Un senador pide al Legislativo un juicio político para destituir a la ministra Yasmín Esquivel

El senador Germán Martínez Cázares demandó al Congreso el inicio de un juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel a fin de que sea destituida de su cargo como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El legislador sin partido promovió una primera denuncia el pasado 19 de enero, luego de las primeras revelaciones de plagio académico cometido por la jueza en su tesis de licenciatura en la UNAM. A partir de la publicación de EL PAÍS de un nuevo caso de plagio cometido por Esquivel, ahora en su tesis doctoral sustentada en la Universidad Anáhuac, el senador presentó una ampliación de su escrito de denuncia. Martínez Cázares sostiene que la publicación periodística demuestra que Esquivel no cumple con la honorabilidad y la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Supremo mexicano.

“Esto no se puede permitir. Un juez debe estar limpio, debe juzgar con decencia, un juez debe tener en orden sus papeles para pacificar con sus sentencias”, ha dicho el legislador. Dado que los ministros son nombrados por el Senado de la República a partir de una terna elaborada por el Presidente de la República, los jueces solo pueden dejar el cargo por causas graves y contar con autorización del Ejecutivo y de la Cámara alta. Por tratarse de servidores públicos con protección del fuero constitucional, la Cámara de Diputados debe autorizar, por mayoría de votos, el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra, a fin de retirar dicha protección y poner al funcionario a disposición de las autoridades administrativas, si es el caso.

Martínez Cázares, que colaboró con Morena y con Andrés Manuel López Obrador al inicio del Gobierno —de quienes después se distanció—, es consciente de que su iniciativa tiene un papel más simbólico, destinado a elevar la presión política sobre el caso, y que la viabilidad de que la propuesta salga adelante es complicada. Morena tiene la mayoría en la Cámara y López Obrador ha mostrado su apoyo a la ministra desde el inicio de la polémica. Esquivel fue nombrada en 2019 por el presidente. De hecho, era la favorita del mandatario para presidir el alto tribunal mexicano.

En su demanda dirigida a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara baja, el senador indicó que existen elementos de prueba suficientes que “evidencian actos reiterados de falta de probidad, honorabilidad y respeto que lastiman seriamente la buena fama en el concepto público que de la servidora pública se tenía”, según su escrito. Y agrega: “La permanencia de la servidora pública denunciada dentro del Alto Tribunal lastima seriamente la buena fama en el concepto público que se tiene de la Suprema Corte […] y redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho —particularmente aquel relativo a la debida administración de justicia y procuración del Estado de Derecho—, causando un perjuicio grave en contra de la referida institución, que además motiva un trastorno en su funcionamiento normal”.

“Esto ya es un escándalo mayúsculo, que ya está en las plazas públicas, ya hay un repudio social, no solo académico, y hay un repudio silencioso en el poder Judicial, yo creo que puede tomar cartas en el asunto, tanto el poder Judicial como el poder Legislativo”, ha dicho Martínez Cázares en entrevista. “Yo sí veo un ambiente para que esto ya se pueda cuajar. Y segundo, hay posibilidad de nombrar un ministro o ministra interino o provisional, lo establece la Constitución”.

El legislador sostiene que, si la primera revelación de plagio en licenciatura puso en duda que Esquivel contara con el requisito de estar titulada, la segunda publicación de plagio doctoral ha puesto en duda su buena reputación. “El juicio político genera una presión política, que es lo que yo busco para que ella renuncie, para que se separe del encargo que ella está indebidamente, inconstitucionalmente, ocupando. Ella no puede resolver un asunto de una falsificación de una escritura de una casa, de falsificación de documentos, pero tampoco de otros asuntos, y ella va a resolver la reforma electoral o la militarización de este país sin tener sus papeles en orden. Yo no me resigno”, afirma el senador.

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