Claudia Paz y Paz: “Nunca hubo evidencias que probaran que hubo fraude en Guatemala”

Claudia Paz y Paz (Guatemala, 56 años) es una de las voces más reconocidas de Centroamérica por su valiente defensa de los derechos humanos. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general en su país, desde donde inició procesos judiciales contra quienes perpetuaron crímenes de lesa humanidad durante el sangriento conflicto armado, entre ellos el dictador señalado de genocidio Efraín Ríos Montt. Ella, además, ha fo...

Claudia Paz y Paz (Guatemala, 56 años) es una de las voces más reconocidas de Centroamérica por su valiente defensa de los derechos humanos. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general en su país, desde donde inició procesos judiciales contra quienes perpetuaron crímenes de lesa humanidad durante el sangriento conflicto armado, entre ellos el dictador señalado de genocidio Efraín Ríos Montt. Ella, además, ha formado parte de los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes del ‘caso Ayotzinapa’, en México y de Nicaragua, tras la crisis política en 2018, cuando protestas masivas fueron ahogadas con sangre y fuego por el régimen de Daniel Ortega. Los resultados de sus investigaciones en ese país, que determinaron que hubo crímenes de Estado contra la población civil, hicieron que Ortega expulsara a estos expertos. En la actualidad es directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y ve con preocupación cómo la democracia y las libertades se han deteriorado en una región dominada por gobiernos autoritarios. Estos días sus ojos están puestos en Guatemala, donde agrupaciones políticas tradicionales han puesto en entredicho los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. Aunque la revisión de las actas electorales por parte de la Corte de Constitucionalidad no ha cambiado la votación, Paz y Paz advierte de que es una “señal de alarma” que demuestra la deriva autoritaria del presidente Alejando Giammattei, a quien se le acusa de controlar las instituciones del Estado.

Pregunta. La Corte de Constitucionalidad ha ordenado revisar las actas de la votación de la primera vuelta a petición tanto del partido oficialista como de otras agrupaciones políticas que participaron en la contienda. ¿Fue legítima esta decisión?

Respuesta. No. Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad es muy preocupante. Los solicitantes de amparo deberían haber recurrido a otras instancias primero, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Es anómala esta decisión también porque establece un procedimiento que no está regulado en la Ley Electoral y la ley de Partidos políticos. Y lo más preocupante es que nunca hubo evidencia para decir que pudo haber un fraude, un mal conteo de votos, alteraciones de las actas.

P. Tanto la OEA, como la UE, Estados Unidos y otros países, la academia, la Conferencia Episcopal y cámaras empresariales han dicho que el resultado electoral ha sido legítimo, ¿a qué se debe este afán de revisar las actas de nuevo?

R. Ven con mucha preocupación esta resolución de la Corte y el panorama que está abriendo, que podría ser muy incierto. Lo que hay que reconocer y sobre todo agradecer es el trabajo en las juntas electorales de los ciudadanos que voluntariamente no solo han resguardado nuestros votos el día de la elección, sino que hicieron su trabajo, sufrieron ataques, amenazas, pero se mantuvieron resguardando nuestro voto.

P. Muchas de estas personas que estuvieron en las juntas electorales han publicado en las redes sociales las actas del resultado electoral. En la mayoría no hay impugnaciones. ¿Si no hicieron impugnaciones en ese momento, por qué los partidos decidieron abrir este proceso que ha puesto en duda el resultado de la elección?

R. Esa decisión de presentar ese amparo no está impulsada por un deseo legítimo de determinar si hubo o no hubo fraude. Esa no fue su motivación, porque el conteo de votos, el ejercicio del sufragio, la transmisión de las actas, todo ocurrió con normalidad. Hay otro deseo que es muchísimo más perverso y es no aceptar su derrota. A pesar de que el partido oficial realmente tuvo un gran triunfo, porque logró la bancada más grande en el Congreso. Pero no ha aceptado su derrota en la elección y no podían no estar conscientes del caos que estaban creando al hacer retrotraer el proceso.

P. En Guatemala se ha registrado un deterioro institucional bastante progresivo en estos años bajo el mandato del presidente Alejandro Giammattei. ¿Cómo califica a su Gobierno?

R. Hemos señalado en múltiples oportunidades las alarmas de una deriva autoritaria en Guatemala. Un ejemplo, el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Van a cumplir cuatro años de estar en sus funciones cuando ya se les había vencido sus plazos. Eso es algo gravísimo. La criminalización ejercida por la fiscal general en contra de periodistas, como el caso de José Roberto Zamora, pero también contra jueces y fiscales es otra señal de autoritarismo. Son señales que aunque se expresan por distintos factores, hay un patrón de acuerdo y de complicidad desde el Ejecutivo, desde el Congreso y desde el Poder Judicial. Lo que vemos con mucha preocupación es esta cooptación de todas las instituciones del Estado.

P. En Guatemala se habla de un “pacto de corruptos”, es decir, una alianza entre las élites políticas y empresariales para mantener un sistema donde se avala la corrupción y la impunidad. ¿Considera que los resultados de esta primera vuelta electoral representan una amenaza para quienes quieren mantener un statu quo en el país?

R. Sin duda. Por eso encontramos lo que han dicho algunos actores promoviendo la narrativa de que hubo fraude o que si cualquiera de estos candidatos [los vencedores de la primera vuelta] llegara a ocupar la presidencia sería el acabose para el país. Aparte de las acciones legales, hay toda la construcción de esta narrativa del terror.

P. Guatemala vivió en 2015 una primavera democrática. Comenzaron a judicializar a personas que estuvieron directamente vinculados con casos de corrupción, funcionarios del Estado, empresarios, todo un movimiento que despertó mucha esperanza en el continente. ¿Cómo el país ha retrocedido tanto?

R. Fue un momento muy importante para el país. Fue un momento donde en un trabajo muy profesional, acucioso, de fiscales, de jueces, de la propia Comisión Internacional contra la Impunidad se logró documentar cómo es que operaba la corrupción y cómo es que operaba el financiamiento electoral ilícito. Y estoy convencida de que cuando esto salió a la luz y se vio la cantidad de sectores implicados, al verse descubiertos y muchos de ellos procesados, se aliaron en Guatemala y también con sectores en Estados Unidos regresivos y lograron revertir todos estos avances.

P. ¿Se puede revertir este proceso de deterioro institucional que ha habido en Guatemala o está muy anclado? Algunos analistas han hablado incluso de un estado fallido.

R. Sin duda llevará mucho tiempo. Un primer paso es llegar al 20 de agosto [cuando está prevista la segunda vuelta] con elecciones libres y respetando los resultados. Aún hay mucho trabajo por hacer, porque la Fiscalía sigue tomada, la Corte Suprema no ha sido renovada y hay actores a favor del pacto que operan desde la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso. Entonces, cualquier reforma que se intente desde el Ejecutivo tiene que tener una gran alianza ciudadana, y ojalá con apoyo de la comunidad internacional, para que puedan vencer a estos actores internos, que ojalá que modifiquen su actuación y colaboren con la reconstrucción de la institucionalidad, aunque es muy probable que no lo quieran hacer.

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