Gavin Newsom ordena retirar los campamentos de las personas sin techo de California

El gobernador de California ha emitido este jueves una orden ejecutiva para levantar campamentos de personas sin techo en todo el Estado. La decisión de Gavin Newsom llega casi un mes después de que el Supremo estadounidense permitiera, mediante un fallo, castigar a las personas que durmieran en sitios públicos. El decreto de Newsom presiona a las ciudades y Gobiernos locales para que retiren las acampadas “peligrosas” y conecten a quienes las habitan con servicios públicos. “Se acabaron las excusas, es momento de que todos hagan su parte”, ha señalado el mandatario en un vídeo publicado esta mañana.

La orden ejecutiva dirige a las agencias estatales para adoptar “políticas humanas y dignas”. Las personas sin techo deben ser notificadas antes de que se retiren sus casas de campaña de las vías públicas. El decreto no puede forzar a que las ciudades y los condados pasen a la acción, pero le permite poner en pausa transferencias de recursos millonarias como medida de presión.

California tiene la mayor población sin techo de Estados Unidos. Se calcula que tres de cada diez personas sin hogar residen en este Estado. De acuerdo a un estudio de la Universidad de California San Francisco, hay unas 181.000 personas en esta situación. El número es muy cambiante por las características de este grupo. A inicios de 2023 había 650.000 personas sin hogar en Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.

El Gobierno de Newsom lleva a cabo una cruzada contra uno de los principales problemas de la entidad. Desde 2021, las autoridades de la Administración han retirado 11.000 campamentos y recogido decenas de toneladas de basura en vías estatales. La orden ejecutiva prioriza el desmantelamiento de acampadas que “representan un riesgo a la vida, a la salud y a la seguridad” de las comunidades. Por ley, las autoridades guardarán las propiedades y objetos recolectados por 60 días para ver si alguien los reclama.

La Administración del político demócrata ha invertido más de 24.000 millones de dólares para atender el problema. Esto incluye 3.500 millones destinados a reconvertir moteles abandonados en vivienda de bajo precio. En el año fiscal 2022-2023, este presupuesto auxilió a más de 165.000 personas a abandonar las calles. Pero así como muchas personas aceptan hacer una transición a albergues, muchos otros quedan sin techo por los altos precios de la vivienda. Una encuesta reciente a esta población reflejaba que su ingreso medio rondaba los 960 dólares mensuales cuando perdieron su casa. El promedio de renta de un apartamento con un cuarto es de 2.600 dólares en el Estado, según el servicio inmobiliario Zillow.

Los expertos consideran que una de las respuestas más eficientes a este problema es la construcción de vivienda asequible. Los votantes aprobaron en marzo, con un muy estrecho margen, la Proposición 1, que obliga a los condados a invertir en residencias e invertir en tratamientos para la población sin techo. La iniciativa autoriza al Estado a tomar un préstamo de 6.380 millones de dólares para edificar 4.350 unidades de vivienda que serán entregadas a veteranos de guerra principalmente. California sumará además con este dinero a su inventario 6.800 camas para atender a pacientes en instituciones de salud mental.

A finales de junio, el Tribunal Supremo determinó con un voto 6-3 que las ciudades pueden multar o detener a quienes acampen en la vía pública. El caso inició en Grant Pass, Oregón, una pequeña ciudad que aprobó leyes locales para evitar la multiplicación de la comunidad sin hogar. Esta decisión fue frenada por el Noveno Circuito de Apelaciones, que estimó que las personas podían dormir en la vía pública “si no había otros sitios o espacio en albergues”. El fallo de los jueces constitucionales era muy esperado al Oeste de Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia de personas sin techo.

Los expertos consideraron la decisión de la mayoría conservadora de la corte como la opinión legal más importante sobre este tema en 40 años. Los activistas en favor del derecho a la vivienda, en cambio, la repudiaron al considerar que viola la Octava Enmienda de la Constitución y deja a la gente ante un “castigo cruel e inusual” que no toma en cuenta que duermen al descubierto porque no tiene más opciones.

Tras el fallo de la Corte, Newsom consideró que se cerraban los vacíos legales que “ataron de manos a las autoridades ocales por años y limitaban las posibilidades de aprobar medidas de sentido común”. Ahora, en pleno año electoral, el gobernador llama nuevamente a la acción para corregir uno de los grandes males de California.