El ministro de Justicia de Polonia: “La situación es dramática, tendemos a ignorar las decisiones del Constitucional”

El titular de Justicia es con toda seguridad el ministro con más trabajo del nuevo Gobierno liberal polaco, liderado por Donald Tusk. También de los más respetados. En los casi seis meses que lleva en el cargo, el independiente Adam Bodnar (Trzebiatów, 47 años) ha logrado ...

El titular de Justicia es con toda seguridad el ministro con más trabajo del nuevo Gobierno liberal polaco, liderado por Donald Tusk. También de los más respetados. En los casi seis meses que lleva en el cargo, el independiente Adam Bodnar (Trzebiatów, 47 años) ha logrado desbloquear los 59.800 millones de euros del fondo de recuperación que la Comisión Europea tenía suspendidos a Polonia por la deriva del Estado de derecho del Ejecutivo anterior, de los ultraconservadores de PiS. Esta misma semana, Bruselas ha cerrado definitivamente el procedimiento por amenazar el Estado de derecho contra Polonia, que le podía suponer la pérdida del derecho a voto en el Consejo.

Son dos grandes victorias conseguidas sin ninguna reforma legislativa. En la labor de restaurar el Estado de derecho, Bodnar tiene enfrente al presidente Andrzej Duda —miembro de PiS hasta que asumió el cargo—, que tiene derecho a vetar nueva normativa. También está en su contra el Tribunal Constitucional, un órgano cuestionado que el Ejecutivo polaco ignora. El ministro, un reconocido jurista que ejerció como Defensor del Pueblo, se enfrenta también a múltiples dilemas, como la reforma del poder judicial o cómo garantizar la independencia del Constitucional a largo plazo. Bodnar habla con EL PAÍS por videoconferencia este miércoles.

Pregunta. Su Gobierno ignora abiertamente las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Le preocupa la imagen que proyecta?

Respuesta. Tenemos una situación muy difícil y dramática con el Tribunal Constitucional. Hay tres personas sentadas en el Tribunal que no son jueces y que fueron elegidos indebidamente y hay un problema con la dirección. La señora Julia Przylebska [presidenta] ya ha terminado su mandato, pero ella no está de acuerdo. Por eso, el Parlamento polaco ha adoptado una resolución diciendo que no tenemos un Tribunal Constitucional como órgano que lleve a cabo una revisión judicial adecuada. El Constitucional emite a diario sentencias que son una pura instrumentalización del tribunal para fines políticos, sin ninguna vacilación. Sobre la base de esta resolución del Parlamento tendemos a ignorar sus decisiones. Los partidos políticos debemos ponernos de acuerdo para hacer un formateo constitucional y restablecer un tribunal independiente, con un alto nivel de legitimidad pública.

P. ¿Tiene esperanza en llegar a acuerdos con PiS para este formateo constitucional?

R. Este momento de transición en el que estamos ocurre con elecciones en curso. Primero tuvimos comicios locales, ahora tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Todavía hay un ambiente político muy divisivo, con mucha polarización y enfrentamientos diarios. Pero espero que, tarde o temprano, lleguemos a un acuerdo y veamos que, por el bien del país, debemos mirar hacia adelante y buscar posibilidades para ese restablecimiento constitucional.

P. ¿Cuáles son los principales desafíos para restaurar el Estado de derecho en Polonia?

R. Uno de los retos es político-institucional, porque intentamos restaurar el Estado de derecho sin tener una mayoría constitucional [en el Parlamento] para revertir el veto del presidente. Tenemos que hacer el trabajo legislativo sin garantía de éxito y, básicamente, con algunas leyes tendremos que esperar hasta mediados de 2025, con un nuevo presidente más favorable a algunos cambios en el poder judicial. Empleamos métodos no legislativos, pero tenemos posibilidades limitadas de hacer las cosas de forma integral. Hay un segundo problema, que son las personas del sistema judicial con poco interés en las reformas, porque se beneficiaban del sistema anterior. Y tenemos también el reto de la rendición de cuentas, porque lo que ocurrió en Polonia no fue solo la construcción de un sistema iliberal, sino que hubo muchos abusos financieros para aumentar las capacidades de algunos partidos políticos.

P. Bruselas ha cerrado el procedimiento por las amenazas al Estado de derecho y ha desbloqueado los fondos suspendidos a Polonia basándose en promesas y reformas no legislativas, mientras a PiS le exigían leyes. ¿Entiende las críticas sobre el doble rasero de la Comisión Europea?

R. Es muy sencillo encuadrarlo todo en una frase, pero la situación es mucho más compleja. Para desbloquear el fondo de recuperación, había que cumplir requisitos sencillos: asegurar que el dinero europeo no estará en riesgo y que los jueces no serán sometidos a presión y procedimientos disciplinarios por aplicar la legislación europea. Me pasé más de dos meses convenciendo a la Comisión de que los jueces polacos ya no son objeto de esos procedimientos y de que el dinero está seguro porque nos hemos unido a la Fiscalía europea. En cuanto al Artículo 7, este procedimiento se basa en la existencia de un riesgo claro de deterioro para el Estado de derecho y la Comisión ha dicho que ya no existe riesgo. ¿Por qué? Porque presenté un plan de acción legislativo, apoyado por una intensa actividad con leyes ya presentadas como la del Consejo Nacional de la Judicatura o la del Tribunal Constitucional. La presentación de ese plan es una firme promesa del Gobierno polaco que ha venido acompañada de otras acciones, evaluadas políticamente. La visión de la Comisión ha recibido el apoyo de 26 Estados miembros.

P. Algunas primeras decisiones del Gobierno, como la toma de la televisión pública por parte del Ministerio de Cultura, fueron dudosas desde el punto de vista legal.

R. En mi opinión, esas decisiones tenían una base legal en el código mercantil. Lo importante para nosotros es cómo funcionan ahora los medios de comunicación públicos, con periodistas independientes. Los polacos aprecian que han dejado de ser fuente de odio y propaganda. Ahora, en la campaña electoral, no se ven diferencias con los medios privados. Pueden presentar las cosas como son, sin interferencias del Gobierno. Ese era el objetivo de los cambios.

P. ¿Aparte de las comisiones de investigación parlamentaria en curso, como fiscal general, llevará ante la justicia a políticos de PiS?

R. Trato de no interferir en casos individuales, sino mostrar la dirección que debe seguir la Fiscalía. Pero tenemos algunos casos. Ayer [por el martes] presenté una moción para levantar la inmunidad a un antiguo subsecretario de Estado del Ministerio de Justicia, actual miembro del Parlamento, el señor Michal Wos, por un gran escándalo sobre el uso del dinero del Fondo de Justicia [creado para ayudar a víctimas de crímenes] para comprar el programa espía Pegasus. Hay más personas que podrían ser objeto de procedimientos de retirada de inmunidad. Pero cualquier proceso de rendición de cuentas se hará de acuerdo con el Estado de derecho.

P. Como ex Defensor del Pueblo y activista de los derechos humanos, ¿le preocupa que en la frontera con Bielorrusia se sigan produciendo devoluciones en caliente y que miembros de su Gobierno cuestionen la Convención de Ginebra?

P. No. Me atengo a mi nueva función, que es ser ministro de Justicia. No es mi función comentar nada de lo que concierne al Ministerio del Interior. Lo que sucedía en la frontera en 2021, y lo que está sucediendo ahora mismo en el contexto de la guerra en Ucrania, y el ataque híbrido encargado por Rusia, es completamente diferente. Solo hay que mirar lo que pasó hace apenas dos días. Un guarda fronterizo ha resultado herido y ahora mismo está en el hospital luchando por su vida.

P. Los socios más conservadores de la coalición están poniendo en peligro reformas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cree que este Gobierno atenderá las demandas de la sociedad civil?

R. Estoy bastante seguro. Estamos en proceso de elecciones, que son además bastante divisivas. Vamos a volver a algunas de esas cuestiones después. Pero llevamos solo cinco meses y dos semanas en el Gobierno.

P. Hay un periodista español, Pablo González, en prisión provisional en Polonia desde hace más de dos años, acusado de espionaje para Rusia. En España es difícil de entender que en un país europeo esté encarcelado tanto tiempo sin cargos. ¿Conoce el caso?

R. Lo conozco y es bastante difícil para mí comentarlo, pero lo que es seguro es que el tratamiento y la protección de sus derechos, mientras está en custodia, cumple las normas. Una de mis reformas tiene que ver con limitar la detención preventiva, porque este no es un caso aislado.

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