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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

No al Permanece en México

El país no debe aceptar nuevamente que quienes soliciten asilo en Estados Unidos esperen sus procesos en nuestro territorio

Niños migrantes en Matamoros, el pasado mes de febrero
Niños migrantes en Matamoros, el pasado mes de febreroHector Guerrero
Eunice Rendón

El Gobierno mexicano no ha fijado una postura clara con respecto a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que obliga al gobierno de Biden a reinstalar el programa de Permanece en México, puesto en marcha en 2018 por el gobierno de Trump e identificado por las organizaciones pro-migrantes como una de las decisiones más violatorias a los derechos humanos de las personas en movilidad. Tanto la Cancillería como el Presidente López Obrador, han mencionado que es una decisión unilateral del vecino país del norte y que no afecta la política migratoria mexicana. Sin embargo, su implementación no podría darse sin nuestro apoyo.

México no debe aceptar nuevamente que quienes soliciten asilo en Estados Unidos esperen sus procesos en nuestro territorio. Entre 2018 y 2020, más de 70 mil migrantesestuvieron varados en seis puntos de la frontera en condiciones insalubres y según Human Right Watch cerca del 80% sufrieron algún tipo de abuso. Los tiempos de espera fueron prolongados y se violó el debido proceso de muchos de ellos. Aunado al hecho de que solo el 5% de las solicitudes fueron otorgadas, algunos migrantes se quedaronen México, otros regresaron al peligro del que huían en sus países de origen y algunos más cruzaron hacia Estados Unidos de manera ilegal con algún pollero o grupo criminal.

La reinstalación del programa Permanece en México podría resultar incluso peor que en los tiempos de Trump. Además de ser contrario al derecho internacional humanitario, hoy se suman nuevos focos rojos que empeoran el escenario. Existe un aumento en el flujo migratorio, particularmente de menores no acompañados y de núcleos familiares. Según datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de octubre de 2020 a julio de 2021, el número de detenidos ascendió a poco más de un millón y medio, superando por mucho las cifras del gobierno republicano.

A este panorama adverso, debemos sumar el aumento del 72.99% en las deportaciones vía Título 42, respecto de las realizadas durante el periodo de Trump. Con el pretexto de la pandemia, esta política retorna a cientos de migrantes centroamericanos diariamente a México, a través de 5 puntos de recepción: Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales y,recientemente, Tapachula y Villahermosa. También afecta elreciente anuncio de la figura de deportación expedita; el incremento en el abuso hacia migrantes por parte de grupos del crimen organizado; la prevaleciente impunidad en materia de tráfico de personas y las condiciones de saturación e inseguridad en la frontera.

La orden de reinstalar Permanece en México se encuentra aún en apelación. Ante la falta de claridad de la Corte respecto a la supuesta violación que el Departamento de Seguridad cometió al cancelar el programa, la administración de Biden debe presentar argumentos jurídicos sólidos. Sin embargo, mientras continúa el proceso, existe la obligación de reinstalarlo inmediatamente. Esto requiere negociar temas sensibles con el gobierno mexicano, situación que sienta un precedente y desafía el principio del no intromisión de la Corte en asuntos de otro país, pésimo augurio para el resultado final de la apelación.

Que quede claro, México tiene la última palabra en este asunto. Esperemos que la decisión que tome en los siguientes días, esté a la altura del discurso humanista del gobierno. Nuestro país cuenta con una larga tradición de asilo y refugio, lo que ha quedado refrendado con el reciente ofrecimiento de protección a las personas que abandonaron Afganistán para salvar sus vidas. En congruencia con esta visión humanitaria y en ejercicio de nuestra soberanía, debemos decir no a la reinstalación del programa de Permanece en México, reivindicando el carácter independiente del Estado mexicano, en este tema que afectalos derechos fundamentales de miles de solicitantes de asilo de Centroamérica y que complica aún más la situación en la frontera norte de nuestro país.

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