos de seguridad federales. La puesta en escena ilustraba la gravedad del asunto. Salomón ha tomado la palabra primero y ha dicho que “Puebla debe seguir siendo una entidad en la que la violencia criminal no encuentre tierra fértil para propagarse. Hago un llamado a la reflexión”, ha añadido el mandatario, “es momento de estar unidos. Cerrar paso a la delincuencia implica la acción de las fuerzas de seguridad, pero sobre todo implica concientizarnos todas y todos”.

Atrocidades como la de este viernes en Puebla son relativamente comunes en México. Tan es así que, de unos años para acá, y dada la oleada de violencia que sufre el país, la sociedad busca nuevas formas de contarla, catalogarla y clasificarla. La organización Causa en Común, por ejemplo, realiza un conteo anual de atrocidades, que define como el “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

Dentro de las atrocidades, Causa en Común maneja varias categorías, entre ellas casos de tortura, hallazgo de fosas clandestinas, linchamientos, asesinatos de periodistas y actores políticos, o masacres, asesinatos de tres o más personas. Solo en 2023, la organización contó 447 masacres en el país. De esas, 15 ocurrieron en Puebla. Asumiendo la gravedad de la situación –15 matanzas en 365 días, en un Estado de seis millones y medio de habitantes– Puebla no destaca especialmente en este apartado, lo que habla del estado desastroso de la seguridad en el país.

El fiscal Higuera ha dicho que las autoridades supieron de los cuerpos por una llamada al número de emergencias, a eso de las 6.00. Primero llegó la policía, que acordonó el lugar y luego peritos de la Fiscalía y agentes de la dependencia, que levantaron los cadáveres y resguardaron las primeras pistas, como los mensajes hallados junto a los cuerpos. “En cada uno encontramos un mensaje escrito en papel, refiriendo la razón de la privación de la vida. Todos los mensajes les acusan de ser partícipes de actividades delictivas como narcomenudeo, robo a transporte, extorsión”, ha dicho el fiscal.

Higuera ha informado también de que el vehículo había sido robado el 30 de marzo y de que, por las imágenes de cámaras de seguridad, se sabe que dos personas, conductor y copiloto, lo dejaron en medio del periférico, cruzaron al otro lado y se subieron a otro vehículo, huyendo de allí. De momento no hay pistas sobre la identidad de las personas que abandonaron el carro o los que les ayudaron a huir. Tampoco se conoce la identidad de las víctimas.

Periodistas que atendían a las palabras del fiscal y el gobernador han preguntado lo que todo el mundo se pregunta ahora mismo: por qué y con qué está relacionado este asunto. La primera pregunta refería precisamente a un vídeo propagandístico de un grupo criminal, presuntamente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, divulgado hace tres días. En las imágenes, los criminales, armados y con la cara tapada, denunciaban a mandos policiales estatales por su presunta colaboración con criminales. “Se investiga si el video tiene relación con este hecho”, ha dicho el gobernador. También le han preguntado si este hecho estaría relacionado con el ataque contra la directora de un penal estatal, a principios del mes pasado, pero la respuesta ha sido la misma.

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