El desafuero del gobernador Cabeza de Vaca queda en manos de la mayoría parlamentaria de Morena

El gobernador del Estado de Tamaulipas se encuentra contra las cuerdas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, enfrenta un inminente proceso de desafuero en el Congreso mexicano. La Fiscalía pidió el pasado 23 de febrero a la Cámara de Diputados que quitara la protección judicial al gobernador para poder imputarle formalmente de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Cargos que García Cabeza de Vaca ha rechazado. La sección instructora de la Cámara baja —la instancia legislativa que controla la conducta o responsabilidad política y penal de los servidores públicos— ha aprobado la noche de este miércoles un dictamen que enviará al pleno para ser tratado y votado este viernes. Con mayoría absoluta en la Cámara, el Movimiento de Regeneración Nacional (con 256 de las 500 bancas) tiene en sus manos ahora el destino de una de la de las figuras más fuertes de la oposición.

El diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez, presidente de la sección instructora, ha explicado en una rueda de prensa este miércoles que ahora que la sección instructora ha acordado un dictamen a favor del desafuero del gobernador, tanto la Fiscalía como la defensa serán llamados a participar del proceso y comparecer en el pleno. La premura para tratar este caso se debe a que el viernes el Congreso acaba el periodo legislativo y no vuelve a retomar actividad hasta septiembre. El Ministerio Público busca enjuiciar al opositor a quien acusa de haber “amasado una fortuna” de más de 951 millones de pesos valiéndose de sus cargos públicos. Cabeza de Vaca lleva más de dos décadas en puestos políticos, ha sido senador, diputado y presidente municipal de Reynosa.

Tras horas de discusión, la votación en la instancia previa a la Cámara ha sido tres a favor, con dos afirmativos de Morena y uno del Partido del Trabajo (PT), y uno en contra del Partido del Revolucionario Institucional. La diputada Claudia Pastor, la única que se opuso al dictamen de este miércoles, se quejó de las prisas con que se llevó adelante el proceso contra el gobernador de Tamaulipas. “¿Acaso esto es justicia, o huele a venganza?”, ha dicho. El pedido de desafuero de García Cabeza de Vaca avanza en medio de críticas por las demoras de otros como el del diputado Mauricio Toledo, del PT, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía de Ciudad de México. O el del fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, investigado por el Ministerio Público por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En medio de especulaciones sobre las intenciones políticas de Morena con el desafuero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que se haga público el expediente y los detalles de la investigación. Pero tanto la Fiscalía como la sección instructora de la Cámara de Diputados se han negado. Sin embargo, una filtración en marzo dejó ver que el Ministerio Público le atribuye una treintena de propiedades adquiridas entre 2005 y 2019, cuando el político ya ocupaba cargos públicos. Se le investiga además por la obtención de la licitación para construir el parque eólico El Cortijo, en el Estado de Tamaulipas, para luego revenderla a la Comisión Federal de Electricidad. La Fiscalía indaga también a Víctor Hugo García Guerra, primo del gobernador, y a un grupo de empresas entre las que se encuentra la española Acciona Energía.

La investigación de la Fiscalía está basada en parte en la denuncia realizada por el senador de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán. El legislador amplió su declaración la semana pasada e incluyó datos sobre otras 12 propiedades que, según asegura, pertenecen a García Cabeza de Vaca y su familia. De acuerdo al documento que presentó, las propiedades están valuadas en 895 millones de pesos. Unos días después de la presentación de Rojas Díaz Durán, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se presentó a la Fiscalía para ampliar la denuncia y aportar más información. “Como resultado de la recepción de nuevos datos sobre el caso, provenientes incluso de Tamaulipas, la UIF amplió la denuncia”, publicó en Twitter el titular de la unidad, Santiago Nieto. El funcionario ha explicado además que dos compañías investigadas están relacionadas al Cartel de Sinaloa.

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