Putin desafía la orden de detención del Tribunal Penal Internacional con un viaje oficial a Mongolia

El presidente ruso, Vladímir Putin, se dispone a exponer este martes, una vez más, las debilidades de la justicia internacional. El mandatario ruso tiene previsto realizar un viaje oficial a Mongolia en la que será su primera visita a un país signatario del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que el órgano dictó ...

El presidente ruso, Vladímir Putin, se dispone a exponer este martes, una vez más, las debilidades de la justicia internacional. El mandatario ruso tiene previsto realizar un viaje oficial a Mongolia en la que será su primera visita a un país signatario del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que el órgano dictó una orden de detención contra el dirigente por crímenes de guerra en Ucrania. El Kremlin está tranquilo. “Todos los detalles de la visita del presidente han sido cuidadosamente preparados, por supuesto”, ha manifestado el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. Putin aterrizó en Ulán Bator en la noche del lunes, donde le recibió un cortejo de bienvenida.

El tribunal emitió una orden de arresto internacional contra el dirigente ruso en marzo de 2023 por la deportación forzosa de menores ucranios, el mismo crimen de guerra por el que también reclamó la detención de la defensora del menor de Rusia, María Lvova-Belova. Fueron las únicas autoridades rusas en busca y captura hasta que dos años después de comenzar la invasión, en junio de 2024, el tribunal también dictara sendas órdenes de detención contra el exministro de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por el bombardeo a civiles.

Putin ha sido invitado por el presidente mongol, Ukhnaa Khurelsukh, a un desfile militar por el aniversario de la batalla de Jaljin Gol de 1939, con la que la URSS frenó el expansionismo del imperio japonés en su frontera. Sin embargo, son las necesidades acuciantes de hoy las que fuerzan al mandatario a arriesgarse a salir del Kremlin. China se ha convertido en el respiradero económico de Rusia y Moscú intenta vender a Pekín el gas que ha dejado de comerciar con la Unión Europea, principal cliente hasta la guerra, tras cortarse el suministro por las sanciones.

El Gobierno mongol reclama a Moscú combustible con un importante descuento. A cambio, Ulán Bator ofrecería su territorio para la construcción del gasoducto Soyuz Vostok entre Rusia y China. Este proyecto, aún un borrador en el papel, es una parte clave de una obra mucho más grande entre Moscú y Pekín que todavía sigue en el aire ante el poco interés que manifiesta China: el gasoducto Poder de Siberia 2.

La visita oficial de Putin se conoció días después de que el diario hongkonés South China Morning Post publicase que Mongolia había dejado fuera este gasoducto en su listado de proyectos para los próximos cuatro años.

“No hay duda de que responderemos a las peticiones de nuestros amigos mongoles para satisfacer sus necesidades de combustible y lubricantes con precios preferenciales”, declaró Putin al diario mongol Onoodor antes de emprender su viaje.

La orden de arresto es un quebradero de cabeza para el Kremlin. Hace un año, Putin decidió a última hora no acudir a la cumbre de los BRICS de Johannesburgo en agosto de 2023 para no acabar en la cárcel por este motivo. El Gobierno de Sudáfrica, miembro del Tribunal Penal Internacional, no ofreció ninguna garantía al dirigente y un tribunal del país dictaminó que debía ser detenido.

Ahora la permisividad de Mongolia ha indignado a Ucrania y a las organizaciones de derechos humanos internacionales. “Al no poseer una policía propia, el Tribunal Penal Internacional depende de que los Estados y la comunidad internacional le ayuden con las detenciones”, ha denunciado Human Rights Watch.

La ONG ha exigido a Mongolia que deniegue la entrada o arreste al presidente ruso. Su abogada especializada en derecho internacional Maria Elena Vignoli destacaba el daño que supone para la justicia universal que un mandatario responsable de una guerra, en este caso Putin, campe a sus anchas por el mundo.

“Recibir a Putin, un fugitivo del tribunal, no solo es una afrenta a las numerosas víctimas de las fuerzas rusas, sino que además mina un principio crucial: nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley”, ha manifestado Vignoli.

Territorio estratégico

Mongolia no suele copar las noticias, pero es un enclave estratégico en Asia. Plural políticamente —su expresidente Tsajiaguiin Elbegdorzh (2009-2017) anima públicamente a los rusos buriatos a huir a Mongolia y apoya abiertamente a Ucrania a la vez que recuerda que Moscú fue una vez un janato mongol—, por Ulán Bator han pasado en los últimos meses varios pesos pesados de la diplomacia occidental.

Entre ellos están el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hace pocas semanas; el ministro de Exteriores británico, David Cameron; el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el líder francés, Emmanuel Macron, en 2023. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, también iba a visitar el país en agosto, pero suspendió el viaje por amenaza de terremoto.

Mongolia ratificó en 2002 el Estatuto de Roma que constituyó el Tribunal Penal Internacional. El Kremlin, sin embargo, nunca ratificó su adhesión y revocó finalmente su firma en 2016, como Estados Unidos, China e Israel.

Al mismo tiempo que pide un “orden internacional justo”, Rusia ha justificado estos años sus crímenes de guerra en Ucrania comparándose con los cometidos por Estados Unidos en Irak o Israel en Gaza. De hecho, la Fiscalía del TPI pidió en mayo de este año otra orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Gaza. Antes de Putin, solo habían estado en busca y captura los presidentes Omar al Bashir, de Sudán, y el fallecido Muamar el Gadafi, de Libia.

La condescendencia de las autoridades mongolas con la visita de Putin deja en papel mojado el manifiesto que 93 Estados firmaron en junio, entre ellos España, para instar a “preservar la integridad (del tribunal) frente a cualquier interferencia y presión política”.

La declaración exigía precisamente acatar las órdenes de arresto internacionales: “Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que cooperen plenamente con el tribunal y este pueda cumplir con su importante mandato: garantizar la misma justicia a todas las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión”.

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