Sergio Aguayo: “En México hay un sistema ensayado para intimidar a quienes investiguen asuntos de interés público”

El académico espera un fallo favorable de la Suprema Corte tras seis años de una batalla legal promovida por el expresidente del PRI Humberto Moreira y considerada como atropello a la libertad de expresión

Sergio Aguayo en el Tribunal Superior de Justicia de la capital, en una imagen de archivo.
Sergio Aguayo en el Tribunal Superior de Justicia de la capital, en una imagen de archivo.SAÚL LÓPEZ

El académico Sergio Aguayo tiene puestas todas sus esperanzas en una resolución de la Suprema Corte que ponga fin a lo que considera una “pesadilla”, un largo proceso judicial promovido por el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, quien lo señala de dañar su honor en una columna periodística. El máximo tribunal mexicano admitió en enero de 2020 revisar una sentencia de un juez civil que, en segunda instancia, condenó al también periodista a pagar 10 millones de pesos —medio millón de dólares— a Moreira, tras considerar que hay fundadas sospechas de que exista un atropello del derecho de expresión en el fallo del judicial. “Hay todo un sistema ensayado para intimidar, inhibir y asustar por aquellos que no quieren que uno investigue asuntos de interés público”, ha dicho Aguayo este miércoles en una conferencia promovida por organizaciones que velan por el respeto a la libertad de prensa. “La Suprema Corte tiene que tomar en cuenta que hay suficiente documentación para que el fallo sea a mi favor y se termine esta pesadilla”, ha agregado el columnista.

Sergio Aguayo

El infierno de Aguayo —académico con 50 años de trayectoria— comenzó en julio de 2016, cuando Moreira lo demandó por daños morales tras la publicación de una columna en el diario Reforma, en la que denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila, quien había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, aunque un mes después fue puesto en libertad por falta de pruebas. Aguayo escribió: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Hacía referencia a la falta de beligerancia del Gobierno local para investigar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos de parte del organismo criminal Los Zetas, que controló amplios sectores del Estado y que impuso una época de horror sin precedentes en Coahuila.

En marzo de 2019, un juez emitió un fallo a favor del periodista, absolviéndole de cualquier delito de daños a la moral. Sin embargo, en enero del año pasado una sentencia de un juez civil lo condenó a pagar los 10 millones de pesos a Moreira, a pesar de las críticas de numerosos organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran infundada la demanda del poderoso líder político mexicano. La defensa del académico ha denunciado fallas e irregularidades en el proceso, considerado un golpe a la libertad de expresión en México. “La responsabilidad también es de los jueces que le hacen el juego [a los demandantes]. El poder judicial tiene mucha tarea y responsabilidad en todo esto”, ha dicho este miércoles Aguayo.

“Se trata de un caso aberrante”, ha afirmado esta mañana Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. “Tenemos un abuso permanente y constante de las herramientas judiciales para restringir la libertad de expresión sobre temas de interés público. No es cualquier cosa lo que estamos enfrentando. En seis años, antes de 2018, documentamos pocos casos de acoso judicial a periodistas, pero a partir de ese año los casos se han disparado. En 2020, hemos documentado 39 casos de acoso judicial, y 16 de ellos en el Estado de Puebla contra medios y periodistas. Es una manera de amedrentar, inhibir y tratar de poner un velo sobre temas de interés público. Esto es evidencia de que no hay libertad plena de expresión en México, por lo que la Suprema Corte tiene la oportunidad de adoptar estándares para reparar a Aguayo de la utilización facciosa de la justicia”, ha explicado Maldonado. Una posición similar mantiene Perla Gómez, investigadora de la UAM, para quien “es momento de que la Suprema Corte ponga un basta y envíe un mensaje claro: decirle a las figuras públicas que no puede tolerarse la frivolidad con la que presentan sus demandas [contra medios y periodistas]”. Gómez ha afirmado que “la perversión institucional judicial se puede convertir en violencia y genera condiciones adversas al ejercicio del periodismo”.

La cruzada de Aguayo ha tenido el respaldo de amplios sectores de la sociedad mexicana, incluyendo a políticos como el senador por Morena Germán Martínez, quien presentó ante la Suprema Corte un Amicus curiae, una demanda por omisión del sistema judicial a favor del académico. “La he enviado para que [Aguayo] sea amparado”, ha explicado el legislador, quien espera que con un fallo a favor del columnista, el máximo tribunal de justicia siente un precedente para futuros litigios contra periodistas y medios que desvelan casos de corrupción. “El impacto negativo que tiene la intimidación hacia la libertad de expresión lo comenten quienes hacen hechos ilícitos y necesitan el secreto para actuar. La libertad de expresión se ejerce, arrebata, no se pide permiso para ejercerla”, ha dicho. “Si triunfa Moreira el campo estará fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”, ha afirmado Martínez en la conferencia, en la que participaron representantes de Artículo 19, Propuesta Cívica, el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y la Universidad Autónoma Metropolitana.

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