Dina Boluarte carga contra la reactivación de las protestas en Perú: “Es una amenaza a la democracia”

Cuatro meses después de una larga oleada de protestas, las calles volverán a agitarse en Perú, un país en el que han gobernado seis presidentes en los últimos siete años. Anunciada con antelación, este miércoles tendrá lugar la llamada tercera toma de Lima, un acontecimiento que significa la reanudación de las protestas en contra del Gobierno y, con ello, un tiempo indefinido de tensiones. En compañía de sus ministros, Dina Boluarte, la jefa de Estado, ha ofrecido un mensaje a la nación en la víspera q...

Cuatro meses después de una larga oleada de protestas, las calles volverán a agitarse en Perú, un país en el que han gobernado seis presidentes en los últimos siete años. Anunciada con antelación, este miércoles tendrá lugar la llamada tercera toma de Lima, un acontecimiento que significa la reanudación de las protestas en contra del Gobierno y, con ello, un tiempo indefinido de tensiones. En compañía de sus ministros, Dina Boluarte, la jefa de Estado, ha ofrecido un mensaje a la nación en la víspera que ha exacerbado más los ánimos de una oposición que exige un adelanto de elecciones generales desde que ella asumió el poder en diciembre pasado tras la vacancia de Pedro Castillo por su intento fallido de disolver el Congreso y decretar un régimen de excepción.

Con siete meses en el cargo, Boluarte dice desconocer todavía las razones por las que se moviliza un porcentaje significativo de la población. Sostiene que el Ejecutivo no tiene competencias en las principales demandas que se le enrostran. Ni en el cierre del Congreso, ni en una Asamblea Constituyente, ni en un cambio de Constitución, tampoco en la libertad de Pedro Castillo —la consigna que más división genera entre los manifestantes—. Y mantiene que, respecto al adelanto de elecciones, cumplió al presentar dos iniciativas legislativas que no fueron aprobadas por el Parlamento.

“No entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces del VRAEM [en el centro de Perú] queriendo tomar todo el país. Es una amenaza a la democracia, al Estado de derecho y como Gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar”, expuso, en alusión al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona de la sierra tomada por el narcotráfico, cuyos hechos delictivos se suelen atribuir a remanentes de Sendero Luminoso, grupo que sembró el terror en los años ochenta y noventa. Sus afirmaciones van en sintonía a la disposición de reforzar los accesos a Lima con un centenar de policías que desde hace más de una semana les exigen su identificación a los ciudadanos de las regiones que desean ingresar a la capital.

“Todas las unidades especializadas estamos acá para dar seguridad y protección por Fiestas Patrias [de la independencia, el 28 y 29 de julio]”, declaró el coronel Jorge Juárez Alvarado, quien resguarda la garita de control de Pucusana [provincia de Lima], en la Panamericana Sur. “No hemos hallado ningún armamento hasta la fecha. Todo ha sido normal”, afirmó. Eso sí, identificaron a 32 personas con órdenes de búsqueda.

Boluarte también hizo hincapié en la imagen que debe proyectar el Perú hacia el extranjero y en cómo los líderes de las movilizaciones pretenden impedir las inversiones. Para ella es un boicot y no los síntomas de una sociedad desigual que se cansó de ser postergada. “Todos queremos trabajar, estudiar, desarrollarnos de manera libre, sin chantajes, sin oposiciones ni ideologías e ideas que se quedaron en el tiempo. Debemos irradiar que somos un Perú unido, valeroso, histórico […]. Pero quienes tienen una agenda política, su interés es generar caos, vender una imagen inapropiada e impedir que las inversiones vengan al país. A aquellos que tienen su agenda política les digo: guárdensela para cuando lleguen las próximas elecciones”, sostuvo Boluarte, reafirmando su intención de no dejar el poder.

En un intento desesperado para que algunos manifestantes se queden en sus casas este miércoles, el ministro de Economía, Alex Contreras, dijo que “el costo de la conflictividad social fue equivalente a tres ciclones Yaku”, en referencia al desastre natural que dejó más de 12.200 damnificados en el país andino en marzo pasado. Contreras informó de que el costo de los conflictos sociales generó pérdidas de 4.000 millones de soles. Alberto Otárola, jefe del Consejo de Ministros, no recurrió a los números, más bien intentó disuadir a la gente valiéndose del fútbol, en un acto muy criticado: “Hoy (miércoles) juegan la U y el Corinthians y el sábado todos queremos ver con tranquilidad el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Eso es lo que queremos los peruanos”.

La Conferencia Episcopal Peruana ha emitido un comunicado que lleva por título: “¡No a la violencia destructiva, ni un muerto más!”. Allí remarcan que “el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente”, que “ningún peruano tiene la potestad de levantar la mano contra otro” y que “no hay democracia sin presencia y participación de la población”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado dicho en sus redes sociales que “monitorea la situación en el país (…), recuerda las recomendaciones de su último informe y llama al Estado a observar los estándares interamericanos sobre protesta y derechos humanos y abrir canales de diálogo. Asimismo, insta al desarrollo pacífico de las manifestaciones”.

Un informe del portal Epicentro TV ha develado que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha comprado un arsenal de municiones de pistola, implementos de protección personal y equipos de comunicaciones por el costo de ocho millones y medio de dólares para apoyar a la Policía. Las compras fueron aprobadas el 26 de mayo. En tanto, Dina Boluarte acabó su discurso invocando al pueblo a no lastimar a las fuerzas del orden. “No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional. Ellos solo salen a cumplir su deber”, indicó. Son horas cruciales.

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