Los frentes abiertos tras el asesinato de la abogada Cecilia Monzón

En México se mata a las mujeres. También a las que defienden los derechos de otras mujeres. Cecilia Monzón llevaba el pelo teñido de rojo, tenía 37 años y era madre de un niño de cuatro al que le gusta mucho Spiderman. “No he conocido a una abogada tan aguerrida como ella”, dicen los que la conocían. El sábado 21 de mayo, después de que saliera del gimnasio, dos sujetos a bordo de una motocicleta acribillaron su coche a plena luz del día. Manejaba por una zona transitada de San Pedro Cholula, su ciudad. No importó que hubiera testigos y cámaras. Monzón murió pocos minutos después del ataque mientras los asesinos se daban a la fuga. Aún no hay detenidos.

Abogada penalista de profesión, su vida siempre estuvo ligada a la política. Primero militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después formó parte de las listas del Partido Verde (PVEM) en las elecciones locales de 2018. Entre ese año y 2019 fue secretaria de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Cholula, durante la presidencia municipal de Luis Alberto Arriaga, del partido Morena, al que denunció por violencia política de género y por despido improcedente.

Después de aquello se dedicó sobre todo a defender casos de mujeres en los tribunales, en la calle y en redes sociales. Violencia machista, impago de pensión alimenticia, violencia vicaria… Su carácter combativo y su proyección pública le granjearon cierta popularidad en la ciudad y acabó por ganarse el título de “defensora de las mujeres”. También la recuerdan como alguien alegre, con la sonrisa siempre en la boca, grandes ojos azules, bromista, divertida y muy inteligente. Vestida impecable durante las audiencias y sin miedo a llevar las uñas de colores chillones. “Eres grande en medio de los enanos”, le dijo una vez un conocido. Ella compartió el mensaje en sus redes sociales, como solía hacer con todo aquello que le gustaba, entusiasmaba, preocupaba o hacía enojar. “Sobresalía en medio de la conservadora sociedad de Puebla”, agrega otra persona que la conoció.

“La autoridad tiene que dejar de echarle la culpa a las víctimas de ser víctimas y dejar de fomentar los estereotipos de género, que incluyen el echarle la culpa a las mujeres de que las maten por ser mujeres”, escribía Monzón en 2016 como si fuera una premonición. Seis años después el asesinato de mujeres no ha hecho más que crecer y las tasas de impunidad superan el 95%. Colectivos feministas, amigos y familiares exigen que su muerte no caiga en ese agujero negro.

Cecilia Monzón tenía doble nacionalidad. Mexicana, por parte de madre y española, por parte de padre. A escasas horas de su funeral, su hermana, Helena Monzón, se ha dirigido a los medios de comunicación y ha exigido a las autoridades que se encuentre a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la activista. “Estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía en este momento para que realice su trabajo de una forma rápida y eficaz. Que el asesinato de mi hermana no quede impune, que se encuentre a los responsables y que se haga justicia para mi hermana, por mi hermana, pero también por las mujeres de México”, ha pedido la también abogada.

El Gobierno español ha condenado el asesinato y ha reconocido la valentía y el compromiso de Cecilia Monzón, “quién dedicó su labor a defender y proteger legalmente a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, así como a denunciar la violencia social y política”, ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Al mismo tiempo, se ha solicitado a las autoridades mexicanas, a nivel federal y estatal, que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger a las personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas. La representación de la Unión Europea en el país también se ha pronunciado al respecto: “La muerte de la señora Monzón demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchas personas defensoras de derechos humanos en México”, ha señalado.

La Fiscalía de Puebla, en contacto con la familia, trabaja en coordinación con el Gobierno Federal para esclarecer el caso. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó este lunes el brutal feminicidio y se comprometió a que no quede impune. “Fue un ajusticiamiento, fueron sicarios que la asesinaron. Sin ninguna duda, fueron sobre ella”, señaló el mandatario. En ese sentido, el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, aseguró que existe “material importante de identificación”, sobre los responsables y que “la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo indagatorias, entrevistas y peritajes para dar resultados pronto”.

“Era una persona bastante mediática, no tenía pelos en la lengua”, dice su amiga y compañera Liz Mejorada, a quien Cecilia llegó a representar en un caso por abuso sexual. “Denunció a muchos funcionarios, ministerios públicos, policías ministeriales que hacían mal su trabajo y que trataban mal a las mujeres que representaba”, señala y agrega: “Tener una abogada como Cecilia daba confianza y seguridad”. Familiares y amigos coinciden en que “Ceci”, como le decían sus más allegados, no se quedaba callada ante las injusticias. Tampoco ante las de políticos y poderosos. Su trágica muerte sucede en un momento de gran tensión política, con las próximas elecciones en 2024 al Gobierno del Estado como telón de fondo. Monzón era una persona incómoda para el poder, el machismo y el patriarcado en Puebla.

En 2018 denunció al líder priista Jorge Estefan Chidiac por falsificar su firma en el proceso electoral. La activista acusaba al entonces líder de su partido de maniobrar con el candidato a la alcaldía de Cholula, Eduardo Zacatelco, para quitarle la segunda regiduría en la lista electoral. Pocos días antes de ser asesinada, la abogada seguía persiguiendo que se hiciera justicia con su caso. Chidiac, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, ha señalado que la denuncia nunca prosperó. “Estorbaba al proyecto patriarcal de su partido”, dice una importante política de Puebla que conocía a Monzón y que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. “Para ser mujer hacía demasiado ruido en su partido, como a muchas de nosotras nos pasa”, denuncia. “No supieron ver lo valiosa que era: tenía un perfil para ser senadora, la líder del partido o la misma presidenta municipal de la ciudad”, agrega. “No estábamos de acuerdo con que los cargos de elección los dieran a los hijos de los políticos más poderosos y no hubiera la democracia interna que tanto se esperaba de un gran partido”, apunta Malinalli García, exdiputada local del PRI.

En 2019 la abogada denunció al empresario y político poblano Manlio López Contreras por violencia política de género. Fue la primera mujer en su Estado en promover un juicio para la protección de sus derechos políticos. Causa que ganó. Hasta que en 2021 el Tribunal Electoral de Puebla retiró las medidas precautorias contra el político. Monzón siguió insistiendo en que se las volvieran a otorgar, pero nunca lo consiguió. Ese mismo año volvió a denunciar amenazas de muerte contra ella y su hijo. Desde 2019 había pedido en vano un esquema de protección que tampoco llegó. Hace un año, Movimiento Ciudadano decidió retirar su apoyo a López Contreras como candidato a la presidencia municipal de Puebla por dichos señalamientos.

Liz Mejorada recuerda que ella y Monzón se conocieron en 2018 en un círculo de lectura feminista coordinado por Mónica Díaz de Rivera. De ahí surgió la idea de crear la organización ‘Juntas por nosotras’ con el objetivo de visibilizar la violencia machista en Puebla y crear una red de apoyo para víctimas. Un año después, según la prensa local, Monzón denunció al exdiputado local José Juan Espinosa y a un grupo de regidoras por acoso. “Cada una llegamos al feminismo cuando nos toca y creo que Cecilia con su propia experiencia se volvió muy aguerrida. Los casos que empezó a llevar en el trabajo y su experiencia personal la hicieron ser frontal y definir su posición política”, señala Díaz de Rivera, secretaria de las Mujeres del Estado hasta hace tres meses. Un día antes de ser asesinada, fuentes cercanas a la familia señalan que la abogada había acudido a la Fiscalía local a demandar una pensión alimenticia al padre de su hijo, el político priista Javier López Zavala, secretario de Gobernación durante el gobierno de Mario Marín, entre 2005 y 2011, y aspirante a gobernar el Estado en 2010.

Grupos feministas, legisladoras y decenas de mujeres que fueron defendidas por la abogada se congregaron un día después de su muerte a las puertas de la Fiscalía local para exigir que se haga justicia. La manifestación fue recibida por cientos de policías antimotines que blindaron el edificio de la procuraduría. “Este feminicidio se pudo haber evitado si la fiscalía especializada le hubiera dado las medidas y órdenes de protección que tantas veces solicitó”, condenaron las integrantes de la Red Plural de Mujeres, a la que pertenecía Monzón. “Tenemos mucha indignación, esto no va a quedar así. Si quieren utilizar a Cecilia para intereses políticos o mezquinos no lo vamos a permitir”, dice una de las integrantes. “No creo a la Fiscalía ni al gobernador ni creo que vaya a aparecer ningún autor intelectual porque en México no los encuentran nunca”, apunta.

Eriza la piel leer las palabras que la activista publicó en su blog en 2016 :

“Soy una mujer intensa en todos los sentidos y en todo lo que hago, amo la vida y la disfruto a cada instante, amo el derecho y soy una apasionada de mi carrera, amo la política y todos los días me esfuerzo para dignificarla y por hacer de ella un uso en beneficio de la gente y de nuestra sociedad, disfruto cada minuto que el universo me regala y trato de darme tiempo para disfrutar de mi trabajo, de la familia, de los amigos e incluso de los enemigos que siempre me hacen sentir importante”.

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