España y otros 12 países cargan contra la Comisión Europea por su acuerdo con los socios del Este para cerrar la crisis del grano ucranio
Cerca de la mitad de los Estados miembros critican a Bruselas por premiar con subvenciones a las capitales que rompieron las reglas con su veto unilateral a productos de Kiev
España y otros 12 países de la UE han cargado contra el reciente acuerdo entre la Comisión Europea y cinco socios del Este para cerrar la crisis del grano ucranio. El pacto para superar el veto de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria a los cereales y otros productos del país invadido por Rusia, que llega a la UE sin aranceles, supuso la entrega de 100 millones de euros en subvenciones a esos países —y a Rumania, que había am...
España y otros 12 países de la UE han cargado contra el reciente acuerdo entre la Comisión Europea y cinco socios del Este para cerrar la crisis del grano ucranio. El pacto para superar el veto de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria a los cereales y otros productos del país invadido por Rusia, que llega a la UE sin aranceles, supuso la entrega de 100 millones de euros en subvenciones a esos países —y a Rumania, que había amenazado con unirse al bloqueo—. También implicó que cinco productos no permanezcan en esos países, sino que solo transiten hacia el resto de la UE y otras partes del mundo. Ahora, 13 Estados miembros muy críticos con la actitud de los socios del Este y sus medidas unilaterales, que a su entender “socavan la integridad del mercado único”, afean a Bruselas que haya premiado con nuevos fondos a quienes han roto las reglas.
Las medidas adoptadas por la Comisión a finales de abril “suscitan serias preocupaciones porque conducen a un trato diferenciado en el mercado único”, dicen en una carta enviada al Ejecutivo comunitario, encabezado por Ursula von der Leyen, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “También plantean preguntas sobre el tratamiento futuro de casos de naturaleza o escala comparables que podrían plantear uno o más Estados miembros”, señalan los ministros de Agricultura de los 13 países, entre los que están España, Francia (impulsora de la misiva), Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Irlanda, Eslovenia, Estonia y Dinamarca. Portugal había firmado la carta también, o sea que inicialmente eran 14 los países de la queja, pero la ha retirado una vez enviada la misiva, apuntan fuentes comunitarias, que no han especificado el porqué del cambio de postura.
Los países firmantes critican la “falta de transparencia” de la Comisión Europea al impulsar el acuerdo con los socios del Este para poner fin a una crisis que estaba abriendo las primeras grietas en el frente común del apoyo a Ucrania. Una fisura que llegó, además, impulsada por Polonia, que se presenta como uno de los mayores defensores de Kiev en el seno de la Unión, pero que ha maniobrado cuando otros Estados miembros han mostrado preocupación por algunas medidas y el impacto de ciertas sanciones, a la vez que ha bloqueado acuerdos cuando podían tener un coste para su economía. El episodio del cereal ha mostrado, además, que las cosas no serán fáciles cuando se acerque la adhesión de Ucrania o entre en el mercado único y países como Polonia tengan que competir por subsidios como los de la Política Agrícola Común.
De hecho, una vez cerrado el acuerdo con la Comisión, Varsovia reclamó que la UE comprase cereal ucranio almacenado en Polonia para enviarlo a países en desarrollo como ayuda humanitaria y contribuir así a vaciar los silos y llenarlos de grano polaco para ayudar a sus agricultores. Ese grano, sin embargo, está pensado para la alimentación animal.
El gigante del Este, que se ha convertido en un socio díscolo y señalado por vulneraciones del Estado de derecho, celebra en otoño elecciones y el Ejecutivo ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) no quiere perder el importante granero de votos que tiene en los agricultores. Eslovaquia también tiene elecciones y la crisis del cereal ucranio, que desató manifestaciones de agricultores en los países colindantes de Ucrania por la entrada de productos de ese país que han provocado una bajada de precios de la oferta local, se ha convertido así en asunto de política nacional.
La UE renovó el acuerdo para mantener un año más la suspensión de impuestos y aranceles al grano y otros productos ucranios aprobado en 2022, pocos meses después del inicio de la guerra a gran escala lanzada por el Kremlin, para ayudar a la economía de Kiev y frenar la crisis alimentaria. El camino de esos productos por los llamados “carriles solidarios” para fomentar que lleguen a los países en desarrollo no ha sido fácil por razones logísticas; también por las perturbaciones de la especulación en algunos mercados.
Lo sucedido con la crisis del grano y la forma de gestionarla por parte de la Comisión Europea, que trató de pasar página rápidamente con la chequera en la mano, ha suscitado indignación. Los 13 países afean también a Bruselas que no haya consultado la medida con los Veintisiete y muestran su preocupación por cómo va a afectar el acuerdo para que cinco productos ucranios solo transiten por territorio de los socios del Este. “Es imperativo que los criterios utilizados para proponer el importe del paquete de 100 millones [de euros], así como los utilizados para distribuirlo entre los Estados miembros, se expliquen lo antes posible, a fin de que estos tomen una decisión informada”, señalan en su misiva, que ya ha recibido el Ejecutivo comunitario, según ha confirmado una portavoz. “Cualquier medida unilateral y descoordinada socava la credibilidad de nuestro apoyo a Ucrania y nuestros esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad alimentaria a escala mundial”, dicen.
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