El Gobierno mexicano asegura que ha decomisado más de 39.000 armas ilegales en lo que va del sexenio

Desde diciembre de 2018 al mes pasado, las autoridades mexicanas decomisaron 39.782 armas de fuego, según ha informado este martes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Como cada dos martes, Sandoval y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, han comparecido ante los medios, junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa que el mandatario ofrece por las mañanas.

Sandoval ha informado de los decomisos a preguntas de periodistas. “Son armas de diferentes calibres”, ha explicado el funcionario. “Aquí hay que considerar que de estas armas, se ha visto un incremento muy importante en ametralladoras calibre 50 o fusiles Barrett. Estas armas son de producción estadounidense”, ha añadido. De media, las autoridades han decomisado cada año unas 10.000 armas, incluso en 2020, año de la pandemia. Además de las armas, Sandoval ha explicado que se han incautado de 168.000 cartuchos estos años.

Las ametralladoras calibre 50 son extremadamente poderosas, más que las que manejan las mismas Fuerzas Armadas, capaces de atravesar vehículos blindados. Su presencia creciente en México solo se explica a partir del contrabando ilegal a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En México, comprar un arma de manera legal es infinitamente más complicado que en el país vecino. La Secretaría de la Defensa es la única dependencia con permiso para hacerlo y da pocos permisos cada año.

Los datos de decomisos dan contexto al malestar del Gobierno con los fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes culpan de la crisis de violencia que vive el país. En estos años, el Ejecutivo de López Obrador ha presentado dos demandas contra fabricantes de armamento en el país vecino. La primera fue en agosto de 2021. México acusó entonces a las compañías, entre ellas Smith & Wesson, Glock, Colt, o la misma Barrett, de “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.

Un juez de Massachusetts desechó la demanda en septiembre, alegando que las leyes de aquel país protegen a los fabricantes, pero días más tarde, el canciller, Marcelo Ebrard, anunció la presentación de una nueva demanda, esta vez en Arizona. Ebrard dijo entonces que esta nueva intentona intentaba aprovechar una legislación que acababa de entrar en vigor, que establece como delito federal el tráfico ilegal de armas y sanciona a prestanombres o a quienes compren armas que vayan a ser utilizadas por grupos criminales.

En México, decenas de grupos criminales, amparados en nudos de poder político-económicos, enfrentan a las autoridades con armas cada vez más poderosas, aprovechado los canales de contrabando, ante la incapacidad o la complicidad de las agencias de control fronterizo. El tráfico de armas ha sido uno de los motivos por los que el Gobierno de López Obrador decidió entregar el control de aduanas a las Fuerzas Armadas.

“Pensamos que las armas que vienen de Estados Unidos pueden estar entrando por las fronteras con Texas y California”, ha dicho Sandoval. El general secretario ha dicho que alrededor del 70% de las armas decomisadas son de origen y fabricación estadounidense.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país