La desaparición de 10 miembros de la comunidad yaqui enciende las alarmas en el sur de Sonora

Las denuncias comenzaron la semana pasada y este miércoles las autoridades confirmaron la desaparición de 10 miembros de la comunidad yaqui de Loma de Bácum, en el sur de Sonora. Los 10 hombres fueron vistos por última vez el 14 de julio por los caminos de tierra que conectan varios ranchos del municipio, enclavado en el valle yaqui, en la periferia de Ciudad Obregón, foco del crimen organizado. La desaparición coincide con la entrada en la zona de un dispositivo especial del Ejército y la Guardia Nacional. En el último mes, dos lideres de la comunidad han sido asesinados.

Frontera con Sinaloa y ruta del narcotráfico hacia las salidas mexicanas con EE UU por el noroeste, la tensión en la zona sur de Sonora continúa en aumento. En mayo, semanas antes de las elecciones intermedias, el candidato a la alcaldía de Ciudad Obregón fue asesinado a balazos mientras pegaba carteles a las cuatro de la tarde en una de las avenidas principales. Ciudad Obregón es la cuarta urbe más violenta del mundo —con una tasa de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes— según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ampliando el foco a nivel estatal, Sonora es uno los estados donde más aumentaron los asesinatos en 2020. Y en lo que va de año la progresión continúa desbocada, con una tasa por habitante que ya supera a focos rojos como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán.

El dispositivo militar puesto en marcha a mediados de este mes en uno de los poblados de Bácum se saldó con el decomiso de casi 500 kilos de metanfetamina, según informó la Secretaria de la Defensa Nacional. La entrada del Ejército en territorio yaqui, gobernado por usos y costumbres, provocó encontronazos con los representantes de la comunidad. “Se originó una confrontación debido a que se negaron a seguir los protocolos legales que de gobierno indígena a gobierno federal corresponde, para coordinadamente resolver cualquier asunto que tenga que ver con la etnia en su territorio”, anunciaron en un comunicado los representantes yaquis.

El comunicado afirma que incluso algunos militares fueron desalojados hasta la zona serrana del valle por miembros de la comunidad, que denuncian el supuesto interés de las autoridades en preparar el terreno para avanzar en el desarrollo de varias concesiones mineras a empresas privadas. “Siempre es la misma estrategia. Vienen y siembran droga para intentar inculparnos y justificar su represión. Porque el mismo Estado promueve y protege a los delincuentes. Son los mismos”, añade Guadalupe Flores Maldonado, portavoz de la Guardia Tradicional, la policía yaqui. Flores apunta como causa de la desaparición de sus compañeros a una campaña de “miedo y psicosis par que la gente abandone sus tierras y les sea más fácil penetrar a las empresas privadas”.

Distribuidos por el valle que abraza a la Ciudad Obregón, los ocho pueblos yaqui están acostumbrados a dar la batalla por su territorio en medio del fuego cruzado y la madeja de intereses no siempre clara entre autoridades locales y crimen organizado. A apenas 30 kilómetros Bácum, donde desparecieron los 10 hombres la semana pasada, Tomás Rojo, lideraba la lucha por el agua para su pueblo. En concreto, contra la construcción de un acueducto que partiría de uno de los embalses que abastecen a los yaquis para llevar el agua a Hermosillo, capital del Estado. Un campaña que se remite a los gobiernos panistas de hace más de 10 años y provocó el encarcelamiento de algunos de sus líderes.

Rojo despareció el 27 de mayo mientras paseaba por la mañana en su comunidad, Vícam. Un mes después, el 22 de junio, sus restos aparecían en una fosa clandestina cerca de su casa. También en junio, el defensor ambiental yaki Luis Urbano fue asesinado a tiros cuando iba a sacar dinero en un cajero del centro de Ciudad Obregón.

La lucha concreta de la comunidad asentada en Bácum ha sido la modificación de un gasoducto que pasa por su territorio y que está siendo construido por la empresa IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy. Tras años de conflicto y con el visto bueno del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mes pasado se llegó a un acuerdo para un nuevo trazado del ducto de metano.

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