Bruselas propone que el Banco Europeo de Inversiones financie la industria armamentística de la UE

La Comisión Europea quiere que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pueda financiar a la industria militar de los Veintisiete. Los socios de la UE buscan formas de ampliar su producción a pasos forzados para responder a la demanda acuciante de municiones de Ucrania y a los pedidos que se acumulan de los Estados miembros, que deberán recomponer sus arsenales una vez proporcionen sus propias reservas a Kiev.

La idea, que va a presentar este miércoles en Estocolmo el comisario de Mercado Interior, Thi...

La Comisión Europea quiere que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pueda financiar a la industria militar de los Veintisiete. Los socios de la UE buscan formas de ampliar su producción a pasos forzados para responder a la demanda acuciante de municiones de Ucrania y a los pedidos que se acumulan de los Estados miembros, que deberán recomponer sus arsenales una vez proporcionen sus propias reservas a Kiev.

La idea, que va a presentar este miércoles en Estocolmo el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ante los ministros de Defensa europeos, supone un paso decisivo en el radical cambio de mentalidad que ha dado Europa desde el comienzo de la ofensiva rusa. La iniciativa implica acabar con el veto explícito que el brazo financiero de la UE tiene impuesto a la financiación de armas y munición de uso puramente militar.

Breton acompaña en la cita sueca al alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que presentará a los ministros un ambicioso paquete de medidas para acelerar la entrega de material a Ucrania, especialmente los obuses de 155 milímetros que reclama Kiev, y que entre otros prevé dedicar 1.000 millones de euros a reembolsar las donaciones de este tipo de munición por parte de los Veintisiete, como adelantó EL PAÍS.

Pero como ha explicado el comisario francés este martes ante un grupo de periodistas en Bruselas, los Estados miembros solo echarán mano de sus propias reservas —el paso más urgente porque es lo más rápido— y darán su visto bueno a ceder sus pedidos armamentísticos si tienen un “calendario claro de reaprovisionamiento”. Eso requiere que la industria pueda acelerar su producción, lo que, a su vez, exige garantías de financiación a medio y largo plazo, recuerda Breton.

Ahí entra el comisario de Mercado Interior, que presentará diversas propuestas para financiar a la industria armamentística —esta tiene que ponerse en “modo de economía de guerra”, subraya—, de modo que pueda aumentar sus capacidades y resolver los “cuellos de botella” en la cadena de suministros. Una de sus propuestas pasa por facilitar la financiación de préstamos a esta industria, e implicar en ello al BEI.

Apuesta arriesgada

Aunque a primera vista resulta lógico apostar por recurrir al brazo financiero de la UE, que cada año presta miles de millones a diversos proyectos en territorio europeo, la posibilidad de usar al BEI no deja de ser una apuesta arriesgada: hace justo un año, cuando la guerra de Ucrania estaba a punto de cumplir un mes, la entidad con sede en Luxemburgo dio un giro significativo al aceptar un cambio en sus reglas, que hasta entonces prohibían explícitamente la financiación de armamento y municiones de cualquier tipo. Pero no iba tan lejos como quiere ahora Breton.

La nueva Iniciativa Europea de Seguridad Estratégica del BEI, aprobada en marzo de 2022, permite desde entonces la financiación de proyectos de seguridad y defensa de uso dual —militar y civil— y para ello la institución puso a disposición 6.000 millones de euros hasta 2027. No obstante, el organismo precisó que “no se va a invertir en armamento” porque, “en línea con sus políticas, el BEI no puede financiar inversiones de defensa pura. Los proyectos deben ser de uso dual y deben estar motivados principalmente por sus aplicaciones civiles, lo que significa que dichos proyectos tendrán un uso predominantemente civil”.

La propuesta de Bruselas prevé ahora tumbar ese último tabú que, subrayan fuentes comunitarias, es una cuestión política, ya que nada en los estatutos jurídicos del BEI impide que el banco europeo invierta en defensa. Si la norma sale adelante, las 15 empresas identificadas en 11 países de la UE que pueden fabricar los obuses de 155mm y las otras tres que aún manufacturan los de 152mm —vestigio de la era soviética, pero también muy demandados por Kiev— podrán recibir financiación del banco de Luxemburgo para aumentar su producción.

Para ello, sin embargo, Breton deberá convencer a los Estados miembros, que son los que forman parte de los órganos de toma de decisión del BEI. La duda —que deberá tratar de disipar el comisario europeo de Mercado Interior a partir de ahora— es qué harán países “militarmente neutros” como Irlanda o Austria, que ya han dejado claro que no van a participar en la entrega o compra de municiones para Ucrania. También Hungría se resiste.

“Voy a presionar mucho para mover a la junta del BEI, es decir, a los Estados miembros”, porque supondría una “señal” importante en momentos en que “la seguridad es absolutamente imperativa para todos en Europa”, ha destacado Breton.

“Es absolutamente esencial garantizar que la industria de defensa logre un acceso más fácil a la financiación”, sostiene el comisario francés. “Así que, por supuesto, tenemos que movilizar fondos privados, incluidos del BEI, y de los bancos. Es absolutamente esencial que el sistema financiero contribuya al esfuerzo requerido para preparar a nuestra industria para que esté a la altura de los desafíos de seguridad. Se trata de algo extremadamente estratégico en estos momentos”, insiste.

Además de promover un cambio del BEI, Breton también presentará a los ministros la posibilidad de hacer uso de un instrumento que no tiene aún ni un año: la Ley de Adquisición Común (EDIRPA, en sus siglas en inglés) para reforzar la industria europea de defensa. La propuesta de reglamento, aprobada el 19 de julio pasado, busca “actuar como un instrumento financiero a corto plazo para incentivar la adquisición común de equipos de defensa entre los Estados miembros”. Actualmente, dispone de 500 millones de euros procedentes del presupuesto de la UE, aunque no se descarta su ampliación.

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