El juez sentencia a 50 años a 11 policías por la masacre migrante de Camargo

Un juez de Tamaulipas, en el noreste de México, ha sentenciado a 11 policías a 50 años de cárcel por el asesinato hace casi tres años de 19 personas, la mayoría migrantes, en el municipio de Camargo. El juez ha condenado además a otro agente, colaborador de la Fiscalía local, a 19 años, por abuso de autoridad y delitos contra la administración de la Justicia. Se cierra así el primer círculo de justicia del caso Camargo, un hito en la historia judicial en México, que ha visto durante años el ataque indiscriminado contra los migrantes que cruzan el país, en busca de la frontera con Estados Unidos.

Se cierra un círculo, pero se abren otros. Después de cinco meses, el juicio que ahora termina deja pendiente la posible implicación de otros 12 policías, presentes el día de los hechos en el lugar del ataque, según declaró el agente colaborador, Ismael Vásquez León. Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado si ha pedido su detención o si al menos los investiga. Tampoco ha dicho si los agentes siguen trabajando para la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

En todo caso, el fallo del juez cierra una década de injusticias contra la población migrante en el país. Registrado en enero de 2021, el caso Camargo ocurría diez años después de la masacre de San Fernando, también en Tamaulipas. Entonces, criminales asesinaron a 72 migrantes en una bodega a las afueras del pueblo, apenas unos cientos de kilómetros al sur de Camargo. Al año siguiente, delincuentes desaparecieron a decenas de personas, mexicanos y extranjeros, en el mismo municipio. Al menos 193 cuerpos aparecieron en fosas entre abril y mayo de 2011.

En los casos de San Fernando, reporteros y autoridades han señalado que la disputa de grupos criminales en la zona atrapó a las caravanas migrantes. Apoyados en la desidia o la complicidad de las autoridades, los delincuentes veían en los forasteros una oportunidad o un peligro. Una oportunidad para engrosar sus filas, un peligro si reforzaban a los contrarios. Así pues, a muchos los mataban y luego los tiraban en fosas. Durante meses, nadie hizo nada.

El caso Camargo es algo distinto. Nunca ha quedado claro el móvil del ataque. El 22 de enero de 2021, un grupo de al menos 17 migrantes, la mayoría de la sierra sur de Guatemala, y sus guías transitaban los caminos de tierra de la zona rural de Camargo, pueblo fronterizo. La intención era cruzar al otro lado. Pero en una de las brechas, seis vehículos de la policía estatal, dos camionetas y cuatro tanquetas del Grupo de Operaciones Especiales de la corporación (GOPES), los interceptaron.

Según el relato del policía arrepentido, inició un tiroteo que acabó con parte del grupo migrante muerto. La mayoría eran jóvenes. Había hombres y mujeres, todos de comunidades muy humildes, todos con la esperanza de encontrar una oportunidad en Estados Unidos. La Fiscalía demostró en el juicio que ni los migrantes ni sus guías, dos ciudadanos mexicanos, dispararon contra los policías. Tras el ataque inicial, que inició sin que aún se sepa el motivo, los mandos policiales, el agente Horacio Rocha Nambo, comandante del GOPES, y Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora en la zona de la policía estatal, ordenaron rematar a los supervivientes. Luego, les rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

Han sido dos años y unos meses de investigación y casi un semestre de juicio. En todo este tiempo, el único policía que ha hablado ha sido Vásquez León. Los demás han mantenido la omertá y, ahora, pasarán buena parte del resto de su vida en la cárcel. En un comunicado divulgado esta noche, la Fiscalía ha dicho: “Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con las instancias nacionales e internacionales, para no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables como son las personas en situación de migración”.

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