Lula recupera el plan para frenar la deforestación en la Amazonía con la vista puesta en 2030
El Gobierno brasileño promete crear tres millones de hectáreas de nuevas reservas naturales y confiscar tierras a los propietarios que deforesten
Erradicar la deforestación en el año 2030. Es el objetivo que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se marcó al llegar al Gobierno, y conseguirlo no será tarea fácil. Para lograrlo el Gobierno cuenta ahora con un plan específico contra la deforestación en la Amazonía, presentado simbólicamente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de una reedición de un plan que Lula y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ya pusieron en marcha en su primer mandato, en 2004, y que dio muy buenos resultados. Desde que en...
Erradicar la deforestación en el año 2030. Es el objetivo que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se marcó al llegar al Gobierno, y conseguirlo no será tarea fácil. Para lograrlo el Gobierno cuenta ahora con un plan específico contra la deforestación en la Amazonía, presentado simbólicamente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de una reedición de un plan que Lula y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ya pusieron en marcha en su primer mandato, en 2004, y que dio muy buenos resultados. Desde que entró en vigor y hasta 2012 la deforestación cayó un 83%. Después, la destrucción volvió a aumentar poco a poco, y se disparó durante la gestión de Jair Bolsonaro, que suspendió el plan y lo sustituyó por operaciones militares puntuales de combate a los incendios y a la tala ilegal que los especialistas veían como parches de poca utilidad.
El regreso del plan, elaborado durante cuatro meses con la participación de 19 ministerios, tiene como objetivo llegar a la deforestación cero dentro de siete años y para ello traza 194 líneas de actuación. Destacan, entre otras medidas, la creación de tres millones de hectáreas de nuevas reservas naturales o la protección de 230.000 kilómetros de riberas de los ríos. El Gobierno también quiere embargar el 50% de la tierra deforestada ilegalmente, ampliar el número de bases estratégicas, comisarías y aviones de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en la Amazonía, crear alertas diarias de deforestación y contratar a 1.600 analistas ambientales antes de 2027. El presidente Lula también prometió que hará las “debidas correcciones” en la contribución brasileña al Acuerdo de París contra el cambio climático, ya que los compromisos fueron revisados a la baja en los últimos años.
El programa no se basa únicamente en reprimir los crímenes ambientales, también trata de ofrecer una alternativa económica a los millones de brasileños que viven en la Amazonía, impulsando la bioeconomía, el turismo sostenible y la agricultura familiar, según resaltó la ministra de Medio Ambiente al presentar el plan. “Llevar protección socioambiental y el cambio climático al centro de las actividades y prioridades del Gobierno va más allá de ser un compromiso ético y civilizatorio. También es el mayor triunfo del que Brasil dispone para insertarse en el mundo, atraer inversiones, generar empleos y volver a ser protagonista en la solución de los grandes conflictos globales”, dijo.
A pesar de su convencimiento, buena parte de los políticos brasileños no piensa como ella. La semana pasada, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, votó a favor de restringir las demarcaciones de tierras indígenas, logró retirar competencias a su ministerio y al de los Pueblos Indígenas y flexibilizó las normas de protección a la Mata Atlántica, un bioma de selva tropical más amenazado incluso que la Amazonía. En la ceremonia de presentación del plan contra la deforestación, Lula anunció el veto los artículos de esa ley que ponían en riesgo el futuro de la selva, pero la deshidratación del ministerio se queda como está. En cualquier caso, la pomposa ceremonia de presentación del plan antideforestación fue un acto de desagravio y un espaldarazo a su ministra con más prestigio internacional en un momento de fuertes presiones.
Los ecologistas recibieron con una mezcla de optimismo y cautela las propuestas del Gobierno, sobre todo porque saben que los parlamentarios serán una piedra en el zapato. “No sirve de nada hacer un plan lindo sobre el papel y que el Congreso apruebe una ley que amnistía a los invasores de tierras”, afirmaba Márcio Astrini, secretario general de la coalición de organizaciones Observatorio del Clima, citando alguna de las amenazas que están en trámite actualmente. Además de trabajar sobre el terreno para mantener la selva en pie, el Gobierno tendrá que trabajar duramente en los pasillos de Brasilia para convencer a opositores, aliados y al poderoso lobby agropecuario. En los tempos políticos, el plan tendría que empezar a dar frutos antes de 2025, cuando Brasil acogerá la COP-30 en la ciudad de Belém, una cita internacional que Lula espera aprovechar para capitalizar todos los esfuerzos en favor de la diplomacia verde.
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