El Gobierno polaco trata de movilizar al electorado más conservador con un referéndum antiinmigración

El Gobierno ultraconservador de Polonia ha recibido de Bruselas, involuntariamente, el brío que empezaba a necesitar su campaña de cara a las elecciones previstas para el próximo otoño. La propuesta de la Comisión Europea para cerrar un pacto migratorio mediante el reparto de refugiados o el pago de hasta 22.000 euros por persona no acogida le ha servido a Ley y Justicia (PiS) y sus socios de coalición para recuperar...

El Gobierno ultraconservador de Polonia ha recibido de Bruselas, involuntariamente, el brío que empezaba a necesitar su campaña de cara a las elecciones previstas para el próximo otoño. La propuesta de la Comisión Europea para cerrar un pacto migratorio mediante el reparto de refugiados o el pago de hasta 22.000 euros por persona no acogida le ha servido a Ley y Justicia (PiS) y sus socios de coalición para recuperar dos temas que le ayudaron a llegar al poder en 2015 y que movilizan a su electorado más conservador. Por un lado, el discurso de tinte xenófobo que criminaliza la inmigración de origen musulmán, relacionándola con la inseguridad, y por otro, la confrontación con la UE a cuentas de la defensa de la soberanía nacional. Para amarrar ambas ideas, el partido de Jaroslaw Kaczynski planea celebrar un referéndum.

Varsovia ya ha expresado su enérgica protesta en Bruselas y su intención de vetar la propuesta migratoria. Mientras, busca cimentar el rechazo en casa con acciones de escasa repercusión a nivel europeo, pero con impacto político nacional en periodo electoral. El Sejm, la Cámara baja del Parlamento, aprobó una resolución en contra del sistema planteado desde Bruselas el pasado 15 de junio y ese mismo día, desde la tribuna, Kaczynski lanzó la idea del referéndum. “Los polacos tienen que expresarse sobre este asunto”, proclamó.

En la campaña de 2015, cuando Europa estaba sumida en la crisis de los refugiados, principalmente provenientes de la guerra de Siria, Kaczynski hizo bandera del rechazo a las cuotas propuestas por la UE y afirmó que los migrantes traen “todo tipo de parásitos” y “enfermedades erradicadas desde hace mucho tiempo en Europa”. En estas elecciones, en las que la seguridad es un tema central, con una guerra en la vecina Ucrania, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, justifica su no a la llegada de personas de fuera del país con el argumento de la “seguridad nacional”. “Nuestro Gobierno es el único garante de que nuestras fronteras seguirán siendo seguras y de que las mujeres y los niños podrán caminar seguros por las noches, no como en otros países europeos”, afirmó en la sesión del Sejm del día 15.

Ewa Marciniak, del Departamento de Sociología de la Política y Marketing Político de la Universidad de Varsovia, cree que el mensaje esta vez cae sobre un país diferente, y recuerda que hay más de 200.000 personas procedentes de Asia y Oriente Próximo trabajando en Polonia. “Son parte ya del paisaje polaco en las grandes ciudades”, señala. “Donde no hay contacto diario casi directo con personas de otras culturas y religiones, se puede construir la retórica de la amenaza”, opina, sin embargo, y añade por correo electrónico: “El referéndum se celebrará en el marco de esa retórica del peligro”.

Su colega Maciej Duszczyk, experto en migración de la Universidad de Varsovia, cree también que el PiS “intenta convencer a los polacos de que están bajo amenaza”. En el discurso del Gobierno, analiza Duszczyk en conversación telefónica, hay migrantes que son bienvenidos, como los más de un millón de ucranios que llegaron antes de la guerra y los 1,3 millones que se refugiaron en Polonia tras la invasión, y los que aportan a la competitividad económica. Y luego están los que molestan: “Los que cruzan las fronteras de la UE de forma ilegal y pueden ser repartidos entre los Estados miembros”.

La durísima e inflexible respuesta del Gobierno del PiS a ese tipo de inmigración la conocen bien las personas que se han aventurado a intentar llegar a la UE por la frontera con Bielorrusia. Desde que en 2021 el régimen de Aleksandr Lukashenko empezase su ataque híbrido contra los países fronterizos de la UE orquestando el tráfico de miles de migrantes, se han documentado innumerables violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional al asilo. También se han registrado decenas de muertes a ambos lados de la linde, que Polonia ha tratado de blindar con una valla de seguridad. Ni en los momentos más críticos, con mujeres y niños en una zona boscosa con temperaturas bajo cero, ha dado su brazo a torcer el Ejecutivo del PiS.

El pasado sábado, en una convención de la coalición Derecha Unida, que reúne a PiS con sus socios minoritarios, Kaczynski aseguró que “los ataques en la frontera polaco-bielorrusa están empezando otra vez”. “No dejaremos que nadie decida por nosotros. ¡Por eso se convocará el referéndum!”, proclamó. El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, socio de Gobierno con el partido euroescéptico Polonia soberana, aún más a la derecha del PiS, agitó el mismo tema en su intervención: “No podemos aceptar las decisiones forzadas por el canciller [Olaf] Scholz de reubicar a decenas de miles de inmigrantes islámicos en ciudades polacas sin el consentimiento de los residentes”, dijo, añadiendo el aspecto antialemán, otro elemento recurrente en la narrativa del Gobierno.

Duszczyk opina que el Gobierno “está usando a los inmigrantes como una herramienta para atacar a la UE por la reubicación obligatoria, no tanto por el mecanismo de solidaridad”. La oposición transmite mientras tanto que el PiS sobreactúa ante un problema inventado: Polonia, insisten, podría solicitar la exención del plan europeo por considerarse un país ya sometido a la presión migratoria. El número de refugiados que le correspondería acoger al país, calcula además, sería de menos de 2.000. Para el Gobierno no se trata, sin embargo, de números o exenciones, sino de una cuestión política. Como dice Aleks Szczerbiak, profesor de política experto en Polonia de la Universidad de Sussex, se trata de “oponerse al principio de que la UE pueda decidir por uno mismo sobre la política de migración”.

Las teclas que toca la propuesta de Bruselas le vienen bien al Gobierno ultranacionalista polaco para activar a los votantes más conservadores. “No es un asunto que vaya a cambiar las cosas electoralmente, pero estamos ante unas elecciones muy reñidas con pocos cambios en las encuestas, en las que la movilización de los electores fieles será clave”, señala el politólogo.

Campaña sin garra

El PiS sigue liderando las encuestas con una media del 36% de intención de voto, pero sin mayoría para gobernar. Su campaña ha perdido empuje, y aunque “no deberían entrar en pánico, porque no han perdido apoyos”, como subraya Szczerbiak, el partido de Kaczynski busca darle nueva fuerza después de ver el impulso que ha tomado la oposición, especialmente el partido liberal Plataforma Cívica, con marchas y mítines multitudinarios. El partido ultranacionalista ha hecho cambios organizativos —el presidente del partido ha vuelto al Gobierno como vice primer ministro, y se ha cambiado al jefe de campaña—, mientras trata de mostrar unidad y afianzar temas con garra, como la seguridad, que apela a votantes más centristas, junto a otros como la inmigración y la UE.

Todavía no se han desvelado detalles fundamentales sobre el referéndum, como las preguntas o la fecha, pero como señala Szczerbiak, al Gobierno le gustaría celebrarlo el mismo día de las elecciones para asegurarse de que el tema se convierte en un asunto central de la campaña. También para evitar la abstención, porque para tener validez, una consulta necesita al menos el 50% de participación.

Los analistas auguran una campaña electoral desagradable. “Será negativa, incluso violenta”, opina Marciniak, que espera ver campañas “de descrédito malintencionado” orquestadas contra Donald Tusk y otros políticos de la oposición. “Los dos campos creen que en estas elecciones se juegan mucho”, apunta Szczerbiak: “El Gobierno piensa que, si gana, podrá terminar sus reformas y estas tendrán que ser aceptadas por otros países, mientras la oposición ve que esa posibilidad puede socavar la democracia y los derechos civiles”.

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