Lorenzo Córdova: la última batalla del árbitro que se puso los guantes y subió al ring

Lorenzo Córdova intentó alguna vez que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzara con el pie derecho. En 2018, después de las elecciones en las que resultó electo el candidato de Morena, Córdova le hizo llegar un ofrecimiento a través del que sería el consejero jurídico presidencial, Julio Scherer. Puso sobre la mesa que los consejeros electorales y otros altos mandos del INE se bajarían voluntariamente el sueldo en un 12%, en sintonía con el discurso de la austeridad gubernamental abanderada por López Obrador en campaña. Era como pactar una tregua por adelantado. Los consejeros del INE están entre los funcionarios técnicos mejor pagados del país. Para el presidente entrante, sin embargo, el acuerdo ofrecido era insuficiente. Quizá no tanto por el monto como por los modales, eso tan frágil, tan fácil de transgredir inadvertidamente. Scherer, que comunicó la oferta a López Obrador, regresó con Córdova y le dio contestación: aquí manda Palacio Nacional. “El mensaje desde la Presidencia era que no, que los sueldos se bajaban lo que el presidente decía”, cuenta Córdova. El mandatario instauró entonces una ley para que ningún funcionario gane más que él, unos 120.000 pesos al mes, y en torno a ese discurso han orbitado sus descalificaciones a los órganos autónomos: que sus funcionarios quieren conservar sus privilegios, que son oligarcas, que no les importa el pueblo.

La respuesta de Palacio Nacional fue recibida en el INE como un acto de autoritarismo del Ejecutivo. “Lo que pasa es que con los órganos autónomos este Gobierno ha asumido una lógica de subordinación. No se ha entendido lo que significa la autonomía, y todos los órganos de control resultan molestos”, resume Córdova. ¿Por qué el funcionario electoral cuenta esta anécdota hasta hoy desconocida? Lo hace desde su oficina donde los libreros ya están vacíos y las paredes desnudas, entre el eco que testimonia todas las mudanzas. Córdova, de 51 años, concluye este lunes su gestión como presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo encargado de organizar los comicios y garantizar los resultados. Se diría que ha roto lanzas, que ha quemado las naves, que anda como quien no tiene nada que perder. Tras nueve años de presidente y otros dos y medio como consejero, reconoce que en la última etapa de su gestión dejó de ser un árbitro discreto y asumió un enorme protagonismo político, para muchos contraproducente, en su afán de oponerse a las reformas electorales impulsadas por el Gobierno, el llamado “plan B”, que afectaban directamente las funciones del INE. “Es que no nos quedó de otra”, justifica en entrevista con EL PAÍS, la última que da a un medio como presidente del órgano electoral.

“Como decía José Woldenberg, el mejor árbitro es el árbitro discreto. Y sí, si no se ve obligado, por la irresponsabilidad o falta de lealtad con las reglas del juego de los actores políticos, a tener que sacar tarjetas. Es decir, idealmente, el árbitro es discreto, pero cuando los jugadores violan las reglas, el árbitro se tiene que hacer presente y tiene que ser enérgico en la aplicación de las reglas. Eso es lo que le pasó al INE”, explica. “Pero, además, los ataques y las descalificaciones de que fuimos objeto, no de un partido que perdió elecciones, no de un partido de oposición que reclama el arbitraje, sino del poder. Y frente a eso, el INE tenía dos alternativas: o mantener un ánimo de pasividad y dejar que la única voz en el campo fuera la de la descalificación sobre la base de falacias y mentiras, o tener que salir a aclarar, que no a confrontar. Pero a mí me queda clara una cosa: nosotros no somos los que empezamos esto. El Gobierno empezó una lógica de descalificación institucional y personal. En esta historia, el único pecado del INE fue defenderse”.

Córdova, un abogado constitucionalista, ha recogido sus libros de Derecho y ha quitado las fotografías personales que colgaban de las paredes. Ya está todo guardado en cajas. Volverá a trabajar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es académico e investigador. Le han ofrecido dar cátedras en universidades extranjeras, que él aún valora aceptar, pero no antes del proceso electoral de 2024, cuando se elegirá un nuevo presidente de la República —sucesor de López Obrador— y las dos Cámaras del Congreso. Para él, quedarse en México es la mejor manera de defenderse de la más que probable andanada de venganzas del oficialismo en su contra. También quiere estar presente para, desde la academia y los medios, mantener una conversación pública sobre la salud de la democracia en el país de cara a 2024. “Creo que va a venir una persecución contra quienes dejamos el cargo. Y además es el sello de la casa. Lo han hecho en el pasado: por cumplir nuestro trabajo nos han denunciado penalmente. Me gustaría equivocarme, yo me voy muy tranquilo sabiendo que cualquier acto en ese sentido va a ser en realidad una persecución política”, dice.

—¿No es usted aquel réferi que al final de su gestión se puso los guantes y entró a la pelea?

—Creo que en los últimos meses mi actuación me colocó en una situación en la que yo ya no podría organizar elecciones generando la confianza necesaria a todos los actores políticos. Eso me queda claro. Sin embargo, también me queda clara una cosa: que cuando crucé esa línea yo ya no tenía ninguna elección que organizar enfrente. Lo hice sabiendo que me iba. Si mi mandato no terminara en unos días, sino dentro de dos años y yo fuera el responsable de coordinar los trabajos para organizar las elecciones el 2024, probablemente la vehemencia de la defensa del orden constitucional y democrático con la que he asumido mi rol en los últimos meses ya me habría desacreditado, descalificado, para seguir siendo un árbitro. Pero es el paso que tuvimos que dar.

El jueves pasado Córdova encabezó la última sesión del Consejo General del INE como su presidente. Al concluir y despedirse, dijo: “¡Larga vida al INE!”. Sus compañeros le aplaudieron de pie. Este viernes habló por teléfono desde temprano con Guadalupe Taddei, elegida por la Cámara de Diputados como su sucesora en el cargo de presidenta del árbitro electoral por un periodo de nueve años. Ya la conocía. Dice que la respeta y la reconoce. Fue el propio INE el que designó a Taddei en su momento como presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sonora. Otra funcionaria, Rita Bell, electa como consejera por el Legislativo, también tiene carrera electoral: el mismo INE la había nombrado integrante del Instituto Electoral de Oaxaca. Los otros dos nuevos consejeros son Arturo Castillo Loza, un abogado que hizo carrera en el Tribunal Electoral federal, y Jorge Montaño, exmagistrado y luego fiscal electoral de Tabasco. Córdova considera que sus perfiles demuestran conocimiento en la materia y prometen autonomía, aunque deplora que hayan sido elegidos mediante un sorteo al azar y no por consenso de los partidos. “Parece que vivimos tiempos de renuncia de la política”, dice.

“Yo lamento mucho que no haya existido un consenso político que les permitiera a los cuatro nuevos integrantes llegar sabiendo que, si bien no tienen un cheque en blanco, sí cuentan con el respaldo de una operación política”, explica. Ese respaldo político, dice, le hubiera permitido a Taddei escapar a la narrativa que desde ya la intenta definir como una “correa de transmisión” del Ejecutivo, dados los vínculos políticos de sus familiares con el Gobierno y con Morena. “La nueva presidenta va a tener que demostrar con sus decisiones y con sus posturas la independencia frente a los intereses políticos que demanda el cargo y la autonomía frente a los poderes. Por estos cuestionamientos, si de todos modos la independencia y la autonomía tienen que comprobarse, en el caso de Guadalupe Taddei va a haber un escrutinio público mayor, lo cual le va a generar a ella un contexto exigencia”, señala.

Córdova es hijo del politólogo Arnaldo Córdova, un ideólogo que siempre fue cercano al movimiento de López Obrador. El mandatario le respetaba, y ha usado su legado y figura para atacar a Córdova, de quien ha dicho que no tiene la estatura de su padre. Pero el aún presidente del INE está seguro de que Arnaldo, que también era abogado, estaría más de su lado que del de López Obrador en estos tiempos que corren. El funcionario electoral celebra la decisión del Supremo de suspender los efectos del “plan B” oficialista, que considera una de las peores reformas legales en México. “El plan B puede pasar a la historia como la reforma peor hecha en términos legislativos, la reforma peor procesada políticamente, y además con la mayor cantidad de inconstitucionalidades de la historia. Y por eso era previsible que una norma de esta naturaleza no solamente fuera objeto de suspensiones judiciales”, sostiene. “Aunque el plan B todavía no está muerto jurídicamente, existen altas probabilidades de su fracaso en el estado de cosas actual”, anticipa.

Si bien el funcionario electoral considera que es deseable la derrota judicial de la reforma de López Obrador, también cree que subyace un riesgo a pagar: una inestabilidad política en las elecciones de 2024 alimentada por el propio Gobierno y el partido oficialista, Morena. Tal como sucedió en Estados Unidos con Donald Trump y en Brasil con Jair Bolsonaro, expone. “Se va a comenzar a construir lo que ya está anunciado: la falsa crónica de un posible fraude. El presidente ha venido construyendo el argumento de la necesidad de una reforma electoral para ‘evitar que continúe habiendo fraudes’. Si la Corte llegara a decretar que el plan B jurídicamente no prospera, pues va a incrementar de manera todavía más agresiva su descalificación al máximo órgano de control en nuestro diseño constitucional”, advierte. “Si el plan B se cae, durante un año se va a estar construyendo y reforzando la idea de que en 2024 puede haber un fraude. ¿Para qué? Pues como pasó en Estados Unidos y en Brasil: para usarse en caso de ser necesario. Quien construye la idea del fraude es para que, si los resultados no le gustan, sean cuales sean, entonces diga que hubo un fraude. Y creo que en ese sentido la del 2024 va a ser una elección de una enorme complejidad”.

Córdova cavila un último consejo, de colegas, para su sucesora, la nueva presidenta del INE: tiene que construir una “contranarrativa” para explicar a los ciudadanos que, con las reglas hoy vigentes, es imposible que se comenta un fraude electoral. “Debe tratar de evidenciar que el único fraude que puede haber en México es el del discurso del fraude”, dice.

El funcionario muestra en el cuerpo la soltura de quien se va en paz. Cuando se le pregunta cómo está, cómo se siente, echa un suspiro que parece de alivio, el gesto del que deja una carga y descansa al fin. Camina por entre las cajas empacadas, posa para las fotos frente a su librero vacío. También visita el salón del Consejo General y posa en la Herradura de la democracia, que presidió los últimos nueve años de su vida. Quizá sea la última vez que pise este lugar, porque la ley electoral le impide volver a trabajar para el INE. Córdova dio esta batalla hasta el último momento. Al cruzar la puerta de salida quizá esté entrando en una nueva pelea.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país