El expresidente brasileño Collor, condenado por corrupción y blanqueo de dinero
El Tribunal Supremo logra mayoría para condenarle con una pena de hasta 33 años de cárcel por desvíos relacionados con la petrolera Petrobras
El expresidente brasileño Fernando Collor, que gobernó el país entre 1990 y 1992, está más cerca de la cárcel. La mayoría de jueces del Tribunal Supremo Federal votaron a favor de condenarle por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con Petrobras y derivados de la Operación Lava Jato. Los jueces seguirán deliberando la semana que viene, pero la condena ya se da por hecha porque seis de lo...
El expresidente brasileño Fernando Collor, que gobernó el país entre 1990 y 1992, está más cerca de la cárcel. La mayoría de jueces del Tribunal Supremo Federal votaron a favor de condenarle por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con Petrobras y derivados de la Operación Lava Jato. Los jueces seguirán deliberando la semana que viene, pero la condena ya se da por hecha porque seis de los once ya han votado a favor de condenarle. El juez relator del caso, Edson Fachin, propuso 33 años de cárcel y que no pueda volver a ejercer un cargo público, aunque la pena final la determinará el conjunto de jueces.
El caso se remonta al año 2015, cuando al Fiscalía denunció a Collor por haber recibido sobornos por valor de 30 millones de reales (unos 6 millones de dólares, 5,6 millones de euros) entre 2010 y 2014. A cambio de ese dinero, Collor hacía posible, con nombramientos políticos, ventajosos contratos entre la empresa DVBR (Derivados do Brasil) y BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera semiestatal Petrobras. Durante la investigación, la policía confiscó en su mansión de Brasilia un Porsche, un Ferrari y un Lamborghini. El expresidente siempre negó los hechos y asegura que es inocente.
Al defender su voto en más de 200 páginas, el juez encargado de los casos de la Lava Jato, Edson Fachin, criticó la “actuación furtiva” de Collor en el esquema corrupto, señalando que el expresidente se aprovechó de su condición de senador para “articular negociaciones espurias”. El juez no tuvo piedad con el político y defendió una sentencia más dura que la que pidió en su día la Fiscalía, 33 años frente a los 22 que querían los fiscales.
La jueza Carmen Lúcia Antunes, que también votó a favor de la condena, expresó su estupefacción por el hecho de que la trama corrupta se formara justo cuando el Supremo juzgaba el llamado Mensalão, un esquema de compra de votos en el Congreso que hizo tambalear el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Parece que nada de eso causó ningún temor a parte de las personas que practicaban actos ahora comprobados […] ver este cuadro y tener que trabajar con esto es extremadamente amargo”, lamentaba la magistrada.
Además de Collor, también fueron condenados los empresarios Luis Pereira Duarte de Amorim, que administra las empresas del expresidente, y Pedro Paulo Bergamaschi, señalado como el principal operador del esquema corrupto. Los dos se enfrentarían a penas de ocho y 16 años de cárcel, respectivamente. Además, el trío tendrá que pagar 20 millones de reales en concepto de indemnización por daños morales colectivos.
Collor duró poco en la presidencia porque sufrió el primer proceso de impeachment de la democracia brasileña. Los indicios de corrupción y fraude financiero y una masiva presión popular (el Movimiento de los caras pintadas) le apartaron del sillón presidencial, pero no del poder. Tras el periodo en que estuvo impedido de ocupar cargos públicos, en 2007 volvió a la política como senador por el estado de Alagoas, su gran feudo electoral. Desde ese cómodo escaño de senador (que duró hasta febrero de este año) es desde donde presuntamente cometió los delitos por los que acaba de ser condenado. En las elecciones de 2022, en las que apoyaba la reelección de Jair Bolsonaro, intentó dar un paso más y conquistar el gobierno de Alagoas, pero quedó en tercer lugar. Desprovisto por primera vez en mucho tiempo de la protección legal de la que gozan los parlamentarios, ahora está más cerca que nunca de la cárcel.
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