El Supremo de EE UU emprende su cuarto año de revolución conservadora pendiente de Trump

Richard Glossip ha tenido ocho veces cita con su ejecución. En tres de ellas, pasó incluso por el ritual de la última comida en el corredor de la muerte. Esta semana, tiene una nueva oportunidad de salvar su vida. Su caso será uno de los primeros que analice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su nuevo curso judicial, que empieza este lunes con dos pleitos de carácter técnico y procesal. Durante los próximos meses, los jueces que llevan acometiendo una revolución conservadora desde hace tres años an...

Richard Glossip ha tenido ocho veces cita con su ejecución. En tres de ellas, pasó incluso por el ritual de la última comida en el corredor de la muerte. Esta semana, tiene una nueva oportunidad de salvar su vida. Su caso será uno de los primeros que analice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su nuevo curso judicial, que empieza este lunes con dos pleitos de carácter técnico y procesal. Durante los próximos meses, los jueces que llevan acometiendo una revolución conservadora desde hace tres años analizarán casos relacionados con las armas de fuego, el acceso a la pornografía, el medio ambiente, los derechos trans y uno cuya mera admisión dice mucho sobre la orientación del Tribunal: la discriminación de los heterosexuales.

Al menú se irán añadiendo nuevos platos, algunos muy sabrosos. Los jueces pueden acabar decidiendo sobre hipotéticas impugnaciones del resultado de las elecciones del 5 de noviembre y sobre los casos penales que se siguen contra uno de los candidatos: Donald Trump.

Trump ya protagonizó el pasado curso judicial. Los jueces rechazaron por unanimidad inhabilitarlo por insurrección para presentarse a las elecciones. En otra sentencia, restaron fuerza al delito de obstrucción de un procedimiento oficial por el que se procesó a muchos de los encausados por el asalto al Capitolio y del que está acusado el propio expresidente. Pero, sobre todo, en la sentencia más trascendente, la mayoría conservadora concedió una amplia inmunidad a Trump por los actos en ejercicio de su cargo en el caso en el que está imputado por tratar de alterar el resultado de las elecciones de 2020.

En todo caso, remitieron a los tribunales inferiores el análisis de si los actos de los que está acusado eran oficiales o privados y si se les aplica esa doctrina. El fiscal especial Jack Smith ha logrado que otro gran jurado le impute de nuevo por los mismos delitos, depurando los actos que él considera cubiertos por la inmunidad. No cabe descartar que, en ese caso y otros, el Supremo tenga que volver a pronunciarse. También puede llegar al alto tribunal la legalidad del nombramiento del propio Smith, sobre el que hay decisiones discordantes.

Si además Trump gana las elecciones, se dará una situación sin precedentes —otra más— en que los jueces, tres de ellos nombrados por el expresidente, tengan que pronunciarse, por ejemplo, sobre la validez de su condena de Nueva York o sobre las otras imputaciones mientras ocupa la Casa Blanca. Rizando el rizo, el propio vencedor de las presidenciales puede acabar dependiendo de las decisiones de los jueces en caso de un resultado ajustado y de que se produzcan impugnaciones. En 2020, los jueces del Supremo enterraron su cruzada para revertir los resultados, pero el equipo de Trump lleva tiempo preparando su arsenal para el escenario de una hipotética batalla legal.

Armas de fuego por partida doble

A la espera de si llegan esos casos, el Supremo ya tiene abundante trabajo sobre la mesa. Las armas de fuego vuelven por partida doble. Los jueces deberán decidir si es constitucional la norma del Gobierno de Joe Biden que impone restricciones a los kits de piezas y las plantillas para armas de fabricación casera, conocidas como armas fantasma, muy difíciles de rastrear y cuyo uso ha aumentado notablemente. También deben pronunciarse sobre si los fabricantes de armas tienen inmunidad frente a una demanda del Gobierno mexicano que los responsabiliza de mantener a sabiendas un sistema de distribución que conduce al tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga mexicanos.

El Tribunal analizará la constitucionalidad de la ley de Tennessee que restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transexuales que el Gobierno de Biden considera que viola la cláusula de igualdad de la 14ª Enmienda de la Constitución. Muchos Estados han aprobado normas similares, con lo que la decisión tendrá una amplia repercusión. El Supremo también estudiará un recurso de Marlean Ames, una mujer heterosexual, que afirma que perdió su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le había concedido un ascenso en favor de una mujer homosexual.

En materia medioambiental están en juego un caso sobre vertidos contaminantes y otro sobre la capacidad de la Administración para conceder licencias a instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares. Además, los jueces se pronunciarán sobre la validez del veto de las autoridades sanitarias a ciertos cigarrillos electrónicos de sabores.

Otro caso que atraerá la atención analizará la validez de la nueva ley de Texas que exige a los adultos registrarse y aportar información personal, incluida una copia de un documento de identidad, para obtener acceso a sitios web con contenido sexual explícito y obliga a mostrar advertencias de que el porno es potencialmente adictivo.

También analizará los recursos de dos condenados a muerte. Uno alega que se ocultaron pruebas que le favorecían y otro impugna que se hayan rechazado pruebas de ADN que considera que le favorecerían. Hay además un caso destacado sobre violencia policial.

Los gigantes tecnológicos Facebook y Nvidia tienen cita para defenderse frente a demandas colectivas que les acusan de ocultar o falsear información en sus informes anuales y folletos de emisión.

Este será el cuarto curso de la estruendosa revolución emprendida por un Supremo en el que seis de sus jueces son conservadores, incluidos los tres nombrados por Trump, y solo tres, progresistas. El Supremo dio su primer gran aldabonazo en 2022, con polémicas sentencias que derogaron el derecho federal al aborto, socavaron la lucha contra el cambio climático, ampliaron el derecho a llevar armas de fuego, dieron mayor papel a la religión en los colegios, cuestionaron la vacunación obligatoria de trabajadores contra la covid y restaron poder a las agencias federales. En 2023, tras varias sentencias que parecían mostrar una posición más centrada, los jueces cerraron el curso con un golpe a la discriminación positiva para el acceso a la universidad, la licencia para discriminar a parejas homosexuales en virtud de la libertad de expresión y la anulación de la quita parcial a los préstamos a estudiantes.

Durante el último curso, los jueces avalaron por ocho votos a uno la prohibición de usar armas de fuego para los maltratadores domésticos, admitiendo que la Segunda Enmienda tiene sus límites, pero anularon la prohibición de los aparatos que convierten en la práctica a los rifles en ametralladoras, en este caso con el voto de los seis jueces conservadores. También admitieron los abortos de emergencia en casos de peligro para la vida de la madre y, por unanimidad, mantuvieron el acceso a la píldora abortiva. Avalaron el derecho de las redes sociales a moderar su contenido, pero remitiendo el caso a tribunales inferiores, lo que deja algo en el limbo la solución final. Restaron poder a las agencias reguladoras en materia medioambiental y del mercado de valores y avalaron las multas para evitar que los sin techo se instalen en las ciudades. Sin embargo, fueron las sentencias que favorecieron a Trump las que marcaron el año judicial. Quizá la historia se repita.