Arabia Saudí castiga los tuits críticos hasta con la pena de muerte o 45 años de cárcel

Poco se sabe de la estudiante de secundaria Manar Al Gafiri, la joven de 18 años que, según el grupo de derechos humanos saudí en el exilio ALQST, fue condenada el pasado agosto a 18 años de cárcel y a la prohibición de salir del país por el Tribunal Penal Especializado saudí, encargado de juzgar los delitos de terrorismo. Al Gafiri era aún menor de edad cuando fue detenida por tuitear en apoyo de los presos políticos en prisiones saudíes y de los “defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres que reclaman igualdad de derechos”, confirma por teléfono Carlos de las Heras, ...

Poco se sabe de la estudiante de secundaria Manar Al Gafiri, la joven de 18 años que, según el grupo de derechos humanos saudí en el exilio ALQST, fue condenada el pasado agosto a 18 años de cárcel y a la prohibición de salir del país por el Tribunal Penal Especializado saudí, encargado de juzgar los delitos de terrorismo. Al Gafiri era aún menor de edad cuando fue detenida por tuitear en apoyo de los presos políticos en prisiones saudíes y de los “defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres que reclaman igualdad de derechos”, confirma por teléfono Carlos de las Heras, especialista en Arabia Saudí de Amnistía Internacional. Este y otros casos, asegura el experto, ejemplifican “un incremento preocupante en el último año de la represión contra quienes usan internet para expresar su oposición”.

La de la adolescente no es la condena más grave dictada en el reino de los Saud por disentir del régimen en las redes sociales. Desde 2017, poco después de que el actual líder de hecho saudí, Mohamed Bin Salmán, fuera nombrado príncipe heredero, esos supuestos delitos se consideran “cibercrímenes” y se asimilan a actos de terrorismo. El mismo tribunal que ha sentenciado a Al Gafiri condenó a muerte el 10 de julio a un profesor jubilado, Muhammad al Ghamdi, de 54 años, por su actividad en X (antes Twitter) y YouTube. En sus dos cuentas en X, Al Ghamdi tenía 10 seguidores. Según Human Rights Watch (HRW), la Fiscalía le acusó de criticar a la familia real.

Justo un año antes, en agosto de 2022, la misma instancia judicial elevó en apelación de 6 a 34 años la pena de cárcel contra la estudiante de doctorado Salma Al Shehab, de 35 años, supuestamente por un tuit que contenía una crítica sutil sobre un nuevo contrato de transporte público saudí. La condena se redujo posteriormente a 27 años. El mismo día, otro tribunal sentenció a otra mujer, Nourah Al Qahtani, a 45 años de prisión por “utilizar internet para romper el entramado social”. En 2022, Amnistía documentó 15 casos de personas condenadas a entre 10 y 45 años de prisión únicamente por actividades pacíficas en internet.

La sentencia contra el profesor que, si nada lo remedia, será ejecutado por el método habitual en Arabia Saudí —decapitado con un sable—, fue confirmada por el propio Bin Salmán el 20 de septiembre. En una entrevista con la cadena conservadora estadounidense Fox, el heredero saudí declaró: “[Esta condena] nos avergüenza. Pero no puedo decirle a un juez [que ignore] la ley. Eso iría contra el Estado de derecho”.

Arabia Saudí es una monarquía absoluta en la que el rey controla los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. No existe la separación de poderes ni el Estado de derecho al que aludió el mismo príncipe que acumula ya “más poder que ningún otro miembro de la familia Saud desde la fundación del reino”, en expresión de los periodistas Bradley Hope y Justin Scheck, en su obra Sangre y Petróleo (Península, 2023). Poco después de ser nombrado heredero, Bin Salmán —que ejerce en realidad el poder que formalmente corresponde a su padre, el rey Salmán, de 87 años—, se sancionó la nueva ley antiterrorista por la que el profesor ha sido condenado a muerte.

Esa nueva norma retiró competencias al Ministerio del Interior y las transfirió a la Fiscalía y a la presidencia de la Seguridad del Estado, dos organismos que previamente habían sido situados bajo la autoridad directa del monarca y, por ende, del príncipe heredero. Desde septiembre de 2022, Bin Salmán es también primer ministro del país.

Esos dos organismos que responden ante el todopoderoso príncipe se han caracterizado por recrudecer la represión. Antes de que Bin Salmán fuera elevado a heredero del trono, nunca se habían dictado penas de muerte ni de décadas de prisión por publicaciones en las redes sociales, asegura la organización HRW.

Arabia Saudí es “el peor Estado en cuanto a vigilancia del mundo”, recalca desde Washington por WhatsApp Ali Al Ahmed, fundador del centro de estudios Institute for Gulf Affairs. Al Ahmed cree que las condenas contra los usuarios de internet son solo una cara visible de una represión generalizada contra los críticos del régimen. “La mayoría de las veces oímos hablar de casos como estos porque la gente de fuera puede ver que alguien deja de tuitear o publicar”, asegura.

Al Ahmed demandó en 2020 a X, entonces Twitter, alegando que dos de sus empleados, Ahmad Abouammo y Ali Al Zabarah, piratearon su cuenta entre 2013 y 2016 y filtraron datos de sus fuentes a la inteligencia saudí. En una causa diferente en Estados Unidos, Abouammo fue condenado a tres años y medio de cárcel por espiar para el Gobierno saudí, mientras que Al Zabarah huyó a Arabia Saudí. Los autores de Sangre y Petróleo aseguran que los dos hombres fueron contratados por Bader al Asaker, el más estrecho colaborador de Bin Salmán, para identificar y espiar en Twitter a disidentes saudíes.

Lavar la imagen

Las críticas en redes sociales inquietan especialmente a un príncipe heredero muy consciente del impacto global de esas plataformas y que, en los últimos años, ha impulsado una vasta operación de lavado de imagen de Arabia Saudí al servicio de la realización de los objetivos previstos en el proyecto Visión 2030, su hoja de ruta para el futuro de su país. El fin último de ese proyecto es acabar con la dependencia casi absoluta de la economía saudí de los ingresos por las exportaciones del petróleo y atraer inversiones, empresas y turistas al Estado árabe, un objetivo irreconciliable con su reputación de dictadura reaccionaria, fundamentalista y represora de los derechos humanos.

“La Visión 2030 de Arabia Saudí trata de ofrecer al mundo un rostro reformista y abierto”, asegura el especialista en Arabia Saudí de Amnistía. Con esa idea, Bin Salmán ha promovido la organización de acontecimientos culturales, la puja por organizar grandes campeonatos deportivos mundiales o los fichajes millonarios a estrellas del fútbol. Con ello y con una liberalización de fachada, sin democracia ni apertura política, “venden una imagen maravillosa que no se corresponde con la vida de los saudíes”, recalca De las Heras. La represión en las redes sociales “solo se ha sumado a la que ya existía en las calles”, asegura.

Este experto deplora lo efímero del tímido ostracismo internacional contra el régimen saudí a cuenta del asesinato del disidente Jamal Khashoggi en Estambul en 2018. Este lunes se han cumplido cinco años de ese crimen que la CIA atribuye a una orden directa de Bin Salmán, que ahora “es de nuevo bien recibido en Europa y en Estados Unidos”. Los “intereses económicos priman”, asegura De las Heras. Mientras, Al Ahmed recuerda cómo “la mayor parte de los sistemas de vigilancia, tortura, prisiones, tecnologías y técnicas de rastreo [de disidentes que utiliza el régimen saudí], así como la formación de su policía se lleva a cabo en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia”. Lo ilustra con un recuerdo: “Cuando me detuvieron por primera vez en Arabia Saudí a los 14 años, las esposas tenían la inscripción Made in California, USA”.

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