El opositor Ricardo Anaya comparece ante el juez por videoconferencia
El excandidato presidencial, señalado por la Fiscalía de recibir sobornos, se presenta de última hora pese a que anunció que se iría del país
El excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya se ha presentado este jueves en la audiencia ordenada por un juez federal. El líder opositor compareció a través de una videoconferencia y consiguió el aplazamiento de la audiencia hasta el 4 de octubre. El juez del Reclusorio Norte Gustavo Aquiles Villaseñor admitió el argumento del excandidato presidencial sobre que su defensa no había tenido acceso a la investigación. Anaya había anunciado en la última semana su salida de México tras asegurar que estaba siendo perseguido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo el juez ha pedido al opositor que en la próxima cita se presente en México. Hasta ahora se desconoce la ubicación del político.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la tarde del miércoles que la acusación contra Anaya apunta a su participación en una trama delictiva con el fin de entregar el petróleo mexicano a compañías extranjeras al decir que recibió casi siete millones de pesos para votar a favor de la reforma energética como diputado en 2014. Los investigadores buscan que el juez impute al político por asociación delictiva, cohecho y lavado de dinero.
Los señalamientos de la FGR están fundamentados en la declaración que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya hizo hace un año para señalar a una quincena de altos funcionarios en una trama de corrupción. Allí asegura que Anaya recibió 6,8 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados de manos de una “persona de confianza” de Lozoya –Norberto Gallardo Vargas, su jefe de escoltas– en 2014. La Fiscalía segura que tras la entrega del dinero Anaya votó a favor de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El Partido Acción Nacional, al que pertenece el opositor, estaba públicamente posicionada de acuerdo con la iniciativa y la mayoría de sus legisladores votó a favor de abrir el sector energético a la iniciativa privada en 2014.
El caso está vinculado con una trama de corrupción vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, que supuestamente habría entregado dinero a Lozoya para sobornar a varias decenas de políticos para verse favorecida en sus actividades en México. El exdirector de Pemex ha conseguido convertirse en colaborador de la Fiscalía desde su extradición a México desde España hace más de un año. Hasta ahora, su testimonio solo ha servido en la detención del exsenador, también del PAN, Jorge Luis Lavalle por las mismas acusaciones que Anaya.
Anaya ha negado la acusación de la Fiscalía y ha asegurado que las pruebas que se han presentado –dos viviendas donadas al político en los últimos años– son parte del patrimonio de su familia desde hace tres décadas. Además ha señalado que la línea del tiempo que sugieren los investigadores no coincide con la votación en la Cámara de Diputados, ni con su tiempo como legislador. La acusación contra el excandidato presidencial también cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo del Gobierno mexicano que investiga los movimientos financieros de los implicados en casos de corrupción.
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