La justicia peruana deja sin efecto los 35 años de cárcel que la Fiscalía solicitó para el expresidente Kuczynski

Diez días después de que la Fiscalía del Equipo Especial del caso Lava Jato en Perú solicitara una pena de 35 años de cárcel por lavado de activos, ...

Diez días después de que la Fiscalía del Equipo Especial del caso Lava Jato en Perú solicitara una pena de 35 años de cárcel por lavado de activos, Pedro Pablo Kuczynski puede tomarse un respiro a sus 84 años y pensar acaso que no acabará sus últimos años tras las rejas: el Poder Judicial ha anulado el pedido del fiscal José Domingo Pérez al declarar fundada la tutela de derechos presentada por la defensa del economista que gobernó Perú entre el 2016 y 2018.

Para el juez Jorge Chávez Tamariz, la disposición que daba por concluida la investigación preparatoria en contra de Kuczynski cojea por un aspecto central: la Fiscalía tenía todavía algunas diligencias pendientes, entre ellas un informe pericial contable financiero vinculado al caso. El abogado del exlíder de la agrupación Peruanos Por el Kambio sostenía que las indagaciones se dieron por terminadas antes de que ellos pudieran presentar sus observaciones. Por todo ello, el Poder Judicial ha determinado que se “vulneró su derecho a la defensa” y a su vez le ha ordenado a la Fiscalía que realice una nueva pericia financiera contable. En otras palabras, el caso retornará a la etapa de investigación preparatoria.

Como se sabe, según la tesis fiscal, Kuczynski habría recibido más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas por haberlas favorecido en la adjudicación de distintas obras, cuando encabezaba el ministerio de Economía y Finanzas durante la presidencia de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006. Estos millonarios sobornos habrían llegado a sus manos mediante consultorías y asesorías, pero además porque el expresidente habría conformado una organización criminal. La nulidad de la solicitud de la Fiscalía también se hizo extensiva al empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien habría realizado las consultorías para Odebrecht en favor de Kuczynski. Sobre él pesaba el mismo pedido de 35 años de prisión.

“Ser presidente en el Perú es una profesión suicida (…) Este grupo (del ministerio Público) quiere colgar una cabeza como un trofeo de caza. Y lo han logrado, por ejemplo, con Alan García, a quien lo acorralaron con una denuncia (…) Obviamente, la fiscalía no jaló el gatillo, pero lo pusieron en una posición muy difícil para él”, dijo Kuczynski al diario El Comercio el último fin de semana, en alusión al líder del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, quien acabó con su vida en abril de 2019, cuando iba a ser detenido por el mismo delito: supuestamente haber recibido dinero mal habido de Odebrecht. El economista, además, ha insistido en afirmar que no tuvo mayor relación con el empresario Marcelo Odebrecht y que no teme a las declaraciones de Alejandro Toledo, extraditado desde EE UU e inquilino en la prisión de Barbadillo desde hace un mes junto a los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Al término de la audiencia virtual, José Domingo Pérez, el representante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, anunció que apelará esta decisión judicial. Pedro Pablo Kuczynski continuará afrontando las investigaciones en libertad tras dictársele comparecencia con restricciones a mediados de 2022. Antes permaneció en arresto domiciliario.

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