El bloque opositor Va por México centra su programa en la batalla presupuestaria en el Congreso

El bloque opositor Va por México ha presentado las líneas generales de su programa. Un documento de apenas 15 páginas donde la insólita alianza entre el PAN, PRI y PRD tiene en el punto de mira la batalla presupuestaria en la Cámara Baja pensando, sobre todo, en el año que viene. Más de la mitad de los 10 objetivos del programa incluyen referencias a las partidas presupuestarias y subrayan su voluntad de “acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en esta materia”.

Los comicios intermedios del próximo 6 de junio, donde se dirimen los 500 diputados federales y 15 gubernaturas, serán una prueba de fuego para medir la resistencia de Morena, que tiene mayoría en las dos cámaras. La coalición aspira a arrebatarles en verano la del Congreso, incluso controlar la comisión de Hacienda, y a partir de ahí empezar a desgastar los proyectos que llegan directamente desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea como contrapeso en las negociaciones para los próximos presupuestos o estrangulando las iniciativas en la cámara baja.

La propuesta de Va por México, presentada este miércoles en un acto conjunto de los líderes de los tres partidos, va incluso más allá y llega a especificar cómo intervendrían directamente en el rumbo presupuestario de este año: “Proponemos redireccionar los recursos de obras faraónicas e improductivas provenientes del rescate de Pemex, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transísmico”.

Los proyectos estrella del sexenio han representado 64.900 millones de pesos (3.000 millones de dólares) del presupuesto de este año, que tiene un incremento anual del 1,3%. El Tren Maya, un proyecto turístico en la península de Yucatán, se lleva 36.300 millones de pesos (1.645 millones de dólares). El Aeropuerto General Felipe Ángeles, 21.300 millones de pesos (974 millones de dólares) y el Tren Interurbano, 7.000 millones de pesos (320 millones de dólares).

El plan de la coalición es rascar hasta un 4% del PIB de estos proyectos presupuestados y dedicarlo a un paquete de nuevas medidas: más fondos para el poder Judicial, ministerios públicos, seguridad, justicia, salud, medio ambiente y educación, además de un ingreso básico alimentario y un fondo de emergencia para el empleo. La hoja de ruta también plantea el rescate de programas eliminados por Morena como las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y los albergues para víctimas de violencia, unos recortes que fueron recibidos con fuertes críticas, incluida una buena cantidad de fuego amigo.

Reforma para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo

Los objetivos del programa de la alianza parten, en todo caso, de dos premisas. Primero, que la suma de votos de las tres formaciones logrará la mayoría absoluta en la Cámara. La última encuesta de este mismo mes del diario El Financiero daba como favorita a Morena con una intención de voto del 26%. Después, en lo que quede de recorrido presupuestario tras los comicios de junio, esa hipotética mayoría opositora tendría el peso político suficiente como para negociar los movimientos de las partidas decididas por el Gobierno.

El sistema presidencialista mexicano concede un amplio margen al Ejecutivo, que técnicamente no tiene la obligación de rendir cuentas ante el parlamento. “Una vez que se aprueban los Presupuestos, las modificaciones posteriores no vuelven a pasar ni por diputados ni por senadores. El Gobierno puede gastar como le parezca”, explica Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La llamada Cuenta Pública recoge esos excesos o recortes en el gasto. Para el ejercicio del 2020, se prevén por ejemplo una mayor carga en los apartados de energía y salud. Mientras que programas sociales como Sembrando Vida registran una caída.

De hecho, el programa incluye la propuesta de eliminar para el futuro esa prerrogativa presidencial en el ámbito presupuestario. “Votaré en favor de una ley que limite las facultades del Ejecutivo para modificar en la práctica el destino de los recursos aprobados por el poder legislativo”, señala el documento.

Más allá de las cuestiones presupuestarias, prometen una reforma de la ley de Seguridad Interior “para evitar la normalización de la presencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad”. Así como el mantenimiento de “los órganos autónomos o reguladores actualmente existentes, creados mediante mandato constitucional o legal”, en relación con la ofensiva del Gobierno contra organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).